excelsior.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO
Las condiciones de las cárceles de México experimentaron un retroceso en 2017 al registrarse 108 homicidios dentro de los penales, lo que supone un aumento del 25.6% respecto a los 86 del año anterior, según el informe anual presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El año pasado también se registraron 37 suicidios, mil 48 riñas y 11 motines, mientras que en 2016 habían sido 26 suicidios, 979 riñas y cinco motines.
TE PUEDE INTERESAR: DROGAS, CELDAS VIP, ARMAS, MUJERES… FACE DESNUDA PRISIONES
La mayoría de incidentes se concentraron en penales estatales, mientras que en las cárceles de gestión federal solo se registraron un homicidio, un suicidio y ningún motín.
Para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, la CNDH visitó 198 penales, de los cuales 131 fueron estatales, 20 federales, tres prisiones militares y 44 cárceles municipales.
Estos centros representan el 52.4% de los existentes en el país y al momento de las visitas contaban con una población de 186 mil 829 personas, que constituye el 86.2% del total de los reclusos nacionales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó el estado de las cárceles estatales con un 6.3, las federales con un 7.3, las militares con un 8.3 y las municipales suspendieron con un 3.9.
Ruth Villanueva, visitadora general de la Comisión, señaló que las deficiencias detectadas con mayor frecuencia son la falta de personal de seguridad, la higiene insuficiente, el hacinamiento y la falta de separación entre reclusos procesados y reclusos sentenciados.
TE PUEDE INTERESAR: TAMAULIPAS RECONOCE QUE HAY ‘AUTOGOBIERNOS’ EN PRISIONES ESTATALES
De las cárceles municipales, que fueron las que obtuvieron la peor calificación, Villanueva apuntó la inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros, falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha probado ser una herramienta que permite identificar deficiencias, logros y áreas de oportunidad para el cumplimiento de los fines encaminados a la atención de las personas privadas de la libertad en concordancia con la normatividad aplicable que establecen los estándares nacionales e internacionales sobre la materia.