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Este 1 de diciembre comienza la llamada ‘Cuarta Transformación’ del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en lugar de iniciar un cambio de transformación positivo, la misión personalista del nuevo mandatario busca poner fin a años de logros institucionales difíciles de conseguir.
En las últimas tres décadas, México ha cambiado. La que una vez fuera una economía cerrada impulsada por los productos básicos, ahora es abierta, globalmente competitiva y dominada por la manufactura; una nación que fuera más conocida por lo que no tenía que por lo que sí ha visto caer la pobreza extrema en 2.5 por ciento, la mortalidad infantil se redujo a un tercio, el promedio de vida aumentó en una década y el número de niños que permanecen a la escuela creció a la mitad.
Además, en el terreno político las décadas de Gobierno del PRI acabaron cuando se dio la alternancia política en el 2000 gracias a una democracia competitiva, aunque a veces complicada.
Esta lenta transformación también incorporó un logro mayor: un alejamiento del poder informal, personalista y centralizado a través del fortalecimiento de las instituciones.
Impulsado por políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación, empresarios y las decisiones de millones de dueños de empresas, trabajadores y votantes, México se ha convertido en un lugar con un sector privado diverso y cada vez más independiente, con mayor transparencia y acceso a la información y con incipientes, pero crecientes controles y equilibrios políticos.
La transformación de México no ha sido del todo buena, y las mejores partes han sido desiguales. Además, la delincuencia, la violencia y la corrupción (o al menos el conocimiento público de ella) han aumentado, afectando la vida cotidiana de muchos.
El crecimiento económico, el acceso a la atención médica, la educación de calidad y los empleos con beneficios difieren drásticamente entre el norte y el sur: en Nuevo León, hogar del centro industrial de México, menos de 2 de cada 10 ciudadanos viven en la pobreza, similar a sus homólogos cercanos de Texas; en el sur, casi 8 de cada 10 enfrentan esta dificultad económica a diario.
Y la transformación queda incompleta. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayudó a México a abrirse a los mercados internacionales, pero hizo poco para enfrentar los monopolios y oligopolios que aumentaron los precios en el país y dificultaron que las personas con menos conexiones salieran adelante.
Las recientes reformas estructurales están comenzando a eliminar dichas barreras: la reforma financiera ha aumentado el acceso al crédito; la reforma de las telecomunicaciones disminuyó los precios, mientras que la reforma energética ha traído nuevos hallazgos y suministros más estables.
Los cambios han permitido que las autoridades antimonopolio hayan derrocado prácticas comerciales desleales, y la reforma educativa apenas comienza a preparar mejor a los jóvenes mexicanos para los empleos del siglo XXI.
Las instituciones políticas también tienen un camino por recorrer. El poder todavía importa demasiado, y el Estado de Derecho, en particular, sigue siendo débil.
Sin embargo, la ‘Cuarta Transformación’ de López Obrador no busca construir sobre una base cuyos beneficios serían más incluyentes y generalizados. Por el contrario, parece reducir los logros institucionales tan importantes para la transformación de México, ya que AMLO, un líder obsesionado con su lugar en la historia, impulsa el retorno al enfoque más personalista del pasado.
Estos juegos de poder político comenzaron a aplicarse a través de las consultas ciudadanas. Al justificar sus decisiones encuestando a un pequeño porcentaje de la población con preguntas importantes sobre proyectos de infraestructura, programas sociales y, en un futuro, la posibilidad de enjuiciar a expresidentes, López Obrador está anulando años de precedentes y normas legales y disminuyendo la importancia y el papel de los poderes Legislativo y Judicial.
Con el nombramiento de los ‘superdelegados’, el presidente electo amenaza al federalismo de manera más generalizada, al desplazar a gobernadores y alcaldes electos.
Además al revivir el clientelismo con subsidios agrícolas y becas para jóvenes y adultos mayores, López Obrador está construyendo una base política cautiva por una división cada vez mayor entre los favorecidos (o fifís) y el resto; con sus continuos ataques a la prensa y desestimar a la sociedad civil, busca socavar esas voces y respaldos democráticos.
Esta toma de poder está destinada a empobrecer a México. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) retrasará el paso no solo de millones de pasajeros, sino de decenas de millones de toneladas de carga que conectarían al país con las cadenas de suministro de América del Norte.
Además, reafirmar el dominio en el sector energético de la estatal Pemex disminuirá el dinero, la tecnología, el conocimiento y la producción futura, y arrastrará con ello las finanzas públicas y el crecimiento económico.
Por otra parte, limitar a las agencias autónomas antimonopolio y de protección al consumidor podría liberar a los actores dominantes para eliminar la competencia y continuar cobrando de más a sus clientes. Y replegar el nuevo sistema de educación pública significa que solo los niños de los ricos estarán preparados para el futuro con un trabajo más automatizado.
En términos más generales, el regreso de una presidencia imperial erosiona las crecientes ventajas de sus instituciones y los controles y equilibrios sobre el poder.
La reputación de México de tener políticas fiscales sólidas, desarrolladas a lo largo de dos décadas, le ha dado una nueva ventaja sobre otros mercados emergentes en términos del precio de sus bonos, líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional y el financiamiento externo en general, lo que ha ayudado a sobrellevar la creciente volatilidad financiera mundial.
Apuntalada por el marco de normativas y regulaciones del TLCAN y las secretarías que las aplican, cientos de miles de millones en inversión extranjera directa han contribuido a diversificar la economía mexicana y proporcionar cientos de miles de empleos. Aunque el ahora firmado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debilita estas garantías, la participación de México en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y su acuerdo con la Unión Europea establecen reglas firmes para una mayor inversión.
Y la profundización de la democracia ha obligado a los políticos comenzar a abordar las preocupaciones de los votantes. De hecho, la victoria del López Obrador el pasado 1 de julio, con más del 53 por ciento de los votos, y la ‘barrida’ de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión, donde tiene mayoría, validaron el nuevo poder real de los comicios.
Sin embargo, estas ventajas no son fijas o permanentes. Los niveles de deuda y las tasas de interés ya están aumentando,aunado a que el sentimiento de los inversores está empezando a debilitarse, lo que ha llevado a una caída del peso y una salida de miles de millones en flujos de cartera.
Y la voz de los votantes mexicanos se está debilitando con cada maquinación ejecutiva. Sí, la ‘Cuarta Transformación’ traerá cambios a México, pero estos parece ir en la dirección equivocada, haciendo al país menos democrático, menos inclusivo y menos seguro, y postergando el día en que todo el pueblo mexicano finalmente se beneficie de sus múltiples ventajas.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg y sus dueños, ni de El Financiero.
*Shannon K. O´Neil es autora del libro Dos naciones indivisibles: México, Estados Unidos y el camino por delante. Sus áreas de especialidad incluyen Latinoamérica, las relaciones México-Estados Unidos, comercio internacional, corrupción, democracia e inmigración.
