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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de dos meses del tercer aniversario del multihomicidio de la colonia Narvarte, un juez de Distrito en materia penal negó el amparo contra el auto de formal prisión que solicitaron dos de los tres presuntos asesinos de cinco personas, entre ellas, el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Este jueves, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) informó que el juez mencionado determinó la negativa contra dos inculpados del crimen –Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas–, luego de analizar las pruebas presentadas por la dependencia a cargo de Edmundo Garrido, aunque el caso se desarrolló bajo la gestión de Rodolfo Ríos.
En un comunicado, informó que, con la resolución emitida ayer, “el juez federal resolvió no amparar ni proteger a los quejosos, en virtud de que los elementos presentados por la defensa resultaron ser infundados, además de no advertirse ‘queja deficiente que suplir’”.
Por esta razón, el auto de formal prisión dictado en 2015 por la juez 25 de lo Penal en la Ciudad de México, Hermelinda Silva Meléndez, permanece firme y los dos sujetos deberán seguir el proceso en la zona de extrema seguridad, conocida como “Diamante”, del Reclusorio Preventivo Oriente.
Sólo José Abraham Torres Tranquilino, expolicía capitalino, ha sido sentenciado a 315 años de cárcel y el pago de 57 mil 708 pesos de multa. La condena fue dictada en enero de 2017, pero casi de inmediato fue apelada.
Los tres imputados fueron detenidos entre agosto y septiembre de 2015 como presuntos responsables de cuatro feminicidios y un homicidio doloso cometidos el 31 de julio de 2015 en el departamento 401 del edificio ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.
La noche de aquel viernes fueron hallados los cadáveres de Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica; Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, maquillista; Mile Virginia Martín, modelo de nacionalidad colombiana; Nadia Dominique Vera Pérez, promotora cultural y activista; y Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista colaborador de Proceso.
Los cinco cuerpos tenían el llamado tiro de gracia. Dos de las cuatro mujeres víctimas tenían huellas de violencia sexual y dos, de tortura, igual que el del hombre.
Investigación deficiente
El multihomicidio de la colonia Narvarte ha sido uno de los casos más condenados en México y escala internacional en materia de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, así como de violación a las garantías de libertad de prensa, de información y de expresión.
Es también uno de los casos que marcaron negativamente al gobierno de Miguel Ángel Mancera –actual aspirante a senador de la República y a fiscal general de la nación– y del entonces titular de la PGJ-CDMX, su amigo Rodolfo Ríos Garza. Aunque ambos prometieron que en este caso no habría impunidad, recientemente renunciaron a sus cargos. El crimen sigue sin resolverse.
Y es que, desde el inicio de la investigación, la Procuraduría cometió una serie de irregularidades jurídicas y violatorias de derechos humanos, entre ellas: no resguardar y sí alterar la escena del crimen, no recabar todas las pruebas dentro del departamento, no avisar a los familiares en primera instancia, realizar necropsias incompletas, filtrar información intencionada del expediente a ciertos medios de comunicación, criminalizar a las víctimas, no agotar todas las líneas de investigación y violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Una de las irregularidades que más llamó la atención es que la PGJ se empeñó en difundir la línea de investigación del presunto narcomenudeo entre los agresores y Mile Virginia Martín, aunque no ha presentado las pruebas suficientes y otras han sido desechadas.
En cambio, la dependencia dejó de lado, sin llegar al fondo, las amenazas de muerte y acoso del gobierno de Veracruz -entonces encabezado por Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez- contra Nadia Vera y Rubén Espinosa. Ambas víctimas denunciaron públicamente el hecho meses antes de su ejecución e hicieron responsables a los dos funcionarios si algo les ocurría.
Desde el inicio, la investigación del multihomicidio recayó en Edmundo Garrido, actual procurador, aunque en ese entonces se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJ-CDMX. Ese mismo puesto lo ocupa ahora Marco Reyes, quien al momento del crimen era fiscal de Homicidios, desde donde dirigía la indagatoria.
En junio del 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 4/2017 en la que concluyó que la investigación de la PGJ-CDMX “fue deficiente”.
A casi tres años del multihomicidio de la colonia Narvarte, la autoridad aún no ha esclarecido el móvil, no ha señalado –ni descartado– a autores intelectuales ni ha garantizado a los familiares de las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
