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Gobierno peñista incumplió e ignoró recomendaciones sobre defensores de derechos humanos, acusa colectivo

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ignoró 14 recomendaciones y cumplió parcialmente con otras 42, que emitieron organizaciones de la sociedad civil en julio pasado con el objetivo de proteger a los defensores de derechos humanos en el país.

Entre las instancias que incumplieron con las recomendaciones, el colectivo Espacio OSC destacó hoy a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Procuraduría General de la República (PGR) y las entidades federativas.

“El Mecanismo de Protección de orden federal aún carece de personal adecuadamente capacitado, de presupuesto suficiente, así como de una política de transparencia proactiva y de rendición de cuentas”, deploró el colectivo.

En un informe que publicó en julio pasado, Espacio OSC pidió a la PGR que impulsara un protocolo para investigar y castigar los delitos perpetrados contra los defensores de derechos humanos, y permita el acceso a la justicia a los activistas y periodistas desplazados.

También repudió la actuación de la SRE en contra de los señalamientos internacionales sobre la grave crisis de derechos humanos que sufre México, y ello durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Cancillería.

“Pese a los diagnósticos compartidos y la evidencia fundamentada por organismos e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos, la administración de Enrique Peña Nieto ha sostenido una política de negación, e incluso confrontación, con quienes han confirmado la gravedad de la situación de derechos humanos en el país”, deploró entonces.

Le recomendó crear un Consejo Asesor contra la impunidad, integrado por personas expertas en la materia, tanto nacionales como internacionales, que “recomiende reformas y estrategias para revertir la tasa de impunidad prevaleciente en México en relación con los casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

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