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Ciudad de México. Un juez federal desestimó vincular a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República lo acusaba de causar presunto quebranto a la hacienda pública por 124 millones 100 mil pesos al suscribir presuntamente «de manera indebida» el convenio UCD/33901/010/2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) y la extinta Sedesol, el 5 de marzo de 2015.
Sin embargo, a pesar de que la FGR solicitó la vinculación a proceso, el juez de control Fernando Payá Ayala no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo. Al escuchar el fallo fue inevitable que el ex funcionario ocultara una enorme sonrisa.
En la continuación de la audiencia inicial, que duró más de tres horas, las autoridades ministeriales sostuvieron que fue un contrato indebido, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero. Respecto del pago de la prestación del servicio, la Sedesol desembolsó más 124 millones de pesos que se registraron presupuestalmente en la partida Subcontratación de Servicios con Terceros.
Además, comprobó que ésta subcontrató la totalidad de los trabajos que entregó a la Sedesol a un precio de 61 millones 222 mil pesos con dos empresas, equivalente a 49.3 por ciento del monto contratado con la dependencia, de lo cual se desprende que la universidad no contaba con la capacidad técnica, material, ni humana para la realización de los servicios convenidos, aunque el importe de éstos se ajustara a 49.3 por ciento del total del convenio.
Por ello, según la fiscalía se violaron varios artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pero para el juez, De León Mojarro cumplió con los requisitos del convenio y estimó que la responsabilidad de las subcontracciones, así como verificar que se llevarán a cabo los lineamientos establecidos del acuerdo eran de la universidad y de funcionarios de otra áreas y no del imputado.
El acuerdo consistía en el servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico, y así contribuir a alcanzar la meta de atender mediante programas sociales a más de un millón de mexicanos identificados en pobreza extrema alimentaria.
Para la fiscalía, dicho levantamiento no se realizó, aunque la defensa legal de Mojarro sostuvo que sí se llevó a cabo.
La semana pasada, el mismo juez de control no encontró elementos suficientes para vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a quien la FGR lo indagaba por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades por el presunto desvió de 185 millones 839 mil pesos durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
