Será hasta el próximo 24 de agosto cuando se lleve a cabo su próxima audiencia donde se determinará si es vinculado o no a proceso por el caso Ayotzinapa
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Después de más de 12 horas de audiencia en el Reclusorio Norte, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la noche de este sábado la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa.
En este sentido, el ex procurador permanecerá preso al menos hasta el próximo miércoles 24 de agosto, cuando se lleve a cabo su segunda audiencia a las 08:00 horas, donde se definirá si es vinculado o no a proceso.
De acuerdo a los primeros reportes, la defensa de el ex funcionario solicitó duplicidad del término, por lo cual lo cual fue fijada la próxima fecha. A lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la medida de prisión preventiva justificada.
Esta, argumentaron, para garantizar la comparecencia a la próxima audiencia. En caso de ser vinculado a proceso, se definirá la medida cautelar para el transcurso del proceso en contra del exfuncionario.
Sin embargo, la defensa de Murillo Karam replicó padecimientos crónicos para llevar su proceso en libertad; pero, el juez consideró que había riesgo de fuga por tener un patrimonio de más de 85 millones de pesos.
Al respecto, el político de 74 años prometió en la audiencia presentar la próxima semana pruebas que van a dejar en claro lo que sucedió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
“Son cosas que pueden probar claramente qué pasó y cómo pasó”
Incluso, su abogado Javier López García mencionó que los datos de prueba que ofrecerá Murillo Karam, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Dicha audiencia duró aproximadamente 12 horas en las que se dieron cuatro recesos. En ella la FGR pidió que el exfuncionario fuera vinculado a proceso por los delitos que se le imputan. Argumentaron que el exprocurador permitió torturas de testigos para fabricar la llamada “verdad histórica”.
