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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de seguridad pública militarizada y el encubrimiento del personal castrense responsable de abusos, desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen organizado”, se pondrán bajo la mira de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el jueves 26 y el viernes 27.
Ello, como parte del litigio contra el Estado mexicano por la desaparición forzada –el 29 de diciembre de 2009– de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a manos del Ejército mexicano.
Remitido a la CoIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2016, luego de que el Estado mexicano dio muestras de incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de fondo de abril de 2016, el de los Alvarado no es el primer caso que llega al tribunal regional en el que se analizan agravios cometidos por militares mexicanos contra la población civil, entre ellos la desaparición forzada.
No obstante, sí es el primero relacionado íntimamente con la decisión del gobierno federal de asignar funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ratificada con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
“En el contexto de la LSI , cobra realmente importancia lo que pueda decidir la CoIDH sobre este caso, en el que nosotros decimos que debe condenarse a México por la participación de los militares en la desaparición y debe inscribirse en la militarización de la seguridad pública”, considera Gabino Gómez Escárcega, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que junto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddac), han representado a los integrantes de la familia Alvarado.
En entrevista, Gómez Escárcega puntualiza que uno de los objetivos de llevar a juicio al Estado mexicano “es que la Corte Interamericana se pronuncie en contra de la LSI, porque este caso ocurrió en medio de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, durante el Operativo Conjunto Chihuahua (2018-2010), que significó que miles de militares y policías federales se desplegaran por el estado, disparándose los índices de delitos y de violaciones a derechos humanos”.
De acuerdo con la información oficial, sólo en Chihuahua, durante el gobierno de Felipe Calderón, mil 63 personas desaparecieron y 19 mil 282 fueron asesinadas, mientras que en lo que va de la administración de Peña Nieto, no se conoce el paradero de mil 115 personas y fueron ejecutadas 7 mil 998.
“En 2008 los índices de delitos eran altos, pero tenían un crecimiento moderado. En cuanto se realiza el Operativo Conjunto Chihuahua, las cifras crecieron. En noviembre de 2009, en una reunión en la IX Región Militar, en Torreón (que comprende los estados de Coahuila y Chihuahua), denuncié que las comunidades y los pueblos eran saqueados por los soldados, y que los camiones militares parecían de mudanza, y en diciembre los militares se llevan a estos muchachos”, cuenta el defensor.
A ocho años de distancia, Gómez Escárcega resalta que a pesar de que la familia “fue muy movida” en denunciar desde el primer momento a militares por la detención ilegal de Nitza, Rocío y a José Ángel, a quienes se pretendía vincular en ese momento con la desaparición de agentes de la Policía Federal, aparecieron muertos.
De igual manera, recuerda que en los primeros días de búsqueda hubo funcionarios de agencias del Ministerio Público federal y local que confirmaron la participación castrense, además de que en 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se señaló la responsabilidad de sus efectivos en la desaparición forzada.
Nunca hubo intentos reales por buscar a las víctimas y castigar a los responsables, en un asunto en el que intervinieron la Procuraduría General de Justicia Militar, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, hoy Fiscalía.
“El Estado mexicano ha intentado convencer a la CoIDH que los responsables de la desaparición no fueron militares, sino malandros disfrazados, pero sin elementos. En cambio, cuando quien estaba de encargado de la Unidad –el doctor Salomón Baltazar Samoyoa– tuvo elementos para procesar al coronel Élfego Luján (entonces al frente del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes), se negó a la orden de aprehensión, y desde que se fue de la Unidad, en 2015, los familiares no han vuelto a saber de la ahora Fiscalía de Desaparecidos”, afirma.
La presencia de Baltazar Samoyoa como testigo de los representantes de las víctimas en la audiencia de la CoIDH –que será presidida por el chileno Eduardo Vio Grossi–, para probar los obstáculos a los que se enfrentó en la investigación del caso, fue impugnada por el Estado mexicano, por lo que presentará su declaración por escrito.
De acuerdo con el informe de fondo de la CIDH, por la desaparición forzada de los tres integrantes de la familia Alvarado, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el 31 de marzo de 2014 una orden de aprehensión en contra del coronel Luján Ruiz, contra quien había procesos abiertos por ejecución extrajudicial, tortura e inhumación clandestina en agravio de siete personas, dos de ellas militares desertores.
El mismo día que se presentó la solicitud, el juez Séptimo de Distrito de Ciudad Juárez negó la orden de aprehensión, “llamando la atención respecto de que el titular del órgano jurisdiccional (…) analizó un expediente de más de 11 mil fojas compuesto por XXII tomos y X anexos en menos de 24 horas”, destaca el documento de la CIDH, como uno de los elementos de convicción sobre el encubrimiento de los presuntos perpetradores en el caso.
Otros factores considerados por la CIDH como evidencia de ocultamiento de los hechos son las diversas retractaciones de funcionarios de dependencias civiles y militares que en los primeros momentos de la desaparición llegaron a reconocer la responsabilidad de personal castrense y del coronel en particular.
El organismo regional de derechos humanos coincide con los representantes de las víctimas que el caso debe ser considerado en el “contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México”, según se resalta en el documento de remisión a la CoIDH, fechado el 9 de noviembre de 2016 y firmado por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed.
“La relevancia del caso obedece a que se trata de una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por parte de la Comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas”, añade.
Para la CIDH, la militarización de la seguridad pública en este caso es “un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos (la desaparición forzada) tengan lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de los múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción”.
En su carta de remisión dirigida al secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, la CIDH destaca que la gravedad de los hechos se extiende a “una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que han tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos”.
En el informe de fondo, la CIDH resalta los daños a 39 familiares de Nitza Paola, Rocío y José Ángel, por las amenazas y hostigamientos que han sufrido en búsqueda de verdad y justicia.
Desde El Paso, Texas, Paola Alvarado Espinoza, hija de Nitza Paola, quien en diciembre de 2009 tenía 14 años, comparte algunas de las dificultades a las que se han enfrentado ella y diez de sus familiares, huyendo de las amenazas y hostigamiento de los que han sido víctimas en “la lucha de saber qué pasó con ellos”.
“De los once que huimos a Estados Unidos, sólo nosotras tres, mi gemela Mitzi y mi hermanita Daysi, tenemos documentos de residencia, pero no por las amenazas, sino porque nos consideraron niñas abandonadas, pero los otros ocho, entre ellos mis abuelitos, están en proceso de que les resuelvan su solicitud de asilo político”, dice Paola, ahora con 22 años.
La jovencita reconoce que ha vivido con miedo durante los últimos ocho años de su vida por la desaparición de su madre, situación que le ha obligado a desplazarse primero por distintos estados del país y después hacia Estados Unidos.
“El miedo no me ha cegado para saber de la importancia de que el caso llegue a la Corte. No sólo es un caso de desaparición que está muy documentado, es muy necesario para la historia de México que se conozcan los abusos de parte de los militares en la guerra contra el crimen que lanzó Felipe Calderón, pero, más aún, la de mi familia es la voz de los miles que buscamos a nuestros desaparecidos en México”, puntualiza Paola Alvarado Espinoza
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