Un testimonio difundido en medios apunta que autoridades municipales de Chilpancingo habrían gestionado el envío de jornaleros mediante un programa laboral
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) dio a conocer que abrió una investigación para esclarecer la posible desaparición de personas originarias del estado que habrían sido trasladadas a laborar en campos agrícolas a Teuchitlán, Jalisco. Esto luego de que se dieran a conocer testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de explotación laboral y privación de la libertad.
Según el comunicado oficial DGIC/047, emitido por la propia FGE, la institución realiza los primeros actos tendientes a recabar información relevante que se integrará a la carpeta de investigación con el objetivo de establecer si existen elementos que confirmen la desaparición de personas guerrerenses en el contexto de actividades laborales fuera del estado.
“El propósito de esta Fiscalía es obtener información fehaciente que permita esclarecer los hechos, siempre en apego al debido proceso y con el compromiso de velar por los derechos humanos de todas las personas involucradas”, precisó el comunicado.
La institución también enfatizó que, durante el transcurso de las indagatorias, se buscará identificar a las personas afectadas en caso de que se confirme su participación en los hechos.
Acusan a autoridades de Chilpancingo
El caso tomó notoriedad pública tras un testimonio difundido el pasado 19 de marzo en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti en Radio Fórmula, donde un hombre identificado como Roberto relató haber sido parte de un grupo de aproximadamente 70 personas reclutadas en 2023, supuestamente, por autoridades del Ayuntamiento de Chilpancingo —durante el mandato de Norma Otilia Hernández― para un programa laboral que ofrecía una visa H-2A y trabajo en Estados Unidos.
Según su testimonio, el grupo fue citado en oficinas del ayuntamiento y en el área municipal de Relaciones Exteriores, donde entregaron documentación oficial. Roberto aseguró que se les prometió un mes de capacitación en Guanajuato, pero fueron trasladados directamente a un predio agrícola en Jalisco que, a su decir, identificó como el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde recientemente el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” detectó un centro de adiestramiento y crematorio clandestino manejado por un grupo criminal.
“Nos dijeron que estaríamos ahí durante un año, que si hacíamos las cosas bien nos darían la visa. Todo cambió al llegar al lugar”, afirmó. Según su relato, las condiciones eran precarias: permanecían encerrados en trailas, no tenían comunicación con el exterior y fueron advertidos de que no podían salir del rancho. Indicó además que los alimentos eran de baja calidad y que algunos compañeros fueron golpeados por sujetos armados.
Durante su estancia, Roberto dijo haber presenciado un incidente en el que hombres encapuchados entraron al predio y sometieron a los supervisores del lugar. A partir de ese episodio, algunos trabajadores lograron abandonar el sitio, mientras otros permanecieron por varios días más. El testigo aseguró que logró escapar aprovechando una salida para comprar productos, y que desde entonces regresó por sus propios medios a Guerrero.
El rancho mencionado ha sido previamente objeto de acciones judiciales. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino en el sitio, donde fueron detenidas diez personas, se hallaron restos calcinados y una persona secuestrada. La custodia del predio fue entregada a autoridades estatales, pero el lugar quedó posteriormente sin vigilancia.
¿Qué dicen las autoridades de Chilpancingo?
Tras la difusión del testimonio, Norma Otilia Hernández publicó en redes sociales que su administración efectivamente participó en programas de empleo en Jalisco y Guanajuato, aunque aseguró desconocer las circunstancias denunciadas.
“Alguna vez nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Guerrero, y varios municipios del estado como Huitzuco, Iguala de la Independencia, Cocula, Chilpancingo, entre otros, fuimos convocados a firmar un convenio para llevar a cabo un programa llamado “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos” que estaría a cargo de la empresa Big Force Academy, que proponía un programa para la capacitación de jornaleros bajo la promesa de obtener la visa de trabajo H-2A, para trabajar en los Estados Unidos de América, lo cual vimos como una oportunidad para nuestros paisanos”, escribió en su perfil de Facebook.
En entrevista con Azucena Uresti, el exdirector de Atención a Migrantes del municipio, Julio César Sandoval, confirmó que el ayuntamiento colaboró con la empresa estadounidense Big Force Academy, mediante la cual se enviaron 88 personas entre 2023 y 2024.
“Hemos enviado personas a trabajar a Estados Unidos. Tengo listas con nombres, teléfonos y videos que demuestran que están bien. El nombre de Roberto no aparece en ningún listado”, afirmó Sandoval. Indicó que del total de personas enviadas, 30 ya cuentan con visa vigente y trabajan legalmente en campos agrícolas. El resto abandonó el programa por decisión propia.
El funcionario añadió que los trabajadores estaban alojados en trailas, contaban con alimentación y estaban dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Si fuera un reclutamiento criminal, no se tramitaría seguro social ni se registraría legalmente a las personas”, afirmó.
Sandoval sostuvo que los señalamientos son infundados y atribuyó la polémica a intereses políticos, dado que Norma Otilia Hernández supuestamente figura como posible candidata a la gubernatura de Guerrero.
Cabe precisar que, previamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que policías del municipio de Tala, Jalisco, fueron infiltrados por criminales, quienes habrían entregado a varias personas para que permanecieran en Rancho Izaguirre.
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