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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las acciones que emprendieron la PGR y el Poder Judicial federal, en el caso del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, evidencian el nivel de descomposición del sistema de procuración, administración e impartición de justicia en el país, con un gobierno en agonía, sentenció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Corral Jurado pidió al juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, que posponga la audiencia del operador de Manlio Fabio Beltrones, exlíder nacional del PRI, hasta que se resuelva el amparo interpuesto por el gobierno de Chihuahua para que se le reconozca como víctima por el desvío del erario en el que participó Gutiérrez, y anunció que presentarán denuncias contra todos los involucrados en la estrategia de exoneración en el caso, incluso en instancias internacionales.
“Buscan exonerarlo de todo cargo y dejar impune el caso de corrupción política con mayor evidencia probatoria en el país y de mayor envergadura por los niveles de corrupción que alcanza”, aseguró Corral en rueda de prensa, luego del retraso de la audiencia en los juzgados federales, donde presuntamente se solicitará el sobreseimiento de la acción penal contra Alejandro Gutiérrez.
Corral recordó que la Federación ha insistido en atraer los dos casos de Gutiérrez Gutiérrez apoyado en jueces y tribunales federales. Y lo ha logrado.
Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México determinó que la competencia del caso de peculado agravado por el desvío de 250 millones de pesos (24/2018) le corresponde a la Federación y no al gobierno de Chihuahua, pero además le quitaron a este último el carácter de agraviado, “como si no hubiera sido a quien le robaron 250 millones de pesos”.
“El tamaño de la treta”
“El Tribunal Colegiado dijo que era federal porque el agraviado, la víctima era la Federación. Tan es así que ustedes recordarán cuando me dirigí para advertir que en una componenda, de la que Chihuahua tiene pruebas, habíamos advertido la connivencia de agentes del Ministerio Público de la PGR con la defensa para jalar el caso a la Federación.
“Ahora sabemos para qué querían hacerlo, para desistirse, porque el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda dicen que no son víctimas ni están agraviados, que la víctima es el estado de Chihuahua, pero el juez ha señalado que un Colegiado le ha ordenado lo contrario. Es el tamaño de la treta, pero es también el nivel de cinismo político al que se atreve a llegar Peña Nieto en la agonía de su gobierno, es un régimen corrupto y corruptor”, acusó.
Luego detalló que las investigaciones que tienen contra Gutiérrez son documentos bancarios que demuestran que recibió parte del dinero público desviado del gobierno de Chihuahua a sus cuentas personales, utilizó a sus empresas, como Jetcom, para justificar la distracción de recurso público y prestó documentos personales para dicho trámite.
“Adicional a ese caudal probatorio de carácter documental, ha sido señalado por testigos presenciales el desvío y triangulación de recursos, es decir, son elementos suficientes para que enfrente un juicio penal para determinar su responsabilidad, pero la PGR pretende presentar esta tarde la solicitud de sobreseimiento por insuficiencia probatoria.
“Esta sincronización de resoluciones judiciales federales con la decisión de la PGR, de retirar los cargos contra Alejandro Gutiérrez, evidencian el nivel de descomposición del sistema de procuración, administración e impartición de justicia del país, y es una muy lamentable realidad”, fustigó.
El gobernador panista enumeró los hechos “sincronizados” que tienen coincidencia porque se trata de una estrategia para lograr el desestimiento del caso por parte de la PGR:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar el miércoles pasado el recurso de Chihuahua para rechazar el fallo de Tribunal Colegiado sobre la atracción del caso de Alejandro Gutiérrez a la justicia federal. Incluso, debieron entregar toda la carpeta de investigación.
Al siguiente día, el Primer Tribunal Colegiado, con sede en la ciudad de Chihuahua, revocó la medida cautelar impuesta a Alejandro Gutiérrez de prisión preventiva impuesta por un juez de Control, por otro delito que tiene a nivel local por desvío de recursos públicos. La PGR había solicitado al juez federal de Control, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, su traslado para dejarlo luego en inmediata libertad.
“Fuimos informados de que la audiencia se iba a realizar esta mañana, originalmente prevista a las 9:30 horas, luego a las siete de la mañana, seis de la mañana hora de la Ciudad de Chihuahua. También tenemos información de que las autoridades penitenciarias fueron notificadas a las tres de la mañana para trasladar al imputado a la audiencia. La audiencia no se ha realizado, está citada según lo pueden comprobar en la pantalla de audiencias de ese juzgado”.
El modus operandi
“¿Qué sucede?, en primer lugar, se ha mantenido la intención del gobierno de la República de liberar a Alejandro Gutiérrez a cualquier costo. La pieza clave en uno de los casos de desviación de recursos públicos más importantes que se haya podido documentar en la historia de México.
“Chihuahua ha puesto al descubierto de la nación el modus operandi de la corrupción política de desvío de recursos públicos para campañas electorales. Se trata del operador de un gran desvío no sólo acontecido en Chihuahua sino en otras entidades”, aclaró Corral.
Luego, abundó, “revocaron la determinación del juez primero de distrito en la entidad, quien había confirmado la decisión de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez por un juez de Control local, porque representa un riesgo de evasión, por el tipo de delito.
“Al revocar el amparo del juez de distrito, el Colegiado revoca en los hechos la prisión preventiva a una medida distinta que puede ser de menor intensidad, a pesar de que el juez de distrito, que previamente otorgado el amparo, destacó la prisión preventiva por falta de arraigo en Chihuahua, por la magnitud de las penas y la restricción de las mismas, el monto de reparación del daño y la existencia de otro proceso similar y otra prisión preventiva vigente”.
Esa resolución la otorgaron después de que fuentes internas de la PGR informaron al gobierno de Chihuahua que hoy a primera hora se desistirían de la acción penal en contra de Gutiérrez Gutiérrez, por el desvío de 250 millones de pesos.
Posteriormente, le quitaron el estatus de víctima al gobierno de Chihuahua, por lo que no puede participar como parte agraviada en las audiencias del caso.
“Durante años en México se ha hablado de la manera en que los recursos públicos se han desviado a campañas con fines político-partidistas. Ahora que un estado documenta por primera vez esa denuncia, reiterada en ámbitos mediáticos y de campaña, se le pretender dar impunidad.
“Consideramos una ofensa y una humillación, por parte de este régimen en agonía, al pueblo de Chihuahua y hacia el pueblo de México, a sus instituciones, de nueva cuenta indefensas ante este monstruo de la corrupción e impunidad que vivimos”, alertó Corral.
Llamó al juez federal que lleva el caso de Alejandro Gutiérrez, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, a que, después de hacer un análisis riguroso del caso, aplace la audiencia hasta que se resuelva el amparo presentado por el estado de Chihuahua, con el fin de tener el reconocimiento en calidad de víctima, porque la ley señala la conformidad del agraviado para otorgar el sobreseimiento.
“Derivado del curso de la audiencia y de los hechos, presentaremos las demandas de amparo que resulten procedentes y, sin duda, presentaremos las denuncias penales en contra de funcionarios públicos del nivel que sea, por esta maniobra a todas luces ilegal, toda vez que las pruebas que se encuentran en la carpeta son sólidas y suficientes.
“Acudiremos a todas las instancias internacionales para denunciar esta evidente y descarada operación de PGR, empezando por su encargado (Alberto Elías Beltrán), para dejar impune este caso tan importante de la historia del combate a la corrupción en nuestro país”, advirtió Javier Corral.
En las instancias internacionales, dijo, se buscará que éstas conozcan a detalle el caso como una ilegalidad más que ha cometido el gobierno federal.
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