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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Dos años antes del caso Ayotzinapa, el semanario Proceso había documentado la confrontación que mantienen, hasta la fecha, los grupos delictivos La Familia Michoacana y Guerreros Unidos por el control de la zona norte de la entidad y advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia que detonó masacres y desapariciones masivas de personas.
No obstante, a pesar de estos hechos que exhibieron un entramado político que involucró al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, así como autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco, el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo nada para prevenir y evitar crímenes en la entidad.
Actualmente, la mayoría de políticos que estaban desplegados tanto en la zona norte, como en la región de Tierra Caliente, han sido asesinados como el exalcalde de Acapetlahuaya y exdiputado perredista de la 59 legislatura local, Roger Arellano y Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán y también exlegislador local del Sol Azteca.
Otros se autoexiliaron en Chicago, Illinois, como el exalcalde de Teloloapan y exdiputado de la misma legislatura, Ignacio Valladares y el exalcalde de Acapetlahuaya, Eleuterio Aranda El Solitario del Sur, quien heredó la administración municipal a su hermana Rosa Elvira Aranda, arropada por el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto.
En octubre de 2012, Proceso publicó el reportaje Guerrero: contagio narco de autoridades, basado en el panorama en el que las autoridades municipales de ese entonces asumieron sus cargos en la zona Norte, considerada como región clave en las rutas de la droga hacia el centro del país y los Estados Unidos donde se documentó la historia de Guerreros Unidos, una banda fundada por exintegrantes de la organización de los Beltrán Leyva y dirigida por un narcotraficante oriundo de Teloloapan llamado Mario Casarrubias.
En ese entonces, se hizo referencia a la forma en que los líderes de las “tribus” perredistas se hicieron de posiciones en la convulsionada zona norte al amparo y protección del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
El grupo aglutinado en las corrientes Nueva Izquierda y Grupo Guerrero lo encabeza Sebastián de la Rosa, David Jiménez Rumbo y Evodio Velázquez, así como el exalcalde de Teloloapan y exdiputado federal perredista Marino Miranda, quien dejó como sucesor a su amigo, el exdiputado local Ignacio Valladares; éste a su vez designó como su suplente a Rogelio Lagunas, hermano de Bernardo Lagunas.
De igual manera, el exalcalde de General Canuto A. Neri y exdiputado, Roger Arellano Sotelo, prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a su jefe de la policía e intérprete de narcocorridos Eleuterio Aranda, El Solitario del Sur.
No obstante, para el gobernador esta trama que involucra a delincuentes y a las nuevas autoridades locales no es una historia desconocida.
En noviembre de 2010 empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan y en ese tiempo, según reconoció él mismo ante la prensa, fue invitado a una comida en el Rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras y patrocinada por Santana Ríos Bahena –el primero empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, y el segundo conocido productor de melón; ambos señalados por sus presuntos nexos con el narco-, de acuerdo con informes oficiales consultados por Proceso.
El encuentro, agendado por el actual senador perredista Sofío Ramírez, fue promovido por un grupo de políticos perredistas que triangularon posiciones en la zona norte para mantener sus cotos de poder.
Luego, el miércoles 10 de octubre de 2012 ante la disputa de Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, se concentró en Teloloapan, en los límites con la región Norte y Tierra Caliente, el Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por mandos de la Marina, la Policía Federal y autoridades civiles federales y estatales encabezadas por el exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.
Al día siguiente, el grupo de La Familia desplegó en el municipio varias narcomantas donde acusaron directamente al gobierno de Aguirre y el Ejército de apoyar a Guerreros Unidos.
El mensaje decía:
“Señor gobernador usted es infalible por ahora, sin embargo, su operativo Guerrero Seguro no funciona y su objetividad es nula, por la infiltración de sicarios activos del grupo Guerreros Unidos en su gabinete de seguridad y que operan desde su escritorio. Estos mismos son los que disturban el bien común de todos y sus funcionarios se prestan a actos ilícitos y pasan a formar parte de las estadísticas de corrupción acompañada de la extorsión de Refugio o Ramiro alias ‘Cuco’ excomandante de la Policía Municipal de Teloloapan, Reducindo alias ‘El Caballo’ así como varios elementos del 27 Batallón que hacen de este operativo llamarle, por así decirlo, operativo Guerreros Unidos, pues son sicarios disfrazados de policías estatales y militares. Pedimos un gobierno imparcial y real. La disputa es entre grupos y los funcionarios no tienen que ser partícipes en esta guerra generada por la traición y tratar de invadir nuestro territorio el ahora líder de los Guerreros Unidos Mario Casarrubias, que gracias a él muchos pagan con su vida. La Familia Michoacana defenderá Teloloapan y peleará su territorio por encima de cualquier grupo delictivo. Atte. La Familia Michoacana”.
A cuatro años de la tragedia de Ayotzinapa y seis años de que Proceso publicó este reportaje, la situación en la zona norte, la Tierra Caliente y el resto de la entidad es la misma, los índices de violencia, corrupción y presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.
