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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Italia determinará a qué país entrega en extradición al exgobernador de Tamaulipas Jesús Tomás Yarrington Ruvalcaba, pero todo apunta a que será enviado a Estados Unidos, cuyas autoridades le han fijado la penalidad más alta: dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión.
En México se considera aplicar al exmandatario una condena de 20 años de cárcel, pese a que en los dos países se le acusa de los mismos delitos: importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.
En conferencia de prensa, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, explicó hoy que esta institución emitió el acuerdo A183 para recompensar con hasta 15 millones de pesos a quien o quienes proporcionaran información sobre Yarrington Ruvalcaba.
A partir de lo anterior, dijo, las instancias de inteligencia del Estado mexicano, bajo la conducción de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se avocaron a realizar investigaciones obteniendo información útil para la localización de Tomás Yarrington en Italia, la cual fue proporcionada por Interpol México a las autoridades de ese país, obteniendo como resultado la detención del exmandatario el 9 de abril a las 21 horas, tiempo de Italia, en la ciudad de Florencia. Actualmente se encuentra detenido en la prisión de Sollicciano, en Florencia, apuntó.
De acuerdo con el marco jurídico de Italia y de otros países, la notificación roja de Interpol tiene la fuerza para la detención provisional con fines de extradición del reclamado.
El gobierno mexicano, en los términos del artículo 12 del Tratado Bilateral de Extradición entre México e Italia, ha requerido por los conductos diplomáticos las correspondientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Posteriormente deberá presentar de manera formal la extradición en contra de Yarrington dentro de los 60 días siguientes.
Se tiene conocimiento de que las autoridades de Estados Unidos también cuentan con una notificación roja contra el exgobernador de Tamaulipas, por lo que se prevé que el detenido también sea objeto de un requerimiento de extradición por parte de ese país.
Conforme al artículo 13 del Tratado Binacional de Extradición entre México e Italia, cuando alguna de las partes reciba solicitudes de extradición respecto de la misma persona reclamada, el Estado requerido, en este caso Italia, al tomar la decisión de a qué país la entregará, tendrá que tomar en consideración las particularidades del caso, como la gravedad de los diferentes delitos.
En ese sentido, la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de Estados Unidos de dos cadenas perpetuas más 90 años de cárcel.
Y si las solicitudes fueron presentadas con base en el tratado internacional, tanto México como Estados Unidos tienen celebrados tratados bilaterales con Italia.
Sobre el tiempo y lugar de la comisión de los delitos, la temporalidad en México es de 1998 a 2005 y el lugar de la comisión es Tamaulipas por delitos contra la salud. Por parte de Estados Unidos la temporalidad es de 1998 a 2013, en Texas y Tamaulipas, por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.
Respecto de la nacionalidad y lugar se residencia habitual de Yarrington, sólo cuenta con la nacionalidad mexicana y su lugar de residencia habitual es su país de origen.
Por lo que se refiere a las fechas respectivas de las presentaciones de la solicitud de alerta, México subió la notificación roja el 17 de diciembre de 2012, mientras que Estados Unidos lo hizo el 1 de marzo de 2016.
En cuanto a la posibilidad de una extradición posterior a un tercer Estado, ambos países –Estados Unidos y México– tienen esa posibilidad con base en el tratado bilateral.
Por lo tanto, las autoridades Italianas deberán considerar los elementos mencionados para otorgar la extradición de Yarrington a cualquiera de los dos países.
Acerca de si Estados Unidos tiene prioridad para que el exmandatario tamaulipeco sea enviado a ese país, ya que cooperó con Italia para su detención, Alberto Elías Beltrán aclaró que el gobierno mexicano, a través de Interpol México, ha tenido labores de inteligencia que ha compartido con las autoridades italianas, las cuales lograron finalmente identificar al exgobernador.
También se tiene conocimiento de que el gobierno de Estados Unidos comunicó información valiosa para la detención en Italia, sin embargo, la colaboración que se haya tenido o no con las autoridades de ese país no da una prelación para determinar a qué nación se debe de dar la extradición, porque se tiene que cumplir con los tratados internacionales, apuntó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Pero aclaró que es una decisión que deben evaluar y tomar las autoridades italianas con base en los elementos arriba señalados, y ahora –agregó– no se está en condiciones para determinar a qué país se dará en extradición, ya que el proceso aún no inicia porque no han llegado ni se han ejecutado las órdenes México-Italia, Estados Unidos-Italia.
Al preguntarle si la balanza se inclina hacia Estados Unidos, expresó que el interés es que se juzgue y sancione cualquier acto que vaya en contra de delincuencia organizada y contra la corrupción pública.
Sobre cuál de los seis puntos es el que pesa más para enviar en extradición a Yarrington, insistió que son elementos que debe valorar la autoridad italiana, sin embargo –apuntó–, es probable que pudiera ser dirigido a la parte de la sanción de dos cadenas perpetuas, aunque México tiene de su parte la nacionalidad y la residencia.
Señaló que México no participó de manera física en la detención, sino con información de inteligencia para la localización del acusado.
Al indicar que México está pendiente de ejecutar la orden de detención contra el exgobernador de Tamaulipas, el funcionario federal dio a conocer que al momento de la captura de Fernando Alejandro Cano, señalado como el principal socio de Tomás Yarrington, aquél dijo que no contaba con ficha roja de detención o notificación a Estados Unidos de que se encontraba en México, y tampoco existía una solicitud de detención por parte del gobierno estadunidense.
Sobre los exgobernadores Tomás Borge y Eugenio Hernández, aclaró que la PGR no cuenta con órdenes de detención.
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