Dos directivos del centro fueron espiados con el spyware Pegasus durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; uno de ellos ya había sido víctima de intervención ilegal con el sistema desarrollado por la empresa israelí NSO Group durante la administración de Enrique Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Dos directivos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), que ha acompañado a casos de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron espiados con el spyware Pegasus durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; uno de ellos ya había sido víctima de intervención ilegal con el sistema desarrollado por la empresa israelí NSO Group durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Nuevos informes publicados hoy por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Citizen Lab, revelan que los teléfonos de Santiago Aguirre Espinosa y María Luisa Aguilar Rodríguez, respectivos director y coordinadora en el área internacional del Centro ProDH, fueron infectados con Pegasus en varias ocasiones entre junio y septiembre de 2022. Durante el sexenio pasado, tres integrantes del Centro ProDH habían sido blancos de Pegasus.
Las fechas de los ataques coincidieron con eventos notables en torno a dos casos que el Centro ProDH acompaña, y que apuntan hacia el Ejército.
El primero tiene que ver con momentos críticos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas y Ayotzinapa: la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la emisión de 83 órdenes de aprehensión, incluyendo 20 militares, los cuales tuvieron el efecto de una bomba. Desde hace más de ocho años, el Centro ProDH acompaña a los familiares de los normalistas desaparecidos.
El segundo está vinculado con los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos en Cerocahui, Chihuahua, a los que el Centro ProDH –organización fundado por la Compañía de Jesús– dio un acompañamiento legal. Los asesinatos sucedieron el 20 de junio de 2022, dos días antes del primer ataque contra Aguirre, mientras que el teléfono de Aguilar fue atacado el 23.
En las semanas siguientes, el Centro ProDH continuó las acciones relativas a los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, lo que causó molestia en el Ejército: documentos obtenidos por R3D entre los 4.5 millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, muestran que apenas dos días después del ataque contra Aguilar, el área de inteligencia militar ordenó un seguimiento a las declaraciones de figuras jesuitas, que consideraban críticas del gobierno; en otro documento, la dependencia castrense se refirió al Centro ProDH como un “grupo de presión”.
Durante los meses en que ocurrieron de los ataques, el Centro ProDH también estuvo involucrado en otras actividades incómodas para el Ejército, como un evento sobre la Guerra Sucia en el Campo Militar n°1, la publicación de nuevos documentos sobre la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, perpetrada en 2014, o varios pronunciamientos en contra de la militarización de la administración pública federal, implementada por López Obrador.
El 13 de julio de 2022, el teléfono de Aguirre fue atacado con Pegasus por segunda ocasión. Semanas después sucedieron noticias de primera importancia en torno al caso Ayotzinapa. El 18 de agosto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, publicó el informe de la COVAJ, el cual incluyó revelaciones demoledoras para el Ejército, con acusaciones contra
El día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió 83 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la desaparición forzada de Ayotzinapa, y ello mientras el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, estaba fuera del país. El exprocurador Jesús Murillo Karam fue detenido afuera de su domicilio.
Semanas más tarde, el 13 de septiembre, la FGR anunció la cancelación de 21 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa –incluyendo las de 16 militares–, lo que llevó el Centro ProDH a expresar su preocupación respecto a las presiones del Ejército en la investigación.
El 23 de ese mes, familiares y estudiantes de los normalistas protestaron en las afueras del Campo Militar N°1, y el día siguiente, el teléfono de Aguirre fue atacado por tercera vez. Ese mismo 24 de septiembre, el periódico Reforma publicó una columna que hacía referencia a partes testadas del informe de la COVAJ, que fue ampliamente comentada.
El 26 se conmemoró el octavo aniversario de la fatídica noche de la desaparición, el 27 renunció el fiscal Gómez Trejo –lo que el Centro ProDH lamentó públicamente–, y el mismo día Reforma publicó capturas de pantalla de conversaciones entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
El 29 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe muy esperado, donde criticó el reporte de la COVAJ, lamentó la renuncia del fiscal especial y señaló que el Ejército tenía vínculos con el crimen organizado en Guerrero y se negó a entregar información de inteligencia, elaborada entre otros por el Centro Militar de Inteligencia (CMI). Ese mismo día, el teléfono de Aguilar fue atacado con Pegasus.
Esta no fue la primera vez que el Centro ProDH fue víctima de Pegasus. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, específicamente entre abril y junio de 2016, el mismo Santiago Aguirre –entonces subdirector–, junto con Mario Patrón –entonces director– y la abogada Stephanie Brewer fueron víctimas de ataques con el spyware.
En aquel tiempo, las fechas de los ataques también coincidieron con avances del caso Ayotzinapa. Patrón recibió un mensaje infectado el día en que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) publicó un informe que derrumbaba la versión según la cual los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, un pilar de la llamada “verdad histórica”. Brewer recibió un mensaje infectado un día después que Associated Press revelara denuncias de tortura en contra de 10 detenidos por el caso Ayotzinapa.
Y uno de los ataques que sufrió Aguirre correspondió con el día en que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) presentó su informe sobre el “Caso Iguala”; otros ocurrieron en fechas cercanas a asuntos relacionados con Tlatlaya.
En el informe que publicó hoy, R3D denunció que “la repetición del espionaje al Centro Prodh, es decir, el ataque a la misma organización en dos gobiernos distintos resulta especialmente grave”, pues evidencia una continuidad en los ataques “independientemente de cambios de gobierno”.
Las publicaciones aportan nuevas revelaciones sobre el uso de Pegasus durante el sexenio de López Obrador. Desde octubre de 2021, Proceso, Aristegui Noticias, Animal Político, R3D, Artículo 19 y SocialTIC han revelado, en la investigación #EjércitoEspía, que dos periodistas, un defensor de derechos humanos y un opositor político fueron espiados por Pegasus durante la presente administración.
En al menos un caso, el del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Flores, se comprobó que el Centro Militar de Inteligencia, un organismo secreto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atacó el dispositivo, y utilizó la información para interferir en una investigación sobre una ejecución extrajudicial perpetrada por soldados en julio de 2020 en Nuevo León.
Preguntado al respecto, el presidente López Obrador negó que el CMI utilizara Pegasus, menos para realizar espionaje. Sostuvo que el gobierno realiza labores de inteligencia, pero no espía a periodistas u opositores políticos, como lo hacían sus antecesores.
En un comunicado publicado el pasado 24 de marzo, la oficina de López Obrador trató de desmentir los hallazgos de #EjércitoEspía, pero cayó en contradicciones. Su argumento principal consistió en poner en duda la autenticidad de los archivos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya.
