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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, preso desde el 20 de diciembre de 2017, acusado de desviar 240 millones del erario de Chihuahua, calificó de “psicópata” al gobernador Javier Corral, y aseguró que juega con la inteligencia de los chihuahuenses al manipular el proceso que se sigue en su contra.
Por ello, convocó a los sectores empresarial, académico y social de la entidad, a integrar a un representante para que acuda a las audiencias y analice a detalle las pruebas que el Ministerio Público presenta en su contra.
En entrevista exclusiva con El Diario de Chihuahua, concedida desde el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, donde permanece recluido, el exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que su juicio se sigue bajo la consigna de Corral, a quien señaló por encabezar un manejo perverso de la comunicación sobre el caso.
“Todo es creado en una mente enferma, perversa, que tiene temor de las consecuencias que habrán de resultar cuando salga a la luz pública la verdad de esta farsa. Corral debe estar muriéndose de miedo de que se aclare su mentira”, expresó.
Gutiérrez Gutiérrez, apodado “La Coneja”, entabló contacto vía telefónica a la redacción de El Diario, ayer al filo del mediodía, para denunciar que fue llamado minutos antes de que comenzara una audiencia con el juez local, que tendría lugar en una de las salas penales del Cereso de San Guillermo, sin darle oportunidad a que estuvieran presentes los abogados que forman parte de su defensa.
La autenticidad de la llamada fue corroborada horas más tarde con su abogado defensor, Antonio Collado, así como dos fuentes cercanas al empresario y político priista.
“Me convocan a una audiencia cinco minutos antes, giran la instrucción de que me bajen, sin la posibilidad de tener un defensor, eso es sólo una muestra más de cómo están manejado mi caso”, denunció.
La audiencia, cuya cancelación confirmó posteriormente la Fiscalía, tendría lugar en el complejo penitenciario para evitar el traslado de Gutiérrez, luego de los hechos acontecidos la noche del pasado viernes 11, cuando un intenso despliegue de policías estatales evitó que agentes federales lo trasladaran al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
De hecho, desde ese día (el viernes), el acceso de salida del Cereso de San Guillermo, donde está recluido, permanece bloqueado por un camión blindado de la Fiscalía General para obligar a que la entrada y salida sean por un mismo y controlado acceso.
Acusado de participar en el desvío de 240 millones de pesos de recursos públicos del gobierno estatal a campañas electorales del PRI, Alejandro Gutiérrez se consideró un preso político de Javier Corral, con quien, dijo, previamente sólo tuvo contactos ocasionales durante sus respectivas carreras como legisladores.
“Por eso he pedido a mis abogados que inviten a representantes de los sectores, gente representativa sin intenciones partidistas ni vínculos con el gobierno. Que se enteren y participen directamente en el análisis de las pruebas, más allá de los dichos y chismes de algunos protegidos (testigos)”, enfatizó.
El coahuilense detalló que la instrucción a su defensa la realizó el pasado fin de semana, motivado por comunicaciones que le han hecho llegar colegios de abogados y algunos empresarios.
“La mejor forma de detener el desarrollo de una entidad es con la inseguridad jurídica, con el temor de que, por un capricho o por un arranque de locura, se pierda la libertad. Por eso creo que hay un interés de que las cosas se aclaren”, expuso.
Añadió: “Me interesa mucho que los chihuahuenses se den cuenta del comportamiento, inclusive de los jueces; tenemos videos de cada una de las audiencias que se han realizado. Que elijan (los sectores) a un representante y lo introduzcan en el caso, que participen en la información y en las carpetas, que busquen cualquier prueba que ellos sientan les permita formar un criterio, y comprueben si hay un mensaje, una llamada o siquiera si me conocían los que ellos dicen. Que se den cuenta de que no existe una prueba real en mi contra, que se enteren cuál es mi responsabilidad, dónde estaba y qué hacía… Eso es bien importante”.
Indicó que, desde su perspectiva, el gobernador de Chihuahua asume características que podían encajar en la evaluación de un psicópata, por lo que manifestó sentir temor, toda vez que su seguridad ha estado en riesgo en el penal.
“Lo he denunciado porque por supuesto que temo por mi integridad física… Por supuesto que sí”.
Esos hechos, abundó, quedaron debidamente asentados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR), ante su desconfianza en las autoridades del ámbito local.
