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Un software para espiar, que sólo se vende a gobiernos, fue utilizado en al menos 88 intentos de intervención telefónica en contra de defensores de derechos humanos y periodistas.
Pasó en México, entre enero de 2015 y julio de 2016. Los ataques fueron dirigidos en contra de Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Carmen Aristegui, su hijo Emilio, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias; el periodista Carlos Loret de Mola, y en contra de Daniel Lizárraga y el que esto escribe, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Conviene puntualizar que esta revelación surgió a partir de dos materiales distintos, pero igualmente importantes. El primero de ellos es el reportaje de The New York Times “Somos los nuevos enemigos del Estado” (http://nyti.ms/2ssgNQ0), publicado en el espacio principal de la primera plana de ese medio. Literalmente el mundo amaneció ayer con la primicia del Times sobre el espionaje gubernamental a periodistas y activistas en México.
El artículo del Times recoge y amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer también ayer y elaborado por las organizaciones Citizen Lab, Artículo 19 México, R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC. (aquí el documento https://articulo19.org/gobiernoespia/)
Que los gobiernos en México realizan espionaje a ciudadanos es una obviedad. Es una no noticia. Lo relevante de la amplia nota del Times, y del aún más detallado reporte “Gobierno Espía”, es que ahí se demuestra que los 88 intentos de hackeo constituyen un patrón sistemático, nada aleatorio, en donde cada ataque se inscribe en coyunturas relevantes –en términos de periodismo o acontecer público– para cada una de las víctimas de los mismos.
Mediante mensajes SMS, con el malware denominado Pegasus, desarrollado y vendido por la empresa israelí NSO Group, se pretendió, y en algunos casos seguramente se logró, infectar a celulares de las personas mencionadas. ¿A cuántos se infiltró? ¿Con qué consecuencias? No lo sabemos.
Lo que sí sabemos, y así lo comenté en la rueda de prensa en la que al mediodía se presentó formalmente el reporte “Gobierno Espía”, es que los ataques reseñados en ese informe no son, seguramente, los únicos, sino los menos.
Un colega me dijo ayer que él recuerda perfectamente haber recibido al menos dos de los SMS consignados en el reporte. Le invité a que hiciera público eso, a que lo dijera. “Voy a buscar mi viejo celular, necesito probarlo”, contestó. No, le contesté, tú dilo, y el que tiene que investigar y probar es el gobierno, que tiene los mecanismos para obligar a los clientes de NSO Group en México (Sedena, PGR y Cisen) a decir a quiénes han espiado y con qué base legal lo hicieron.
Con la respuesta dada ayer por la Presidencia de la República, donde asegura que no hay pruebas de que “agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, y llama a las víctimas a denunciar ante la PGR, esta administración confirma la aberración según la cual toca al ciudadano probar el delito, cuando lo debido es que, luego de un reporte como el dado a conocer ayer, lo mínimo que puede hacer el gobierno es iniciar una profunda investigación, una que incluya testimonios más allá de los que las organizaciones lograron reunir contundentemente en “Gobierno Espía”.
De lo contrario, estaremos ante un gobierno que espía y que encima se niega a investigar.
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