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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesinato de la activista tamaulipeca Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez mostró una vez más la negligencia e incapacidad de las autoridades mexicanas para proteger a los defensores de derechos humanos y a las víctimas en el país, señalaron Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH).
En dos comunicados por separado, las organizaciones expresaron su condena contra el asesinato de Rodríguez, quien creó el Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, Tamaulipas, después de la desaparición y el asesinato de su hija Karen, en 2012. La mujer había sido amenazada en muchas ocasiones, y frustró una tentativa de secuestro de su esposo.
La noche de ayer, hombres armados ingresaron a la casa de la activista y le dispararon en 12 ocasiones. Enrique Yoel Rubio Flores, uno de los secuestradores de su hija, se fugó del penal de Ciudad de Victoria en marzo pasado, junto con otros 29 reos.
La ONU-DH observó que los asesinos adoptaron un “simbolismo aún más escalofriante” al matar a la mujer el Día de las Madres, “fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas”, precisó.
La instancia internacional recordó al gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que “todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”, y señaló que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en el país.
“La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes para que el asesinato de la señora Rodríguez sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad. Más allá de su asesinato, resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”, insistió.
Por su parte, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, deploró que “la pesadilla a la que son sometidos (los familiares de desaparecidos) al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros que enfrentan en su labor, que realizan dada la negligente respuesta de las autoridades, son alarmantes”.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), responsabilizó a las autoridades tamaulipecas y las llamó a “realizar una investigación a profundidad para esclarecer las causas de este crimen y castigar a los responsables”.
En un brevísimo comunicado, la dependencia dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong anunció que se puso en contacto con los familiares de Rodríguez “para prestar cualquier apoyo que sea necesario”, y a la par exhortó a “las autoridades de todos los estados del país” a robustecer los mecanismos de protección a los activistas mexicanos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que brindará “acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales de este hecho”, y urgió a las autoridades tamaulipecas a “garantizar la protección de aquellas víctimas cuya vida e integridad estén en peligro”.
