jornada.com.mx
En la mayor parte del país está rebasada la capacidad que tienen los servicios periciales para el manejo de cadáveres y eso se debe en gran medida a que los gobiernos estatales no destinan presupuesto para crear nuevas instalaciones forenses ni las condiciones necesarias para el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados.
El dinero que se otorga a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se aplica para la adquisición de patrullas o cámaras de vigilancia, mientras miles de cuerpos se acumulan en espera de ser incinerados o depositados en fosas comunes, revelaron integrantes del Grupo de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el que participan representantes de todo el país.
Entidades como Jalisco, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas han tenido contratiempos por la acumulación de restos; es un problema añejo en el país y no se ha puesto atención en los servicios médico forenses. Hace unos cinco años existía un proyecto para tener un solo modelo de servicios y se acabó porque no hubo suficientes recursos porque los gobiernos estatales no han tomado en consideración las necesidades de los servicios forenses, señalaron jefes periciales entrevistados.
En meses recientes, tan sólo en Tamaulipas, el gobierno federal por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) colaboró con autoridades locales para regularizar la situación legal de 800 cuerpos que habían sido enviados a fosas comunes.
En Guerrero y Tamaulipas los Semefo están llenos
En México hay entidades que no cuentan con la capacidad económica y material para tomar muestras genéticas y antropológicas de cada resto, por lo que incluso se han llegado a firmar convenios de colaboración interestatales o con la Federación para atender los casos de restos encontrados en fosas clandestinas en el estado de Veracruz.
En Guerrero, alrededor de 750 cuerpos, la mayoría no identificados, permanecen en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) ubicadas en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Organizaciones de familiares de desaparecidos en la entidad han exigido al gobierno estatal que se les practiquen los exámenes de ADN, pero hasta el momento no han tenido una respuesta favorable.
Un reporte gubernamental denominado Situación del Servicio Médico Forense en Guerrero, de septiembre de este año, refiere: estas unidades se encuentran saturadas de cuerpos de personas fallecidas sin identificar en su máxima capacidad de almacenamiento, conservación y resguardo dentro de sistemas de refrigeración.
Por eso se invirtió en la compra de frigoríficos para las unidades médicas forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco y se ha dado mantenimiento a los existentes con el propósito de hacer más eficiente la gestión y manejo de los cuerpos.
Aunque esta entidad cuenta con un panteón estatal ministerial forense, extraoficialmente se sabe que en el Semefo de Acapulco hay más de 300 cuerpos; el de Chilpancingo, más de 200, y en el de Iguala, cerca de un par de centenas de cuerpos sin identificar.
En Tamaulipas, entre los meses de abril y junio fueron sepultados en el panteón forense 265 restos no reclamados de personas víctimas de enfrentamientos entre grupos delictivos en cinco ciudades de la denominada frontera chica, que comprende Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Nuevo Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán
En el caso de Veracruz, aunque la Fiscalía General informó que los restos localizados en fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe y los extraídos en marzo del 2017 en El Arbolillo ya cuentan con registros genéticos, aún no han sido identificados. Tenemos restos de más de 300 personas que ya están con perfil genético, pero no hemos tenido concordancia con los datos de personas que han reportado la desaparición de algún familiar, indicó la dependencia.
En el estado de Chihuahua, en los 10 años recientes han sido enviados a la fosa común los restos de mil 350 personas, la mayoría de ellos del sexo masculino, además de mujeres que no han sido identificados por familiares, junto con otros 50 cuerpos de los que sí tenían sus nombres, pero no fueron reclamados.
El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos Huerta Muñoz, afirma que toda la información con los perfiles genéticos de los restos y cuerpos sin identificar son compartidos con las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades del país y con la PGR, con el propósito de extender la confronta.
La misma fiscalía tiene abiertas más de 2 mil 100 carpetas de investigación por denuncias de desaparición del año 2000 a la fecha, ya existen perfiles genéticos de al menos 4 mil personas, familiares de desaparecidos y de cuerpos que han sido enviados a la fosa común.
Al respecto, el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) tiene actualmente bajo su resguardo en cámaras frigoríficas los cadáveres de 75 personas que han muerto en hechos violentos durante el presente año y que no han sido identificadas. Otras 35 personas con la misma calidad de desconocidas, han sido enterradas en la fosa común en el mismo periodo.
Al final de este año, si no hay familiares que acudan a reconocer los restos, los cadáveres no identificados serán llevados al panteón. Durante 2017 fueron 65 restos enviados a la fosa común.
En la entidad existen dos unidades del Semefo adscritos al IZCF, en Fresnillo y Zacatecas. Cada una cuenta con cámaras frigoríficas especiales para contener entre 60 y 100 cadáveres de personas no identificadas, respectivamente. El primero resguarda hoy 36 cuerpos, el segundo 39.
La dirección de Comunicación Social de la fiscalía estatal indicó que se han aplicado 17 millones de pesos para el mejoramiento de las instalaciones en la ciudad de Colima, en donde incluso ya cuentan con un laboratorio especializado de análisis de ADN para identificación de cuerpos, aunque también se utiliza la forma tradicional, que es la comparecencia de los familiares, aunque se negó a proporcionar información relacionada con el número de cuerpos que se mantienen en las instalaciones del Semefo, ni su capacidad.
En Colima, durante dos años se apilaban los restos en las morgues de la entidad. Desde 2016, el trabajo de identificación de cadáveres se generó en condiciones de insalubridad debido a que los cuerpos se apilaban en los cuatro forenses que opera la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el ex titular de esa dependencia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en su comparecencia ante el Congreso en 2017, al hacer un recorrido por las instalaciones del Semefo, encontró cuerpos que llevaban más de dos años apilados y tirados a un lado de las planchas donde se practican las necropsias, por lo que impulsó políticas para cambiar esas condiciones periciales.
