proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que en los últimos 17 años ese organismo emitió alrededor de 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, derivadas de más de 11 mil 500 quejas.
La gravedad de la práctica de la tortura fue documentada además por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (SPT), durante su visita a México en diciembre de 2016. Ese informe se conoció en días recientes porque el gobierno de Enrique Peña Nieto lo había mantenido en reserva.
El ombudsman informó que del año 2000 a mayo de 2017 la CNDH proceso 417 quejas por tortura y otras 11 mil 196 por malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes.
De esas denuncias, presentadas por ciudadanos agraviados por autoridades federales, se emitieron cien recomendaciones por tortura y 191 por malos tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En 2017, considerado el año más violento de los últimos años, el organismo emitió 16 recomendaciones en las que documentó tortura o malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes, además de que formuló el documento 5VG/2017 por violaciones graves, en tanto que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) concluyó y dio a conocer ocho expedientes.
Agregó que este año se emitió la recomendación 20128 relacionada con detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual contra una persona en el estado de San Luis Potosí. Los abusos fueron cometidos por 14 miembros de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de la Policía Federal.
El ombudsman confió en que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se convierta en la “oportunidad para enfrentar, abatir y prevenir esta práctica” a través de la materialización de su contenido.
De igual manera, consideró que no debe tolerarse la tortura ni asumirla como “inherente a la investigación de los delitos, ni como cultura o fama de justicia arraigada en nuestro país”.
Al puntualizar que la práctica de la tortura es inaceptable en todos sus términos, resaltó que un solo caso “debe movernos para investigar, deslindar responsabilidades y aplicar sanciones que procedan y, sobre todo, prevenir su repetición”, por lo que recomendó identificar “los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia” esa práctica.
El pasado jueves 12, un grupo de organizaciones de la sociedad civil difundió el informe del SPT sobre el resultado de la visita de expertos independientes a México (del 12 al 21 de diciembre de 2016), que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo “escondido” tras ser entregado al gobierno de Peña Nieto, el 15 de diciembre de 2017.
La CNDH constató que “la brecha existente entre un fenómeno reconocido como generalizado y las escasas sentencias condenatorias por tortura indican que la impunidad ante los actos de tortura es prevalente”.
En el informe se destaca que mientras de 2008 a 2010 “el número de investigaciones por tortura iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) fue extremadamente bajo”, a partir de 2012 la cifra empezó a crecer, superando en la actualidad las 4 mil 700 investigaciones, cifra incompatible con el número de consignaciones, que entre 2008 y 2014 sumaba 33, y mucho menos en comparación con las sentencias en el fuero federal como local que “sigue siendo extremadamente bajo: cinco y 10, respectivamente”.
En cuanto a las deficiencias en las investigaciones de tortura, el SPT consideró preocupante “la gran demora de la PGR para realizar dictámenes especializados y varias deficiencias reportadas, incluso muestras de parcialidad y tendencias a encubrir a sus colegas”.
Entre los hallazgos del organismo destaca que la tortura es aplicada comúnmente en México durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con la finalidad de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco, siendo los responsables de esas prácticas agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los expertos visitaron 32 lugares donde se encontraban o podían encontrarse personas privadas de su libertad en Baja California, Coahuila, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz; tuvieron reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, la CNDH y oficiales del sistema de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil.
El STP resalta que de los sitios a los que acudieron, el único en el que se les impidió el paso fue al 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Iguala, pese a que el organismo tiene facultades para ingresar a todo sitio donde sus expertos supongan que es de detención.
Finalmente, destacó su preocupación por “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.
Las organizaciones que a través de litigio lograron divulgar el informe del SPT son: Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Equis Justicia para las Mujeres, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
