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En los últimos 11 años al menos 100 alcaldes en funciones, electos, o exalcaldes han sido asesinados en el país, cuya “frecuencia es un tema fundamental de gobernabilidad”, advierte un estudio elaborado por la Secretaría de Marina.
Señala que 47 de estos homicidios, atribuidos al crimen organizado, ocurrieron en la administración del presidente panista Felipe Calderón y 53 en la de Enrique Peña Nieto.
Detalla que 43 de las víctimas eran alcaldes en funciones, pertenecientes a diversos partidos políticos, 7 eran presidentes municipales electos y 32 ya habían concluido su encargo.
Esta compilación es parte de un estudio denominado “La seguridad en México y su efecto en la percepción social”, el cual elaboraron integrantes del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Secretaría de Marina.
Este análisis fue presentado ayer por el contralmirante Martín Enrique Barney Montalvo, en el marco del Foro Seguridad y Participación Ciudadana en México, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.
En él se advierte que la frecuencia con que han sido cometidos estos crímenes resulta un tema fundamental de gobernabilidad, pues daña la legitimidad del gobierno e impide el ejercicio de las funciones sustanciales del Estado.
La lista de estados donde mayor incidencia de crímenes contra alcaldes la encabeza Michoacán con 14 casos; seguido de Oaxaca con 12, Guerrero, con ocho, Durango, con ocho, y Veracruz con seis casos.
Es decir, que sólo esos cinco estados suman 48 casos, lo que significa casi el 50 por ciento de los crímenes de ese tipo ocurridos en todo el territorio nacional en el periodo que abarca de 2006 a 2017.
El resto fueron Chihuahua, con cuatro; Morelos y Jalisco, con tres cada uno; San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Puebla, con dos, y Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Tabasco, con uno.
La recopilación no hace referencia a casos específicos ni a los partidos que pertenecían los asesinados. Tampoco menciona los casos de candidatos a alcalde que fueron asesinados antes de la elección.
De este último tipo se han registrados varios casos en 2018. Como el del candidato de Morena a una alcaldía en Puebla, Aarón Varela; los precandidatos a alcaldías en Guerrero, Adolfo Serna, del PRI, y Homero Bravo, del PRD, entre otros.
En el estudio se señala que este fenómeno es un ejemplo de cómo los grupos del crimen organizado, a quienes se atribuyen estos casos, traspasaron la barrera de terror y la delincuencia organizada y acumularon suficiente poder para enfrentar al Estado.
Señala que son dos los factores que han permitido a estas organizaciones operar con éxito: la violencia y el soborno a las autoridades.
Uno de los eslabones más vulnerables en esa cadena son las autoridades municipales, las cuales son cooptadas por los criminales, incluso antes de asumir el cargo, y si no acceden a sus peticiones sufren las consecuencias con su vida.
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