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GUADALAJARA, Jal. (apro).- Alejandro Jacobo Lomelín Ruiz heredó 180 bienes inmuebles ubicados en diferentes lugares de la zona metropolitana de esta capital, con un valor estimado en 35 mil millones de pesos, sin embargo, nunca dispuso de ellos porque empresarios lo despojaron de sus propiedades.
Ello ocurrió con la complicidad de notarios, funcionarios y exservidores públicos municipales y estatales que están o estuvieron en funciones desde hace cinco administraciones a la fecha.
Alejandro Lomelín falleció el pasado 18 de diciembre a los 87 años de edad, por una enfermedad que no pudo costear, pese a ser millonario. En el camino jurídico por recuperar la herencia –expediente 1257/91– que le dejaron sus abuelos y su madre, fue encarcelado, acusado de haber suplantado su propia identidad para poder vender parte de sus propiedades.
Proceso Jalisco (14/1/17) publicó que en 2015 Alejandro Lomelín fue acusado de fraude, asociación delictuosa y despojo de un predio de 23 hectáreas, valuado en al menos 900 millones de pesos, ubicado en la confluencia de Mariano Otero y López Mateos, donde se encuentra el salón de eventos Trasloma. Ese sitio actualmente está en posesión de la familia Hemuda, conocida por su influencia política y por sus negocios inmobiliarios.
Por ese asunto, el octogenario fue aprehendido el 10 de noviembre de 2016 y remitido al penal de Puente Grande, pero con una fianza fue liberado el 3 de enero de 2017. En esa ocasión, su entonces abogado acusó que la familia Hemuda despojó a Alejandro Lomelín de dicho terreno, con la presunta ayuda de jueces y funcionarios, al suplantar su identidad y falsificar documentos.
Para despojarlo de las 180 propiedades se operó de la misma manera, es decir, se suplantó su identidad en la compra-venta de los bienes, en algunas de las cuales se le atribuyó una participación directa y en otras se hizo mediante el otorgamiento de poderes notariales apócrifos.
Arroyo Embrillado
Para despojarlo del predio Arroyo Embrillado, de poco más de 18 hectáreas –valuado en 500.7 millones de pesos–, ubicado en el poblado de Santa Ana Tepatitlán, en Zapopan, el 17 de agosto de 1994 un sujeto identificado como Rigoberto Rivera Hernández consiguió ante el notario público 60, Conrado Cevallos Ponce, un poder general judicial para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio que presuntamente le otorgó Alejandro Lomelín.
Ante Conrado Cevallos se protocolizó la escritura 33410, con fecha 18 de julio de 1994, en la que quedó estipulado que Alejandro Lomelín era el único heredero de los 180 bienes a nombre de sus abuelos maternos, Rosalío Ruiz Barrera y Aurelia Galindo González, así como de su progenitora, María Luisa Ruiz Galindo.
Por este último caso se presentó una denuncia el 26 de abril de 2016 ante la extinta Fiscalía Central del Estado de Jalisco, en contra de Rigoberto Rivera, por el delito de fraude, falsificación de documentos y despojo contra Lomelín Ruiz.
Como prueba se presentó un contrato de compra-venta del 19 de agosto de 1999, que se protocolizó ante el notario 9 de Zapotlanejo, Jalisco, Elías Morán Díaz. El contrato presuntamente se firmó el 18 de septiembre de 1998 ante el notario 106 de Monterrey, Nuevo León, José Garza de la Garza, entre Bernardo Martínez Rábago como apoderado de Lomelín, y el comprador fue Víctor Javier Villarreal Gutiérrez. Según la escritura 10665, solo adquirió alrededor de 500 mil metros cuadrados.
Bernardo Martínez entregó la escritura pública 5133 con fecha 4 de septiembre de 1996, pasada ante el notario público 6 de Guadalajara, Juan Lomelí García, para demostrar que era el representante legal de Lomelín. De acuerdo con la denuncia, Bernardo Martínez obtuvo el poder a través de Rigoberto Rivera.
En noviembre de 2005, la extinta Procuraduría General de Justicia del estado emitió órdenes de aprehensión en contra de Juan Lomelí, Conrado Cevallos –quien se suicidó en 2007 en su notaría– y empleados del Registro Público de la Propiedad.
En la querella, Alejandro Lomelín aseveró que nunca conoció a Rigoberto Rivera, “mucho menos firmó ni autorizó ningún poder”.
El presunto comprador, Víctor Villarreal, vendió Arroyo Embrillado a José Luis Morales Montes –según la escritura 55,305 elaborada ante el fedatario 2 de Tlaquepaque, Fernando Silva Sahagún– en 4.7 millones de pesos. Por la transacción se pagaron 118 mil pesos de impuestos.
Ante ello, Alfonso Vázquez Mendoza, abogado del afectado, refirió que “con lo que denuncié ante el Ministerio Público, reitero que desde hace años se están llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita o bien cometiendo fraudes fiscales en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en complicidad con funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno, notarios públicos sin escrúpulos, en asociación con particulares”.
Los Robles
El 15 de septiembre de 2018, Alejandro Lomelín, a través de su abogado Alfonso Vázquez, demandó por la vía civil (se radicó en el Juzgado Cuarto bajo el expediente 829/2018) a los directores de Archivos de Instrumentos Públicos, del Registro Público de la Propiedad y Comercio, y de Catastro de Zapopan, así como al notario público 6 de Zapopan, César Eduardo Agraz (finado), y exigió la cancelación de una escritura pública, la nulidad del contrato de compra-venta del predio Los Robles y la cancelación de la cuenta catastral y predial a nombre del presunto dueño, Víctor Eduardo Belmonte Espinoza.
En el presunto contrato, Alejandro Lomelín vendió a Víctor Belmonte el predio de poco más de 11 hectáreas, con un valor estimado de más de 500 millones de pesos, localizado en prolongación Mariano Otero, con ingreso por avenida Paseo del Bosque, en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, según la escritura 3658 que emitió el 23 de noviembre de 2001 el notario Agraz.
En ese lugar se edificaron cinco cotos, cuyas viviendas se cotizan en 3.5 millones de pesos, y el metro cuadrado se oferta en 7 mil 550 pesos. En su querella, Alejandro Lomelín aseveró que su identidad fue suplantada, puesto que ni por apoderado, ni en persona, celebró el contrato y mucho menos recibió un pago por la propiedad.
Como respuesta, el 5 de noviembre de 2018 el aún titular de la Dirección de Catastro, Sergio René Beas Casarrubias, respondió al Juzgado Cuarto que no cancelaría la cuenta hasta que no exista una sentencia ejecutoriada.
El 9 de noviembre de 2018, el director Jurídico del Registro Público de la Propiedad, Alberto Rojas Hernández, respondió en el mismo sentido que Beas Casarrubias.
Trasloma
El 7 de octubre de 2010, el juez Segundo de lo Mercantil ordenó que se entregara a Alejandro Lomelín el predio Trasloma, cuyo valor comercial se calcula en 4 mil millones de pesos. Ese inmueble mide más de 111 mil metros cuadrados y forma parte de los potreros El Casco I, El Casco II, Las Mulas y Las Mulas II.
Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el 22 de octubre los sindicatos de Empleados en Comercio y Oficinas Particulares en el estado de Jalisco, y el de Trabajadores de la Industria Constructora del estado de Jalisco, emplazaron a huelga (expedientes laborales 3068/10/1-D y 3058/10/5/5-D, respectivamente) ante el incumplimiento del contrato colectivo de su patrón, Consorcio Alex, S.A. de C.V. (administradora de inmuebles), cuyo representante es Antonio Hemuda Debs.
El sindicato quedó como depositario del bien “por todo el tiempo que dure el término de la prehuelga”, por lo tanto, no se entregó la posesión el 22 de noviembre de ese año, como había ordenado el juez.
Roberto Hemuda Debs, en su calidad de administrador general único de Consorcio Alex, solicitó el 30 de noviembre de 2010 un amparo directo (310/2010) en contra de la decisión del juez Segundo de lo Mercantil, en el sentido de regresar el predio de Trasloma a Alejandro Lomelín, pues reclamó ser el dueño.
Incluso dijo contar con tres escrituras públicas que datan de 1968 y que suman 134 mil metros cuadrados, así como otras seis que se emitieron entre 1994 y 1999, que representan un total de 3 mil 582 metros cuadrados. Entre todas dan un total de 137 mil 582 metros cuadrados. En su escrito, la familia Hemuda sostiene ser propietaria de un total de 142 mil 347 metros cuadrados, pero las cuentas no cuadran.
En su escrito, los Hemuda también mencionan que promovieron un juicio (expediente 1033/04) contra Rigoberto Rivera, quien vendió el predio Arroyo Embrillado, porque intentó ofertar el predio de Trasloma en su calidad de apoderado de la madre de Alejandro Lomelín. El 16 de diciembre de 2010, el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil negó la suspensión definitiva.
La huelga oficialmente no se ha levantado, sin embargo, en Trasloma es frecuente que se realicen fiestas, conciertos, presentaciones de circos y hasta eventos políticos. El abogado Alfonso Vázquez señaló que la acción fue un ardid legal para evitar que se entregara el predio a su cliente, y que es inexplicable que se dé uso al lugar, cuando no está resuelta la supuesta huelga.
Denuncia en la PGR
Luego de detectarse que a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se tramitó, a nombre de Alejandro Lomelín, el amparo número 1172/2016-II ante al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, con el cual se pretendían “adjudicar derechos” de un predio denominado Tasquinque con un valor aproximado de 60 millones de pesos a favor de un desconocido, el afectado acudió ante el Juzgado para advertir que no había solicitado ese recurso y que no reconocía la firma que aparecía en la demanda. El juez pidió que se identificara, y le mostró su credencial para votar.
El juez de Amparo giró un oficio al Instituto Nacional Electoral, que corroboró la autenticidad de la identificación, mientras que el promotor de juicio de garantías presentó un documento apócrifo. Posteriormente dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía General de la República– para que iniciara una investigación.
En enero de 2017 se abrió la carpeta FED/JAL/GDL/0000347/2017, que quedó en el Ministerio Público Federal de la agencia 18. “Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha logrado obtener la declaración de los implicados, menos aún la consignación de persona alguna, ni tampoco la reparación del daño, que en su caso bien podría ser la restitución del inmueble” a la familia de Alejandro Lomelín, de acuerdo con el abogado.
Ante la posibilidad de que continuaran las transacciones ilegales, el afectado acudió a ampliar su denuncia ante la PGR para protegerse contra “acciones legales futuras” en las que se le pudiera involucrar por fraude fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada u otras.
La PGR envió la información de la carpeta de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero hasta la fecha nada se ha resuelto.
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