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CIUDAD DE MEXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 20/2018 al gobierno de Nuevo León por las muertes de 18 internos y 93 lesionados durante la violencia reportada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León.
La recomendación va dirigida al gobernador Jaime Heliodoro ·”Bronco” Rodríguez Calderón y al fiscal general estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
A través de un comunicado se informó que en los hechos registrados el 9 y 10 de octubre de 2017 se comprobó que la Fiscalía General no ha realizado una indagatoria diligente para determinar la probable responsabilidad de quienes participaron en el motín, así como tampoco ha practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas murieron –11 de ellas por disparos de arma de fuego— ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.
La CNDH concluyó que las condiciones del Cereso Cadereyta, en particular el autogobierno, propiciaron el motín de los internos, y que el operativo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente.
La CNDH acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del CERESO, “ya que golpearon a los internos de manera innecesaria”.
El organismo recomendó al gobernador de Nuevo León reparar el daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos, otorgarles atención psicológica y médica; asignar recursos presupuestales y materiales para garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del Cereso de Cadereyta, al dotarlos de personal suficiente y capacitado, e instalar equipo tecnológico para la detección de sustancias y objetos prohibidos.
También se recomendó implementar un Protocolo de Manejo de Motines, que privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos y sus familiares .
Además, considera necesario un programa para eliminar sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada de internos y autogobierno, irregularidades que dificultaron preservar la seguridad, orden y tranquilidad, así como garantizar el respeto a los derechos básicos de la población penitenciaria.
Al fiscal se le recomendó efectuar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades; capacitar al personal de esa instancia sobre justicia oral, integración de carpetas de investigación y derechos humanos; aportar los elementos necesarios en el procedimiento administrativo que se inicie ante la Visitaduría General e incorporar copia de la recomendación al expediente personal de las autoridades involucradas en las violaciones a los derechos humanos.
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