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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) admitir pruebas presentadas por la defensa de las víctimas del espionaje gubernamental a través del software Pegasus, estableciendo las dependencias y funcionarios que fueron responsables de la contratación del sistema, adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia dependencia.
En un comunicado firmado por organizaciones cuyos integrantes fueron víctimas del espionaje, se informó que un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, resolvió el recurso de impugnación 19/2018, relativo a la negativa de la PGR a admitir probanzas presentadas el 20 de febrero.
“Desde el momento en que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de PGR para investigarse a sí misma, por lo que exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantía mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido”, destacaron las organizaciones.
Al convocar a los candidatos presidenciales a que se pronuncien “sobre la importancia de investigar adecuadamente y en su caso sancionar a los responsables del espionaje”, recordaron que “en un Estado democrático, la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Agregaron que desde hace un año que se presentó la denuncia, FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la PGR sólo ha desahogado nueve de 70 pruebas ofrecidas por la defensa, en tanto que 49 fueron negadas expresamente, algunas de las cuales fueron motivo de la impugnación.
Dicha negativa a desahogar las pruebas, “muestra la falta de debida diligencia con la que conduce la investigación de Gobierno Espía”, consideraron las organizaciones que hace un año denunciaron que la vigilancia ilegal incluyó a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como a representantes de los familiares de las víctimas.
El espionaje gubernamental ha sido motivo de pronunciamientos de diversos organismos internacionales de derechos humanos, y en la última audiencia pública del caso Ayotzinapa ante la CIDH, llevada a cabo en Santo Domingo el pasado 8 de mayo, el relator especial de la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió cuentas sobre el curso de la investigación a la representación del Estado mexicano, encabezado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
Las organizaciones relataron que el juez ordenó a la PGR centrar la investigación en la adquisición y “uso ilegal” de Pegasus, por parte de la AIC, pues en la audiencia del 21 de mayo se demostró que el software comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por esa instancia gubernamental.
En dicha audiencia, apuntaron, el juzgador reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación, y la obligación de la PGR de “conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la prueba a las víctimas”.
De acuerdo con las organizaciones, el juez instruyó a la PGR a recibir las pruebas ofrecidas por los denunciantes, “por considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación”.
En ese sentido, la PGR está obligada a “pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron”.
Niega a la PGR reservar la información
Las organizaciones destacaron que durante la audiencia la PGR solicitó “la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella”, misma que fue denegada por el juez, resolución que para las organizaciones “demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a la Procuraduría que paree más comprometida con la impunidad que con la verdad”.
Los denunciantes reiteraron su exigencia de la incorporación de un panel de expertos independientes en la indagatoria “que den garantías de imparcialidad y solidez técnica”.
Firman el comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, El Poder del Consumidor, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social TIC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
