A Morena le corresponde la mayor cifra conforme a la fórmula establecida en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos
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El presupuesto total para los partidos políticos en México para 2025 será de 7 mil 357 millones 266 mil 504 pesos, informó la consejera Dania Ravel durante la sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Estos recursos serán distribuido a través de cuatro rubros: sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; actividades específicas; franquicia postal y franquicia telegráfica.
De este modo, a Morena le corresponderán 2584 millones de pesos, al PAN alrededor de 1300 millones, PRI y Movimiento Ciudadano rondarán los mil millones, mientras que el Verde Ecologista rebasará los 800 millones y el Partido del Trabajo cerca de 700 millones.
La consejera Carla Humphrey destacó la importancia del financiamiento que los partidos políticos deben destinar para la capacitación, formación y liderazgo de las mujeres, así como para fomentar su participación en la política.
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El Consejo General también decidió presentar una Controversia Constitucional contra la reciente reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Esta acción busca impugnar las modificaciones a los artículos 45 y 48 del decreto publicado el 14 de octubre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que afectan el proceso de elección de jueces del Poder Judicial de la Federación.
La controversia constitucional deberá ser interpuesta a más tardar el 19 de noviembre del presente año. En el documento aprobado se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión urgente de la aplicación de los artículos reformados, argumentando que estas disposiciones afectan la autonomía y el funcionamiento del Instituto.
El artículo 45 de la LGIPE, en sus incisos e) y p), otorga a la Presidencia del Consejo General la facultad de proponer el nombramiento del Secretario Ejecutivo y designar a los directores ejecutivos y otros titulares de unidades técnicas del Instituto.
Por su parte, el artículo 48 establece que la Junta General Ejecutiva debe reunirse al menos una vez al mes para coordinar y ejecutar actividades administrativas y operativas relacionadas con la organización de elecciones y el funcionamiento del Instituto.
El acuerdo aprobado instruye a la Secretaría Ejecutiva (SE) a presentar el proyecto de demanda de controversia constitucional el 8 de noviembre de 2024 a las consejerías del Consejo General para su análisis y validación.
Las consejerías tendrán hasta el 13 de noviembre para realizar comentarios, los cuales deberán ser atendidos por la SE con el apoyo de la Dirección Jurídica, con el fin de mejorar y fortalecer la argumentación del proyecto.
