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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el comienzo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador salen a la luz diagnósticos del gobierno de Enrique Peña Nieto cuyos resultados no habían sido hechos públicos pero que aportan información sobre la llamada tragedia humana por la desaparición de personas, drama que México vive como consecuencia de 12 años de “guerra contra las drogas”.
Uno de los hallazgos obliga al ajuste de cifras: no son 37 mil, sino 40 mil 180 las personas que el gobierno tiene reportadas como desaparecidas desde 2006. La revelación fue hecha el jueves 17 por Roberto Cabrera Alfaro, días después de presentar su renuncia como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En conferencia de prensa también alertó sobre la existencia de las huellas dactilares de 36 mil 708 cadáveres que permanecen sin ser identificados. En cuatro mil 546 casos se pudo saber la identidad de las víctimas mediante una confronta de sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.
Hasta el 5 de diciembre, la comisión no obtuvo una pronta respuesta en mil 818 casos cuando solicitó información a los estados en los que las identificaciones dieron positivo. El comisionado dijo que también suponía que ni siquiera existían las carpetas de investigación en las fiscalías o que simplemente desconocían el paradero de las víctimas.
Así, las entidades con más cadáveres atorados en ese limbo de desinformación son Jalisco, con 658 casos; Estado de México, con 129, y Sonora, con 85. Sin embargo, no son las únicas cifras descubiertas.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, creó el documento Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones –del cual Proceso obtuvo una copia parcial– que permite esbozar el tamaño del reto que enfrenta el nuevo gobierno federal y la pesadilla que lacera a miles de familias.
El documento de 73 hojas es un primer corte de caja sobre el número de cadáveres ingresados a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de los estados y que no fueron identificados, también habla sobre la incapacidad de cada entidad para investigar a las víctimas, el número de fosas clandestinas localizadas en esos cinco años y el grado de implementación de las bases de datos que permiten confrontar si los cuerpos ingresados a los Semefos tienen las características de algunas de los reportados como desaparecidos.
En el informe se menciona que al menos 16 mil 520 cadáveres son conservados en anfiteatros o fueron enterrados en fosas comunes de 27 estados. La cifra es conservadora porque carece de información de los gobiernos locales que son focos rojos en materia de desapariciones, como Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Sonora y parcialmente Guerrero, que omitió esos datos. Tampoco respondieron Nayarit ni Campeche.
De esa manera, de acuerdo con los resultados presentados, se puede afirmar que las fiscalías estatales identifican, en promedio, 38% de los cadáveres a su cargo, mientras que la PGR, 39%.
El documento que fue creado por mandato de la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas también da cuenta que bajo la tutela del Centro Médico Forense Federal (Cemefofe) de la PGR fueron ingresados 420 cuerpos exhumados de fosas y que 273 seguían sin tener un nombre.
El grado de éxito en la identificación de cadáveres varía de un gobierno a otro: mientras en Chihuahua –donde la administración estatal firmó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense– es de 78%, en Durango o Michoacán, que sólo contabiliza los casos en Morelia, el promedio es de 7%.
Los estados que reportaron que no pudieron identificar ninguno de los cadáveres que ingresaron a sus Semefos son Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tabasco.
Llama la atención que entidades con alta incidencia de desapariciones, como el Estado de México o Guerrero, no proporcionaron información sobre las víctimas identificadas. En el Edomex, por ejemplo, sólo se menciona que tres mil 497 cuerpos fueron enviados a la fosa común; no obstante, carece de datos sobre cuántos cadáveres habían ingresado en calidad de desconocidos.
El caso de Morelos también resulta incongruente: el gobierno estatal informó que identificó todos los cadáveres que tuvo en sus morgues, pese al escándalo que se desató cuando familiares de desaparecidos descubrieron que la propia Fiscalía local creó cementerios donde arrojó los cuerpos sin identificar.
Inconsistencias
El diagnóstico que la PGR preparó para el gobierno entrante reporta la existencia de mil 136 fosas clandestinas en todo el país. También destaca que parte de su personal participó en las exhumaciones de 266 fosas clandestinas.
El análisis también registró el rezago de la base de datos nacional que se supone que debería contar con la información antemortem (se trata de fichas con las características de los desaparecidos) y postmortem (la descripción y estudio de los cuerpos o restos encontrados), que el Comité Internacional de la Cruz Roja donó al gobierno mexicano en septiembre de 2013. Se trata de una base para comparar entre los datos de los desaparecidos y los perfiles genéticos.
Sobre el avance en la implementación de la base de datos, el documento no menciona a los estados de Aguascalientes, Colima, Morelos y Sonora. Se trata de cuatro estados que presuntamente no han comenzado con el llenado de información que facilitará la identificación de cuerpos.
Del reporte llama la atención que si en México hay más de 40 mil desaparecidos sólo se mencione que se han completado tres mil 783 registros antemortem y sólo dos mil 484 postmortem. El documento agrega que están por actualizarse 16 mil 921 más.
La PGR también explica que desde 2007 registró “un número importante de personas sin identificar” y que desde ese momento comenzaron los esfuerzos para crear registros, herramientas y mecanismos de búsqueda.
En 2011, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que participaron todos los procuradores del país, reconoció la gravedad del problema, pero desde entonces la lista de desaparecidos aumenta.
La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Grace Fernández Morán, aporta más piezas al diagnóstico: “Sólo hay nueve comisiones estatales de búsqueda y el año pasado ya deberían estar instaladas en todo el país.
El protocolo homologado de investigación que supuestamente tenían que seguir la PGR y las fiscalías especializadas quedó muy mal, no se incorporaron los comentarios de las familias y tampoco se capacitó a los Ministerios Públicos.
“No existe el plan nacional de búsqueda que se supone que el comisionado Cabrera iba a presentar estos días; lo que presentó es un índice ampliado, no es un plan”, agrega Fernández Morán.
“Gran ficción”
En días recientes, la Fiscalía de Chihuahua anunció que identificó los restos de 15 desaparecidos y que los entregó a sus familiares. No obstante, hay familias que están a la espera de los resultados de 380 casos más.
El viernes 18, en Huitzuco, Guerrero, comenzó la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda. Durante dos semanas se realizó el rastreo intensivo de fosas clandestinas e intercambio de conocimientos forenses.
Un día antes, el gobierno federal publicó el convenio para la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Y el día previo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco fue emplazada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que informe sobre 278 cadáveres almacenados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en contenedores de tráileres.
De esa manera, en materia de desapariciones, la agenda pública del gobierno entrante se ha centrado en el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas. Desde la semana pasada existe la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia que investigará los hechos y la ubicación de las víctimas.
“Ayotzinapa es un mecanismo que, si bien nace para un caso específico, tiene un inmenso potencial de impacto colectivo porque en la medida en que este esfuerzo avance y alcance resultados puede ser un modelo a seguir para otras investigaciones”, anunció el gobierno federal.
Sin embargo, desde la Presidencia de la República o de la Secretaría de Gobernación aún no se ha anunciado cuál será la nueva política para atender y enfrentar el problema de las desapariciones de más de 40 mil personas.
Organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) mandaron un mensaje al presidente López Obrador, pidiendo que emita una declaratoria de emergencia. En tanto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México espera desde mayo ser atendido por el nuevo mandatario.
“Si bien estas personas no desaparecieron en su gobierno, a partir del 1 de diciembre se convirtieron en su responsabilidad”, dice Grace Fernández.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, responsable de atender la problemática de las desapariciones, califica como “una gran ficción” la política del gobierno de Peña Nieto y la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas.
En entrevista con Proceso, Encinas cuestiona la cifra de 40 mil desapariciones porque ni siquiera cada estado tiene certeza sobre el número de personas que faltan.
Agrega que tiene un dato que le compartió su antecesor: 26 mil cuerpos no identificados estarían en los Semefos del país.
Pese a las críticas recibidas porque este año se asignaron 400 millones de pesos para la búsqueda de los desaparecidos (68 millones menos que en 2018), el funcionario denuncia la existencia de una simulación durante el sexenio pasado al crearse la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual no tenía dinero para operar y ni para contratar personal.
A decir de Encinas, México requiere bases de datos confiables, un programa nacional de búsqueda, de exhumación e identificación de restos, un rediseño del sistema de medicina legal y forense, la implementación de la ley general contra las desapariciones y el rediseño del sistema nacional de búsqueda que realmente sea implementado en cada estado.
A su vez, Fernández Morán, quien participa en las mesas de trabajo de los colectivos de las víctimas y con la Secretaría de Gobernación, considera que “la palabra desaparecidos sigue estando desaparecida en el vocabulario” del presidente López Obrador y denuncia la falta de estrategias y políticas públicas en la materia”.
Advierte que las señales de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Encinas de “volver a construir” y “borrar” lo anterior sería como empezar otra vez y desconocer el esfuerzo realizado por parte de las familias afectadas, que consiste en el impulso de leyes, mecanismos e instituciones.
“(Ante el equipo de Encinas) hemos presentado los temas relevantes a resolver en la comisión, desde el punto de vista financiero, humano y de estrategias de búsqueda, que requieren todo el apoyo del Estado mexicano.”
Fernández destaca que las familias de los desaparecidos sienten incertidumbre porque pareciera que el nuevo gobierno carece de una estrategia para enfrentar esta crisis.
Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos y asesor de la organización Fundem, dice que las cifras recientemente dadas a conocer no sólo reflejan la gravedad del problema.
“Atrás de cada número hay una familia que sufre, que está esperando una respuesta del Estado que ha sido fallida, ausente, tardada, tímida y no clara. También el nuevo gobierno ha sido así.
“Un alivio de la crisis es identificar esos cuerpos y regresarle la certeza a las familias sobre qué pasó con ellos. Saber en qué estado están sus casos es un primer paso para empezar a reparar esta grave crisis de derechos humanos”, agrega.
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