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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un promedio de 7.5 mujeres asesinadas cada día, 15 mil 466 desaparecidas, más de 50 mil víctimas de trata, 36.5 violaciones diarias, códigos penales que criminalizan el aborto y 20 millones de mujeres que refieren haber sufrido algún tipo de violencia sexual, este 8 de marzo no puede hablarse de “festejo” por el día internacional de la mujer en México.
A 11 años de promulgarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “la situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y la protección judicial”, señaló un informe que publicó hoy la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT), que aglutina a 87 organizaciones civiles.
“Tenemos los mejores protocolos, pero están empolvados y no se aplican”, deploró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio y de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, al presentar el documento, que describe la violencia de género y la impunidad que la rodea en el país.
“Si no hay justicia es por la mala actuación de las procuradurías”, abundó Selene González Luján, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, al añadir que el sistema de justicia, en la práctica, “dice: ¡Mátenlas!, aquí no pasa nada”.
Las autoridades de Baja California, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro –donde 50% de las mujeres reportó violencia sexual–, Tabasco y Tlaxcala –centro de trata de mujeres– se negaron, a veces de manera reiterada, en declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM); apenas 13 entidades cuentan con alertas vigentes.
Aun así, el informe establece que “ni un solo decreto de AVGM ha logrado cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y cesar la violencia en su contra”, pues “la violencia institucional persiste e impide el correcto cumplimiento del mecanismo, debido a la dilación, omisión y falta de capacitación de las autoridades”.
E insiste: “El Estado mexicano, en lugar de aceptar la problemática existente, busca invisibilizarla en el contexto de violencia generalizada que vive el país, ignorando sus causas, consecuencias y especificidades”.
Si bien la violencia de género afecta a las mujeres en general, el documento subraya que se ejerce con mayor brutalidad contras las más vulnerables, como las migrantes, las indígenas, las mujeres en situación de pobreza, las niñas y adolescentes, así como las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que además de la violencia estructural sufren estigmas sociales, racismo y otras formas de discriminación.
“En México, el 47% de las mujeres indígenas mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de violencia en sus relaciones”, se plantea en el documento, y añade que “son discriminadas y violentadas tanto por perpetradores indígenas como no indígenas”.
“Cúspide de la violencia extrema”
Hubo que esperar hasta noviembre de 2017 para que todos los estados tipificaran como delito el feminicidio, “cúspide de la violencia extrema contra las mujeres”, y aun así existen profundas diferencias entre las definiciones del feminicidio según las entidades, lo que hace muy difícil determinar el número exacto de estos crímenes.
Sin embargo, con base en distintas fuentes de información, en el documento de la Red TDT se estima que se perpetraron 5 mil 628 feminicidios entre 2010 y 2015, lo que equivale a 2.5 cada día y la cifra crece año tras año.
De acuerdo con la agrupación, existe una discrepancia importante entre los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y las cifras reportadas por las procuradurías y fiscalías locales: en el registro federal constan los datos de 8 mil 496 mujeres desaparecidas, pero las procuradurías locales afirman que 15 mil 466 mujeres no han sido localizadas, prácticamente el doble.
Los datos de las procuradurías locales reportan que Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México, Tamaulipas, Puebla y Sonora son las entidades con más casos denunciados de mujeres desaparecidas, aunque la organización Kalli Luz Marina documentó más de mil 535 en Veracruz, de manera extraoficial.
Además, se han interpuesto 50 denuncias por desaparición forzada de mujeres entre 2008 y 2017: 12 de ellas en Chihuahua, 10 en Michoacán, ocho en Baja California Sur, cuatro en Guerrero, tres en Nuevo León y Sinaloa, y dos en Oaxaca y Sonora.
En materia de violaciones, si bien el Estado de México resultó la entidad con el mayor número de averiguaciones previas abiertas entre 2008 y 2017 –las autoridades elaboraron 24 mil 152 carpetas de investigación–, el delito se perpetró de manera más recurrente en el estado de Colima, donde 79 de cada 100 mil mujeres sufrieron violación en ese lapso.
El irrefrenable incremento de la violencia contra las mujeres en México se produjo en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que lanzó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 y el cual hasta la fecha ha provocado más de 200 mil asesinatos, 30 mil desapariciones y 300 mil desplazamientos forzados (el 80% de mujeres), además de disparar las denuncias por tortura y ejecuciones extrajudiciales.
“Las mujeres frecuentemente son víctimas de violencia sexual, sea por parte de fuerzas armadas como de fuerzas disidentes o del crimen organizado”, sentenció el informe, al añadir que “la diversificación de las actividades ilícitas del crimen organizado ha afectado de forma particular a las niñas y mujeres, quienes son las principales víctimas de la trata de personas, específicamente con fines de explotación sexual”.
Datos inciertos
La elaboración del informe de la Red TDT enfrentó a varios obstáculos para obtener información verídica y confiable, señala Efraín Tzuc, periodista yucateco que participó en la investigación.
Por ejemplo, las estimaciones sobre las víctimas de trata de personas –el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo–varían entre 20 mil y 500 mil en el país, según la fuente utilizada.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene identificados a 47 grupos criminales que se dedican a la trata de personas. De las 3 mil 312 investigaciones abiertas en todo el país por ese delito desde 2008, sólo se iniciaron mil 156 procesos penales, que desembocaron en 484 sentencias condenatorias.
El informe de la Red TDT recuerda que el Departamento de Estado, en su Informe sobre Tráfico de Personas 2017, deploró que las autoridades mexicanas no brindaron información sobre la colusión de servidores públicos identificados como cómplices de trata, y que desde 2010 no se ha sentenciado a ningún funcionario por su participación en estas redes.
Tlaxcala, el centro de la trata de mujeres con fines sexuales, que se perpetra con impunidad en 35 de sus municipios y donde “el oficio de padrote” está socialmente naturalizado –en palabras del informe–, hubo apenas 13 sentencias condenatorias entre 2008 y 2016, apenas 5% de las 257 denuncias interpuestas durante este periodo.
Emilio Muñoz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, ubicado en ese estado, subrayó que el gobierno local se negó a proporcionar información sobre el número de víctimas de trata, y concluye: “El mensaje es que en México y en Tlaxcala las mujeres se pueden explotar”.
“Esta falta de acceso a la justicia y de sanción a las redes de trata ha generado una alta desconfianza en las autoridades y una caída constante de denuncias, reportándose únicamente seis denuncias en 2016 y ninguna averiguación previa”, lamenta.
“La prostitución forzada, específicamente, es el destino para un gran porcentaje de las mujeres víctimas de trata de personas”, subraya el informe, y precisa que las personas más vulnerables ante este flagelo son las mujeres migrantes provenientes de Centroamérica, 60% de las cuales además padecen violencia sexual en la ruta migratoria.
Muchas veces, la trata de mujeres con fines de explotación sexual termina en feminicidio, pues “cuando las víctimas dejan de ser redituables para el explotador, éste puede simplemente asesinarlas, quedando el crimen en total impunidad”.
Reitera que algunos de los destinos turísticos más importantes del país, como Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, son “puntos rojos” en la trata de personas, y que México es el principal productor de pornografía infantil.
Entre 2008 y 2017 las comisiones estatales y nacional de derechos humanos emitieron 326 recomendaciones sobre casos de violencia sexual perpetrada por servidores públicos en prácticamente todo el territorio, excepto Aguascalientes, Colima, Querétaro, Yucatán y Sonora; en 41 de estas recomendaciones, agentes de las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia sexual para obtener confesiones o castigar a las víctimas.
María de la Luz Estrada arremetió contra la criminalización del aborto, pues entre 2008 y julio de 2017 fueron interpuestas 2 mil 659 denuncias por aborto –considerado como delito y castigado con cárcel en las 32 entidades federativas–, 5% de las cuales derivaron en sentencias condenatorias.
México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor número de embarazos adolescentes, a veces producto de violaciones: 12 mil 642 denuncias interpuestas entre 2009 y 2016 por violencia sexual corresponden a menores.
Sin embargo, el peso de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores obligó algunos gobiernos estatales a restringir las causas legales del aborto y a criminalizar a las mujeres que lo practican, subraya el informe.
“Las autoridades dejan a las niñas con embarazos forzados”, se indigna la activista. Agrega: “Lo que se protege son ideas fundamentalistas que ponen en riesgo las vidas de las mujeres”.
En el mencionado informe se recuerda que las leyes sobre el aborto se han redactado con base en “interpretación y creencias morales y éticas de los prestadores de los servicios de salud y de quienes administran y procuran justicia”.
Así, mientras la Ciudad de México permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 19 estados y el código penal federal no contemplan la posibilidad de practicar un aborto legal cuando la salud de la mujer está en peligro.
También señaló que algunos códigos penales –como los de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y el federal– establecen atenuantes de las penas por el aborto con base en “estereotipos de género”, como la “fama” de la mujer que pretende abortar, si ella pudo “ocultar su embarazo” o si el embarazo “no es producto de una unión matrimonial o de concubinato”.
Según el informe, las mujeres más indefensas tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro, con el grave riesgo de muerte.
