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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 60 exfuncionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su involucramiento en los esquemas de desvío de recursos públicos, mejor conocidos como Estafa Maestra.
Seis de ellos ya están vinculados a proceso. Otros siete aparecen en carpetas de investigación atoradas desde hace tres años, mientras que 57 están señalados en las 23 carpetas de investigación abiertas, que derivaron de las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015, cuando dicho organismo descubrió los esquemas fraudulentos en los que por lo menos 5 mil 251 millones de pesos se esfumaron en redes de empresas fantasmas.
Sin embargo, ocho exfuncionarios “están interponiendo una serie de amparos y haciendo toda clase de gestiones para no ser sancionados (…) están buscando lo que sea para detener estos procesos”, informó hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero, designado el viernes 18.
En conferencia de prensa, Gertz precisó que los seis exfuncionarios “están llevando este proceso en libertad porque, de acuerdo con la ley vigente, este tipo de delitos resulta que no son delitos graves”.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador de Investigación de Delitos Federales, informó que los involucrados interpusieron seis amparos que impiden al juez dictar una fecha para la resolución. “Esto nos impide llevar a cabo la audiencia de imputación y vinculación”, abundó.
De igual manera, mencionó que los expedientes documentan un detrimento patrimonial por la cantidad aproximada de 839 millones de pesos e imputan delitos de peculado o ejercicio indebido del servicio público. “Los hechos en general consisten en contrataciones indebidas en las que los servicios no fueron prestados en triangulaciones de dinero que se hicieron para desviar los recursos”, dijo.
Entre líneas, el subprocurador reconoció que de la administración de Enrique Peña Nieto recibió averiguaciones previas incompletas. “Cuando llegamos, vimos que había necesidad de retomarlos e integrarlos debidamente”, dijo, y destacó que la anterior administración en la Procuraduría General de la república (PGR) no siguió la pista de los recursos.
“En aquel entonces el MP (Ministerio Público) tenía la facultad de solicitar la información financiera directamente a instituciones como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y otras del sistema financiero”, aseveró.
Para revertir esta situación, Muñoz informó que la FGR integró un grupo de investigación con la ASF, que desnudó los esquemas fraudulentos a través de los cuales los equipos de trabajo de Robles, pero también de Emilio Lozoya Austin o Alfredo Del Mazo Maza, hicieron desaparecer recursos multimillonarios.
“En éste y otros casos muy sensibles hicimos un grupo de trabajo en el que la ASF ha sido muy colaboradora, hemos formado un grupo de auditores, de peritos, de ministerios públicos, que han trabajado de manera estrecha”, recalcó.
Desde febrero de 2015, la revista Proceso y su portal de noticias documentaron cómo Robles mantuvo a su mismo equipo de colaboradores en la Sedesol y la Sedatu, pese a las evidencias de que participaron en los esquemas fraudulentos.
Uno de ellos fue Emilio Zebadúa González, quien se desempeñó como oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu durante las gestiones de la experredista, y como tal firmó todos los convenios con entes públicos estatales a través de los cuales se desviaron los recursos públicos.
Robles también dejó a Humberto René Islas Cortés en la Dirección General de Recursos Materiales (DRGM), dependencia señalada en varias auditorías; a Gustavo Rodríguez González en la dirección de Comunicación Social; a Enrique Prado Ordoñez en la Dirección de Licitaciones y Adjudicaciones de Contratos de Bienes y Servicios, y a su amigo Ramón Sosamontes Herreramoro como “asesor” en la Sedatu.
En los meses previos a la entrega del gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles reiteró –con engaños documentados por este semanario– que nunca supo de los desvíos, y retó a las autoridades a investigarla “hasta debajo de las piedras”.
La exfuncionaria aseveró en varias ocasiones que las auditorías de la ASF “ya fueron superadas”. Eso, obviamente, era falso, y prueba de ello es que ocho de sus excolaboradores tienen un amparo para no responder por sus acciones ante la justicia.
