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Ciudad de México. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), padres y madres de la 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y sus representantes denunciaron que hay un “desmantelamiento” de los mecanismos que llevan el caso, el cual “va en pique” con la negativa del Ejército a entregar toda la información, amagos de investigación contra el ex fiscal, Omar Gómez; la renuncia del ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas, quien incluso “está citado ante juicios contra militares” y riesgos de retrocesos.
Tanto los familiares como los integrantes de la CIDH reprocharon que no hayan asistido a la audiencia en Washington, Estados Unidos, ni el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, quien sólo envió una carta, ni el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien además preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
La embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos, Luz Elena Baños, fue la única que habló por parte del Estado. Refrendó el compromiso “indeclinable” con la memoria, la verdad, la justicia y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, además de que reiteró la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer lo sucedido.
En tanto que la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a “romper el pacto de silencio” que existe y que no ha permitido que el caso llegue “a un desarrollo en la investigación para alcanzar la verdad y poder someter a la justicia a los responsables”.
Elena Baños leyó la carta enviada por Gómez Piedra, en la que el fiscal al tiempo que reiteró que la investigación de la administración federal anterior estuvo “plagada de irregularidades”, hizo señalamientos contra el anterior titular de la UEILCA y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La llegada del ex fiscal en 2019, mencionó, “generó nuevas expectativas para el avance del caso; sin embargo, durante su gestión continuaron las liberaciones de posibles responsables detenidos, hubo dilación en su actuar jurídico, ejemplo de ello es que se perdieron testigos de identidad reservada vitales para tal caso”.
Además, refirió que en agosto del 2022 cuando se planteó la judicialización del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente preso, el ex fiscal -aseguró- “se negó rotundamente a hacerlo y renunció a su cargo propiciando con ello impunidad”.
Agregó que tuvieron que pasar 8 años para que se sujetara a proceso a Murillo Karam “sin que los integrantes del GIEI hubieran impulsado la investigación y sanción de dicho ex servidor público” y que incluso algunos de ellos expresaron “molestia por la ejecución de la orden de aprehensión y argumentaron que se requería más tiempo para la integración de la carpeta de investigación”.
Previamente, ante el grupo de comisionados de la CIDH, encabezados por la vicepresidente Esmeralda Arosemena de Troitiño, Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, expresó a nombre de los demás padres y madres de los normalistas su enojo y decepción. “Perdónenme por la palabra, (venimos) encabronados”, manifestó.
También reprochó que el Estado “ha llegado al extremo de decir que a nosotros nos manipulan los abogados. Señores comisionados, nosotros no somos ignorantes, nos ponemos a leer los informes que nos entregan”.
Denunció la obstaculización del Ejército para acceder a los archivos militares que tienen información clave para esclarecer lo sucedido y pidió a la CIDH apoyo para lograr obtener los documentos.
En este sentido, en la audiencia en el marco de la Medida Cautelar 409-14 dictada por la comisión,María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), solicitó a la CIDH “que continúe haciendo uso de todos sus mecanismos extraordinarios de supervisión” de dicha medida, incluyendo el acompañamiento de las familias a cada una de las reuniones que se convoquen por parte de la presidencia”.
También pidió que “funja como garante de una revisión adicional de los archivos castrenses” y que se lleve a cabo una visita al país, en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa para conocer el estatus del caso.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señaló que el caso “se encuentra en un momento delicado, en el que el mecanismo extraordinaria que construimos en diálogo al inicio de este gobierno, hoy en día está totalmente desmantelado”.
Expresó su preocupación porque el fiscal Gómez Trejo “tuvo que renunciar en medio de presiones que se han hecho en su contra y hoy en día está en ciernes una investigación” contra él, también porque el GIEI tuvo que abandonar el país “ante la cerrazón del gobierno de brindar información y de abrir los archivos militares en los que hay información relevante” y por la renuncia de Encinas.
Igualmente nos preocupa, dijo, “cómo el gobierno está acuñando la narrativa muy cercana a la verdad histórica, reduciendo los hechos al ámbito local de Iguala y criminalizando a los estudiantes”.
Respecto a la carta del fiscal Rosendo Gómez, el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, lamentó, entre otras cosas, “la denostación” al trabajo del ex titular de la UEILCA, del GIEI y la CIDH, y que no presentara líneas de investigación actual ni “cómo se van a superar los obstáculos que se han generado por la presión militar”
La comisionada Julissa Mantilla manifestó que era muy simbólico que no acudieran a la audiencia las autoridades mexicanas encargadas del caso y recalcó la responsabilidad del Estado para responder a las familias.
En casos de desaparición forzada “hay una obligación adicional de debida diligencia” y una justicia “que tarda no es justicia”. Son 9 años del caso Ayotzinapa, uno “que recibió mucha atención y que la sigue recibiendo, no quiero ni pensar lo que serán los casos de otras desapariciones que no han recibido la atención suficiente”.
