Los consejeros destacaron la ausencia de un «modelo operativo» definido para las elecciones, así como la de un presupuesto asignado.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque refrendaron la solidez y la experiencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en organizar elecciones, los consejeros del organismo autónomo señalaron hoy varios «retos» al que se enfrentarán las autoridades en los 250 días que faltan para los comicios que redistribuirán cerca de 880 cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales.
Entre las incógnitas que dejó la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los consejeros destacaron la ausencia de un «modelo operativo» definido para las elecciones, la falta de un presupuesto asignado, e incertidumbres sobre las leyes secundarias que establecerán el marco normativo de un proceso electoral «sin precedente» en México y en el mundo.
«La complicación es que estamos partiendo de cero», reconoció Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, después de la sesión del Consejo General que marcó el arranque del «Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025».
Durante el evento, que por primera vez no contó con la presencia de representantes de los partidos políticos –que quedaron excluidos de la elección de jueces–, consejeras y consejeros exhortaron a los legisladores a emitir las leyes secundarias «a la brevedad» para aportar «claridad legal» sobre el proceso, que concluirá con una votación nacional el 1o de junio de 2025.
El Consejo General del INE sesionó hoy para cumplir con los tiempos establecidos en la reforma judicial, pero sin saber todavía cuántos cargos de impartidores de justicia se someterán a elección —Taddei estimó que serán cerca de 880, el 50% de los mil 760 trabajadores, incluyendo nueve ministros de la SCJN—, no tiene definido si desplegará a las más de 170 mil casillas que utilizó en el pasado proceso judicial, y no sabe si tendrá que establecer un nuevo marco geográfico, o si podrá retomar su base de 300 distritos.
El organismo tampoco tiene asignado un presupuesto para cubrir los gastos de las elecciones de jueces, el cual dependerá también de las leyes secundarias, y Taddei subrayó que el proceso empatará con elecciones en Durango.
«Hay incertidumbres sobre la suficiencia presupuestal», advirtió la consejera Carla Humphrey Jordan, quien exhortó a los legisladores a realizar un «ejercicio responsable» que dote al organismo de los recursos necesarios para llevar a bien el «reto» venidero.
La consejera Claudia Zavala Pérez, por su parte, señaló que el INE tendrá que elaborar el «modelo operativo» en un proceso que involucrará a varios actores, incluyendo a los comités de selección de candidatos —integrados por integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo—, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Senado. Para coordinar el proceso, exhortó a los legisladores a emitir las leyes secundarias «con la mayor inmediatez», pues recalcó que «las reglas se ponen antes, no se ponen durante el proceso».
Cuestionada sobre los riesgos de intromisión de la delincuencia organizada en la designación de jueces, Guadalupe Taddei consideró el tema como «bastante importante», y aseveró que el INE trabajará con las autoridades para ofrecer protección a los candidatos que lo requieran, a la vez que fiscalizará las campañas electorales.
En la situación actual, «las implicaciones técnicas y operativas no son menores» para el INE, planteó la consejera Rita Bell López Vences, quien insistió en que este proceso «o puede ni debe ser pensado como proceso tradicional», ya que romperá con «siglos de tradición que ha existido no solo en este país sino en casi todas las naciones».
