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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre antiguos colaboradores, familiares y cercanos de estos, Andrés Manuel López Obrador eligió a quienes serán propuestos para ocupar las fiscalías General de la República, Anticorrupción y Electoral.
Como hizo en diciembre al presentar a su “gabinete” y a principios de enero, cuando presentó a su equipo en materia de seguridad, el precandidato de la alianza “Juntos haremos historia”, convocó a la presentación ante medios en un hotel de esta ciudad.
En sus propuestas para la Fiscalía General de la República (PGR), presentó a Eva Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Magistrada del Poder Judicial capitalino, la abogada propuesta es esposa del también magistrado, Rafael Guerra Álvarez, quien fue abogado de López Obrador durante el proceso de desafuero y en cuyo desempeño jurisdiccional arrastra los señalamientos de deudos de la discoteca News Divine, por haber dejado impune a la clase política implicada en hechos de corrupción.
De larga trayectoria política, Bernardo Bátiz, militó en el PAN, de donde salió en 1992 como uno de los dirigentes del Foro Doctrinario y Democrático, que acusaba la toma del partido por grupos ultraconservadores como El Yunque y las cúpulas empresariales.
Bátiz fue procurador de justicia capitalino en el sexenio de López Obrador, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y fue integrante del primer comité nacional de Morena.
Durante su desempeño como procurador capitalino, le tocó conocer las acusaciones contra René Bejarano en los llamados videoescándalos, así como defender a López Obrador en el proceso de desafuero impulsado por Vicente Fox.
Otro de los propuestos por el precandidato presidencial es Juan Luis González Alcántara Carrancá, el magistrado que se vio implicado en el escándalo del exministro Genaro Góngora Pimentel, otro simpatizante de López Obrador.
La historia, revelada en 2013 por Aristegui Noticias, es que Góngora procreó dos pequeños con Ana María Orozco, una mujer de origen humilde con la que terminó conflictuado. Gracias a González Alcántara, Góngora consiguió reducir la pensión y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran. Cuando el caso se hizo público, Ana María había pasado un año en prisión, acusó tráfico de influencias y señaló directamente a González Alcántara, el aspirante propuesto hoy por López Obrador.
Luego de ofrecer datos curriculares de cada uno de sus candidatos al FGR, López Obrador continuó con sus propuestas para la Fiscalía Anticorrupción: María de la Luz Mijangos Borja; Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta Saucedo.
Mijangos Borja, es esposa del exdiputado y académico obradorista, Jaime Cárdenas. Abogada también, fue Contadora Mayor de Hacienda durante el sexenio de López Obrador, y su reelección en 2004 fue cabildeada por René Bejarano, entonces líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que consiguió su permanencia apenas días antes del videoescándalo por recepción de efectivo de parte de Carlos Ahumada.
La cercanía de Mijangos se expresó también el año pasado, pues la abogada fue propuesta por Morena para consejera del INE el año pasado, sin conseguirlo.
Por su parte, Diana Álvarez Maury, tiene principalmente una trayectoria en el ámbito docente de universidades e instituciones privadas. Como tal, fue cercana colaboradora de Alejandro Gertz Manero en la Universidad de las Américas de esta ciudad (sin relación con la de Puebla).
Respecto a Ricardo Peralta, se trata de un abogado con perfil ecléctico: se ha desempeñado entre la representación de grandes empresas trasnacionales, en instancias de combate a las drogas y mandos operativos policiales.
De hecho, fue jefe operativo de la policía mexiquense en 2010, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más tarde se convirtió en secretario técnico de la ALDF de 2012 a 2015. Actualmente es apoyado por organizaciones ciudadanas (40 según el discurso de hoy de López Obrador) como fiscal anticorrupción.
López Obrador aprovechó para leer una extensa cita de algún discurso de Francisco I. Madero, y con ello, reiterar su planteamiento de voto efectivo y no reelección. El tema, es asunto que suelen poner en duda quienes lo comparan con los venezolanos Hugo Chávez o Nicolás Maduro, para quienes posteriormente, en su intervención la “secretaria de Gobernación”, Olga Sánchez Cordero, dedicaría también algunas expresiones sobre su distancia con autoritarismos.
Finalmente, López Obrador expuso su terna para la Fiscalía Electoral, presentando a María Estela Ríos González, Ernestina Godoy y José Agustín Ortiz Pinchetti.
Ríos González fue consejera jurídica de López Obrador en el gobierno capitalino y como tal fue responsable de litigar los casos del paraje San Juan y el predio El Encino, que derivarían en el proceso de desafuero. Como segunda de abordo, Ríos González tuvo a Ernestina Godoy Ramos, actual diputada federal.
En tanto, Ortiz Pinchetti, es simpatizante de López Obrador desde su primera candidatura. Participó también en la estrategia contra el desafuero y, tras el resultado electoral de 2006, fue designado miembro del “gabinete legítimo” como secretario de Relaciones Exteriores; en 2012, en ejercicios como el de esta tercera nominación, fue designado para ser secretario del Trabajo por el tabasqueño.
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