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Más de un centenar de alcaldes han sido asesinados tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente de México, Felipe Calderón. Desde finales de 2006, la violencia ha trastocado el primer vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Entre los fallecidos no hay distingo de partido político ni de ideología.
En el quinto año de la Administración de Enrique Peña Nieto, 53 ediles han muerto de manera violenta. Esa cifra supera los 49 asesinatos de estos funcionarios que tuvieron lugar en el sexenio de Calderón, reporta la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) en el borrador del informe ‘Violencia contra electos, alcaldes y exalcaldes’, al que ha tenido acceso RT.
Soldados destruyen plantas de amapola en una operación militar, Coyuca de Catalán, Guerrero, México. / Henry Romero / Reuters
Uno de los asesinatos más recientes ocurrió el pasado 11 de octubre. Fue emboscado Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán (Puebla, México) mientras viajaba por carretera acompañado de su escolta de seguridad y su esposa. El político pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ostenta el poder en México.
Tres condiciones determinantes
La inseguridad que se vive ese país latinoamericano es la principal amenaza en contra de los servidores públicos y «quienes estamos al frente de una Administración municipal no estamos exentos de esta situación», declara el presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar.
Esta organización mapeó las cuatro regiones principales de riesgo en México: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, seguidos de Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas, Chihuahua y Puebla.
Mapeo de zonas de riesgos para alcaldes / ANAC
Cinco días antes del asesinato de Hernández Pasión, el alcalde del municipio de Paracho (Michoacán), Stalin Sánchez, fue baleado por hombres armados con fusiles de alto calibre cuando salía de su casa. Ese funcionario estaba afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Vargas del Villar considera que los líderes de otros municipios se encuentran amenazados y corren riesgo de sufrir atentados, por lo que urge instrumentar las mediadas requeridas para garantizar su seguridad.
Ese político identifica tres condiciones que aportan más peligrosidad a esas situaciones de riesgo: bajo desarrollo institucional —municipios con escasa población y presupuesto insuficiente—, pocos recursos asignados al rubro de seguridad pública y presencia de crimen organizado.
Armamento confiscado a un grupo dedicado al narcotráfico / Henry Romero / Reuters
Algunos alcaldes han decidido cambiar la residencia de sus familias o, incluso, salir de sus municipios por temor a sufrir un atentado. Ante esta situación, los integrantes de la ANAC prepararon una propuesta de protocolo de protección junto con expertos en la materia.
Esa asociación entregó el documento al segundo hombre más importante del gabinete presidencial —el titular de la Secretaría de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio— y al Consejo Nacional de Seguridad para que atiendan esta situación.
Delincuencia e impunidad
Martín Barrón, especialista en Criminología del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), plantea dos escenarios: delincuentes contra delincuentes y contra autoridades. En el caso de los políticos, «no se sabe si han tendido problemas por colaborar con algún grupo criminal o por negarse a hacerlo», mientras que «tampoco se conoce cuántos han sido privados de la vida sin tener relación alguna con el crimen organizado».
Soldados vigilando una zona de plantas de amapola después de ser destruidas durante una operación militar / Henry Romero / Reuters
Este experto considera que 2018 podría ser un año difícil para los alcaldes debido a las elecciones presidenciales por la posible «presión de los grupos delincuenciales» o las presuntas «amenazas de la delincuencia organizada» para «proteger» actividades ilegales.
Barrón estima necesario entender cómo se han fracturado las organizaciones del crimen organizado, los cárteles y su problemática; porque la guerra contra el narcotráfico «nunca tuvo una estrategia».
Imagen ilustrativaMéxico: «Las organizaciones criminales están cada vez más infiltradas en la política»
El ‘Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016’ muestra que en ese país existen nueve grandes cárteles del narcotráfico con estructuras para producir, comercializar y distribuir droga en territorio mexicano y hacia el extranjero.
Otro problema es la impunidad imperante. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, desde enero de 2007 —cuando comenzó la lucha oficial contra el narcotráfico— hasta agosto de este año, en México se han registrado 191.915 homicidios dolosos: 104.517 durante el mandato de Felipe Calderón y 87.398 desde que gobierna Peña Nieto.
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