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Juez suspendió de manera definitiva la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada

La exfuncionaria ha permanecido cerca de tres años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por su vinculación en el caso conocido como “La Estafa Maestra”

infobae.com

La orden de captura contra la exfuncionaria Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero fue suspendida de manera definitiva por un juez federal, pues a pesar de que fue girada desde 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) nunca la cumplimentó.

Fue el juez Iván Zeferín Hernández quien otorgó dicha orden para que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fuera aprehendida, luego de verse involucrada en el caso conocido como La Estafa Maestra; sin embargo, nunca fue ejecutada, a pesar de que estos delitos son cosiderados como graves.

A raíz de ello, la defensa de la exsecretaria -quien lleva casi tres años en prisión preventiva- tramitó un amparo contra la legalidad de la orden, de manera que ya no es posible cumplimentarla, pues el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México la suspendió definitivamente, según información obtenida por el periodista Arturo Ángel.

En el caso de la exfuncionaria perredista se le dictó dicha medida cautelar ante el riesgo de fuga (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que al momento en que la FGR solició la orden de aprehensión contra Robles Berlanga, la exfuncionaria ya se encontraba en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, pues su ingreso se registró en agosto de 2019 debido a la omisión por no informar a su superior, Enrique Peña Nieto, sobre el desvío de más de 5 millones de pesos cuando estaba al frente de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A pesar de que en ningún caso la prisión preventiva debe ser superior a los dos años, la defensa de la exfuncionaria ha presentado diversos amparos contra la medida cautelar impuesta, además de que señalan que los cargos por los que se le imputan supuestamente ya están derogados, por lo que su proceso debería ser cancelado.

Sin embargo, el recurso referido con anterioridad aún se encuentra bajo revisión de un tribunal colegiado. Es así que el próximo 13 de agosto, Rosario Robles cumplirá tres años tras las rejas y, con base en las declaraciones de los jueces a cargo del caso, se prevé que se mantenga la prisión preventiva en su contra.

Si bien el delito de omisión no es considerado “grave” y por lo regular no amerita prisión preventiva (a diferencia de la delincuencia organizada), en el caso de la exfuncionaria perredista se le dictó dicha medida cautelar ante el riesgo de fuga y no contar con “arraigo” en la CDMX. También cabe recordar que en su momento se encontró una licencia de conducir falsa con su fotografía, aunque su defensa ha reiterado que no existe tal riesgo y que su representada puede llevar su proceso en libertad.

Se le conoce como la Estafa Maestra a una investigación periodística dada a conocer en septiembre de 2017 (Fotoarte: Infobae, Jovani Silva)

Qué fue la “Estafa Maestra”

La Estafa Maestra fue una investigación periodística realizada en septiembre de 2017 por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se dieron a conocer las estrategias y el modus operandi de actos de corrupción durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

A través de 11 dependencias, el gobierno federal recurrió a un mecanismo en el que se desviaron miles de millones de pesos. El trabajo periodístico surgió a raíz de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente al gasto del gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2014, en el que se detectaron contratos ilegales por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Esa cantidad le fue entregada a 186 empresas, algunas de las cuales no contaban con la infraestructura para dar los servicios por los que fueron contratadas o simplemente no “existían”.

Para ello, el gobierno no entregaba de manera directa los contratos, sino que primero se los daba a ocho universidades públicas, mismas que posteriormente se los daban a las empresas. Por esta triangulación de recursos, las instituciones educativas cobraban millones de pesos por “comsión”.

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