Por Mauricio Lira Camacho
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El pleno del ayuntamiento aprobó que Arturo Dávalos Peña, gestione ante el Estado, el Congreso Jalisco y Federación recursos para el pago urgente de laudos o el Tribunal lo suspenderá, lo mismo que a regidores.
Por laudos, el ayuntamiento está obligado al pago de 75.5 millones de pesos, pero a esta suma debe agregarse el monto por juicios mercantiles, civiles y agrarios.
En total, la comuna enfrenta más de 500 juicios.
En este sentido el presidente municipal de Puerto Vallarta asegura si bien es cierto el problema de los despidos de trabajadores, la demanda de muchos y los juicios ganados que tienen al gobierno en la quiebra para estos pagos, data del período del entonces alcalde priista, Gustavo González Villaseñor.
Aunque el caso del trabajador que demandó al gobierno motivo por el cual estaba latente el riesgo de suspensión para el primer edil, se negoció afortunadamente, el fantasma de la desaparición de y vacío de poderes está latente, incluso en un caso generalizado, en el 80% de los ayuntamientos de Jalisco, imposibilitados de tener dinero suficiente en las arcas municipales.
Fue en asuntos generales en la sesión ordinaria de ayuntamiento, que el secretario general, Víctor Manuel Bernal Vargas, leyó el punto de acuerdo promovido por Arturo Dávalos Peña.
El ayuntamiento constitucional de Puerto Vallarta, autoriza al presidente municipal para que en su nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, promueva, gestione y solicite a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y a la cámara de diputados del Congreso de la Unión, el otorgamiento de recursos económicos para dar cumplimiento a los laudos laborales que se han generado desde el ejercicio aproximado de hace 6 administraciones anteriores y que en la actualidad, exigen su inmediato cumplimiento y que en caso de hacerlo con recursos propios del ayuntamiento, se pone en riesgo la disciplina financiera del municipio, originando con ello que por falta de liquidez se ponga en peligro la prestación de los servicios públicos en favor de la ciudadanía.
