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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa mexicana Global Air – Aerolíneas Damojh- aseguró que fue un error de los pilotos del avión Boeing 737-200, operado por Cubana de Aviación, lo que ocasionó el accidente del pasado 18 de mayo en La Habana, donde murieron 112 personas, y calificó de “ilegal” la suspensión de actividades de la empresa en la isla.
A casi dos meses de los hechos y mediante un comunicado firmado por Manuel Rodríguez Campo, su director general, la compañía informó:
“La tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la aeronave”.
A esta conclusión llegó, luego de la reconstrucción del vuelo realizada en un simulador “para reproducir las maniobras que la tripulación realizaba durante la operación hasta el momento del accidente”.
Según la empresa, la reconstrucción fue hecha con base en la información obtenida de los registradores de voz y vuelo -es decir, las cajas negras- de la aeronave.
Los datos, agregó, fueron extraídos por investigadores comandados por el Instituto de Aviación Civil de Cuba (IACC), la Dirección General de Aeronáutica Civil de México (DGAC), la Federal Aviation Administration (FAA) y el Buró de Investigación de Accidentes (NTSB), así como los fabricantes de la aeronave y sus motores, Boeing y Pral! and Whitney.
La empresa aseguró que ha asumido su compromiso con las víctimas del accidente y contribuido para que se esclarezcan las causas “hasta las últimas consecuencias”.
En el mismo comunicado, destacó que “debido al entorno mediático de dos exempleados (que tienen un compromiso legal-económico con la empresa)”, la Dirección General de Aeronáutica Civil procedió “sin tener sustento alguno, (a) suspender las operaciones y posteriormente enviar una verificación técnico administrativa extraordinaria mayor” en la que participaron 22 inspectores y que tuvo una duración de 27 días.
Según Global Air, en dicha auditoría la empresa aportó lo necesario para que la autoridad aeronáutica pudiera verificar los estándares de seguridad con los que opera. No obstante, “hasta la fecha la DGAC no se ha pronunciado, pese a la insistencia de la empresa”.
Incluso, aseguró que Luis Gerardo Fonseca Guzmán, director general de Aeronáutica Civil; Jorge Romero García, director general adjunto de Seguridad Aérea; Fernando Llanos Gutiérrez, director de Seguridad Aérea; y Rafael García Gijón, director general adjunto de Transporte Aéreo Nacional, “no han respondido a las peticiones que se les han formulado en tiempo y forma para definir la situación de la empresa”.
De hecho, la compañía resaltó que “tanto la suspensión de actividades de la empresa, así como la verificación técnico administrativa mayor extraordinaria se hicieron ilegalmente”. Tal decisión, añadió, ha afectado al empleo de 70 familias.
Luego, agregó que ya informó de dichas circunstancias a las “instancias jurisdiccionales, a través de las acciones legales correspondientes para posteriormente determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron estas flagrantes violaciones al marco legal constitucional”.
La mañana del viernes 18 de mayo, el Boeing 737-200 despegó del aeropuerto internacional José Martí con dirección a la ciudad de Holguín. Sin embargo, a los pocos minutos se estrelló. Sólo una pasajera de nacionalidad cubana sobrevivió.
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