proceso.com.mx
XALAPA, Ver. (apro).- Mientras el exgobernador Javier Duarte de Ochoa aguarda la segunda solicitud formal de extradición –el próximo martes 4– para enfrentar la justicia en su país; en Veracruz, su equipo político se desquebraja, sus amigos lo traicionan, quienes ya están en la cárcel lo señalan como “el principal responsable” y, peor aún, hay colaboradores cercanos que, de forma soterrada o en abierto, ya se refugiaron en el gobierno de su acérrimo rival –y quien presume de haberlo metido a la cárcel–, Miguel Ángel Yunes Linares.
En el Comité Directivo Estatal del PRI, funcionarios apuntan al exsecretario particular de Duarte, extesorero de Veracruz, exsubsecretario de Desarrollo Social, exoficial mayor de la SEV y hoy diputado de Nueva Alianza –todos esos cargos obtenidos por impulso del exmandatario–, Vicente Benítez González.
El 17 de junio pasado, el grupo legislativo del PAN en Veracruz lo presentó –desde su cuenta de Twitter @GLPANVer– como uno más de su bancada. Los panistas se reunieron con el gobernador Yunes en el Palacio de Gobierno para analizar la situación de las finanzas, luego de la emergencia financiera que dejó la administración de Duarte de Ochoa, donde el propio Benítez fue tesorero durante más de un año.
Durante dicha reunión privada se acordó –como en tiempos del expriista- programar la adquisición de créditos a “corto plazo” por montos globales no mayores a los 10 mil millones de pesos, así como continuar con la reestructuración de la deuda.
La fotografía de Benítez González con el gobernador Miguel Ángel Yunes originó memes en las redes sociales: por ejemplo, los usuarios utilizaron una foto del mandatario con su hijo Omar abrazado, para yuxtaponer la cara de Benítez en lugar de la del vástago del gobernador.
En San Lázaro hubo bromas entre los diputados federales del PRI –otrora colaboradores de Duarte– quienes festinaron que Vicente Benítez fue a “enseñarles a los panistas” cómo se activa “la licuadora” en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para desviar recursos del erario.
Benítez González aparece como protagonista en las denuncias con los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014, mismos que la dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una decena de servidores públicos del gobierno de Veracruz por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, tan sólo en la cuenta pública 2011, alusiva al primer año de gobierno duartista.
“Se realizaron movimientos bancarios con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas, para luego retirar los recursos reintegrados a una cuenta diferente sin que se tenga certeza de que hayan sido ejercidos para el cumplimiento de los objetivos”.
Así se lee con frecuencia en las denuncias que desahogó la PGR a petición de la ASF y en las que aparecen enlistados como “rubricantes” de estas transferencias irregulares el propio Benítez González, Mauricio Audirac –extesorero de Duarte y ya con prisión preventiva de un año en la cárcel de Pacho Viejo–, así como los diputados Tarek Abdala –con un juicio de procedencia estancado en San Lázaro– y el diputado local, Juan Manuel del Castillo.
En el norte de la entidad, la familia de Ricardo García Guzmán –quien obtuvo diversos cargos públicos en la administración duartista–, ya fue incorporada al círculo cercano del gobierno de Yunes Linares. Se trata del contralor general del estado y cercano a Duarte (julio-2014-diciembre 2016) que fue precandidato único del PAN a la alcaldía de Panuco en el pasado proceso electoral. Su aspiración fue frenada por el Comité Ejecutivo Nacional panista quien advirtió su cercanía con el exgobernador.
Como consuelo, su hijo, Rodrigo García Escalante, diputado local de la coalición Juntos por Veracruz (PRI-PVEM) fue cobijado en el PAN. El otro hijo del excontralor, Ricardo García Escalante, tiene una carrera política sui generis: fue diputado local panista (2010-2013); como gobernador, Duarte de Ochoa lo convenció de pasarse al PRI y darle la candidatura a la alcaldía de Panuco, donde actualmente gobierna y ahora se alista para el próximo año ser candidato a diputado local –por segunda ocasión– de nuevo en el PAN, cobijado en el grupo político de Yunes Linares.
Como contralor general del estado, García Guzmán avaló en 2014, 2015 y 2016 las sesgadas declaraciones patrimoniales del propio Duarte, además de las de Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Francisco Valencia y Mauricio Audirac, todos ellos acusados de peculado y enriquecimiento ilícito.
Apenas el jueves 29, en Aristegui Noticias, el reportero Víctor Hugo Arteaga –quien colaboró con el portal Animal Político en los reportajes alusivos a las empresas fantasma–, se quejó con Carmen Aristegui que el entonces contralor de Duarte, Ricardo García, lo citó en la Ciudad de México para soltarle la siguiente letanía: “El señor es rencoroso (en alusión a Duarte) y tú tienes hijos pequeños, hazte a un lado”, le soltó el funcionario a Arteaga. El periodista optó por declinar sus investigaciones y retractarse de ellas.
“De medio pelo”
En la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del gobierno de Yunes Linares ya trabajan como “funcionarios de medio pelo” los expriistas Paul Martínez Marie y Julián Loyo Helo. El primero comenzó en la vida política como simple asistente del jefe de asesores del exmandatario, Juan Manuel Velázquez Yunes. En la primera elección intermedia, Duarte impulsó a sus subordinados: a Velázquez Yunes lo hizo diputado local por el distrito de Perote, y a Paúl Martínez, alcalde de dicha ciudad.
En el caso de Julián Loyo, éste trabajó en la Subsecretaría de la Juventud, impulsado y protegido por su “madrina” Karime Macías. Una vez concluido el gobierno de Duarte, Loyo optó por cambiarse de grupo político.
Muy cercanos al exmandatario, los exsecretarios de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz –hoy delegado federal del Banco Nacional de Obras–, el exsubsecretario de Sefiplan, Gabriel Deantes Ramos –hasta diciembre del 2016 secretario del Trabajo y Previsión Social– y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, continúan en libertad gracias a sendos amparos otorgados por el juez Miguel Ángel González Limón, del Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal maneja sus nombres en los números de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016 y en los cuales se tiene como tesis que los exfuncionarios de Duarte están en salvaguarda de “cualquier acto privativo de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia PGR.
El caso de Deantes Ramos es sui generis porque, aunque está señalado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en los círculos priistas es conocido como el “mapache electoral mayor”, el Poder Judicial del Estado únicamente le tiene embargados algunos bienes inmuebles, tres cuentas bancarias y cada 15 días acude a rubricar a los juzgados de Pacho Viejo para demostrar a la autoridad que no se ha dado a la fuga, como otros exfuncionarios duartistas.
Tan sólo en Xalapa, Deantes acumulaba como propiedades tres residencias en Las Ánimas y Monte Magno, así como dos plazas comerciales en zonas de alta plusvalía, pese a que en sus inicios en política era un modesto vendedor de muebles en Tamaulipas. La FGE lo señala por enriquecimiento ilícito, pues en el descargo de pruebas no pudo comprobar la tenencia de 50 millones de pesos en cuentas bancarias.
Gabriel Deantes ya había sido exhibido por el PAN en unos audios presentados a la prensa en mayo del 2016, en los que se le escucha decir que ya “platicó” con Javier Duarte y con el (entonces) candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes, para “negociar” y “clavar posiciones políticas” a cambio de “un vergazo” (sic) de 20 mil millones de pesos, los cuales serían obtenidos en un nuevo crédito que endeudaría más las arcas de Veracruz.
“Que ese dinero se quede autorizado en el Congreso y así el Ejecutivo los utilice cuando le dé su puta gana… Usted no toca un peso, aquí tienes 20 mil millones, obviamente si gana el PRI, tenemos tiempo para hacerlo… Si no ganamos, que se rasquen como puedan”, se escucha a Deantes.
En la misma conversación telefónica, bautizada como “Baraja de cambio”, Gabriel Deantes sugirió “inflar” a los candidatos de Morena con dos millones de pesos para cada uno. Hasta la fecha, el propio Yunes Linares y el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, siguen enfrascándose por dichas aseveraciones de corrupción.
En la cárcel, todos abandonaron
Actualmente, en la cárcel de Pacho Viejo ya se encuentran recluidos exfuncionarios cercanos a Duarte: de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita; de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; de Obras Públicas, Francisco Valencia y de Comunicación Social, Gina Domínguez, todos con prisión preventiva de un año por los delitos de coalición, peculado, omisión de un deber legal, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Los cuatro han señalado al unísono en audiencias por separado que todos los movimientos irregulares, “transferencias bancarias”, toma de participaciones federales para otros fines, retiros en efectivo, contratos a empresas fantasma y demás, los hacían por instrucción directa de Javier Duarte.
Es más, en un audio que circuló en redes sociales, se escucha nítida la voz del extitular de la SSP, Bermúdez Zurita –conocido como Capitán Tormenta al interior de la corporación– de exonerarse de haber cometido irregularidades en el pasado proceso electoral, cuando el PRI perdió la gubernatura y argüir que fue “por instrucción” de Javier Duarte, que funcionarios del gobierno le entregaron mil 300 millones de pesos al entonces candidato priista Héctor Yunes, quien al final perdió la gubernatura con su primo-hermano, Miguel Ángel Yunes Linares.
“Yo no los moví (el dinero), los protegía cuando el dinero llegaba, les ponía una patrulla. La movilización la repartió gente del candidato (sic)”, se escucha en el audio, en el cual Bermúdez Zurita narra a detalle que los interlocutores de Yunes para recoger los millones de pesos eran el exsubsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora Domínguez, y el exfuncionario de Desarrollo Económico en el sexenio de Miguel Alemán, Fernando Vázquez Rigada.
Hoy en día, además de Deantes, continúan en libertad –y al parecer bajo un manto de protección oficial–, los legisladores federales priistas y otrora cercanos a Duarte, Erick Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso, Alberto Silva, así como los diputados locales Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo.
De éstos, los propios priistas señalan a Benítez, Del Castillo y a Lagos Hernández de haber pactado “impunidad” con Yunes Linares a cambio de documentos que hundan más a Duarte, Bermúdez y Gina Domínguez.
La maldita herencia duartista
Y mientras Yunes Linares continúa enfrascado en su pleito con Javier Duarte, quien la semana pasada le envió tres comunicados desde la cárcel, criticando su “gobierno fallido” y acusándolo de corrupto; la entidad que ahora está bajo las riendas de Miguel Ángel Yunes continúa desangrándose por la espiral de violencia.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte diciembre 2016-mayo 2017, en seis meses se han registrado mil 218 homicidios, de los cuales 413 han sido con arma de fuego. En la categoría de “otros” entran 707 homicidios, de los cuales el Secretariado Ejecutivo no desglosa cuántos entran en la categoría de cuerpos ejecutados, abandonados a orilla de carretera, en exhumaciones clandestinas o desmembrados.
En junio, el conteo realizado por Proceso y Apro ronda los 100 ejecutados, sin contar los homicidios dolosos del fuero común. Tal vez el sábado 17 fue el día más sangriento de este gobierno con 16 ejecuciones, entre ellas, la del coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagne Velasco. Una semana antes del proceso electoral (4 de junio) hubo ocho ejecutados y una semana posterior, fueron 10 más, todos ellos, ocurridos en fin de semana.
El propio Yunes Linares ha reiterado en diversas ocasiones de que 70% de los homicidios dolosos en la entidad se deben a “enfrentamientos entre ellos” por el control de las actividades ilícitas. El funcionario se vanaglorió que van por “300 objetivos específicos” generadores de violencia e integrantes de varias organizaciones de la delincuencia organizada.
En la mayoría de las recientes ejecuciones, se han dejado mensajes de amenaza rubricados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra células de Los Zetas, pero también de amenazas al actual gobierno y al titular de la SSP, Jaime Téllez Marie.
Igual que el gobierno de Duarte, la administración de Yunes Linares y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se muestran recios a poner nombres a las organizaciones delincuenciales que operan en la entidad.
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Foto: Miguel Ángel Carmona
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Foto: Miguel Ángel Carmona
Sin embargo, mediante lonas, narcomantas y mensajes enterrados en los cuerpos de sus víctimas se ha logrado saber que el mapeo criminal ha cambiado su configuración. Policías ministeriales inconformes con el nuevo gobierno también han filtrado datos a la prensa, en lo que llaman una nueva guerra “sin ton, ni son”.
En el sexenio de Fidel Herrera, Los Zetas ocuparon el mapeo criminal durante gran parte de su administración. Hacia el ocaso, entró una organización denominada “Gente Nueva”. Ya en el sexenio de Duarte, hubo entrada de nuevas organizaciones criminales: “Matazetas”, “La Nueva Empresa”, ambas escisiones del Cártel de Sinaloa y el CJNG, que se expandió de norte a sur de Veracruz.
En el último trimestre del 2015 –revela una fuente de la FGE–, el CJNG hizo alianza con la organización Antrax y Cártel de Sinaloa para expulsar a células de Los Zetas en el corredor industrial, Córdoba-Orizaba, así como en la zona serrana que tenía rutas estratégicas de robo de combustible (los “chupaductos”) hacia Puebla y en la Cuenca del Papaloapan hacia Oaxaca, también con la finalidad de robustecer el robo de hidrocarburos.
“Se formaron varias bandas de huachicoleros independientes”, además de las células criminales ya existentes. Con la deportación de El Chapo Guzmán y la detención de Dámaso López, los reacomodos de plaza y los coletazos de violencia pegan aquí y en todo el país”, explica.
