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Además de los funcionarios con puestos más altos, alrededor de 77 mil servidores públicos del actual gobierno decidieron hacer pública su declaración patrimonial y de intereses por voluntad propia, lo que significa un 42 por ciento más que en el año previo, señaló la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.
Lo anterior es una muestra de la proactividad ordenada por esta administración y de que sus servidores públicos están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, indicó la funcionaria durante la firma de un convenio de colaboración con el órgano interno de control (OIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A través de dicho acuerdo, el INEGI podrá revisar las bases de datos de servidores públicos y empresas sancionadas, tanto por su propio OIC como por la Función Pública, como parte de un sistema que pronto deberá integrarse con la información de otras dependencias en la Plataforma Digital Nacional.
Sandoval aprovechó para reiterar que, como estaban en la anterior administración, los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses no eran funcionales, pues le hacían responder casi mil reactivos a los servidores públicos de las categorías más básicas, lo que se prestaba a errores al tener que llenar cuestionarios demasiado complejos.
“Dicen que las reglas inútiles debilitan a las reglas necesarias y por ello pusimos en cuestión los formatos que nos dejaron en el régimen pasado. No consideramos que los formatos tuvieran que estar debilitados, paradójicamente, con cifras y datos que en nada contribuían a detectar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés. No podíamos seguir simulando en la lucha contra la corrupción o persiguiendo a quienes declaraban erróneamente ante formatos demasiado complejos”, indicó.
De igual forma, la secretaria recordó que en septiembre pasado se lanzaron las bases de datos que contienen información sobre servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, así como de funcionarios y empresas sancionadas, y el 14 de noviembre se instaló el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción, para mejorar el análisis de las estadísticas sobre este tema.
