En su análisis de la iniciativa de Ley de Amnistía, la asociación civil Tojil Estrategia Contra la Impunidad concluye que la iniciativa de Ley de Amnistía enviada por la Presidencia a los diputados federales constituye, por una parte, una invasión de la competencia del Poder Judicial y de la propia Fiscalía General, y por la otra puede ser un instrumento de clientelismo político. En entrevista con Proceso, las cofundadoras de Tojil Adriana Greaves y Estefanía Medina detallan sus objeciones a la propuesta y ofrecen alternativas para conseguir los mismos objetivos jurídicamente viables.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Ley de Amnistía, que el pasado 15 de septiembre envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, atropella la división de poderes del Estado mexicano al responder a mecanismos de política criminal con fines electorales, señalan las abogadas Adriana Greaves y Estefanía Medina, cofundadoras de la asociación civil Tojil Estrategia Contra la Impunidad.
Señalan que no le corresponde a la Secretaría de Gobernación ni a la Presidencia de la República otorgar beneficios a una persona acusada de un delito, sino que eso debe promoverlo la Fiscalía General de la República (FGR) y determinarlo el Poder Judicial, como lo establecen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución Penal.
Si estas leyes se consideran insuficientes, agregan, basta con reformarlas. Por eso señalan que en lugar de aprobarse esa propuesta del Ejecutivo se deberían subsanar las deficiencias del Sistema de Justicia Penal. Por si fuera poco, el proyecto de Ley de Amnistía plantea el beneficio del “perdón” al acusado, aunque no se haya reparado el daño a la víctima, contra lo que actualmente se establece.
Las activistas explican que la nueva ley tiene el objetivo de sacar de prisión a personas de grupos vulnerables que incurren en delitos del ámbito federal por razones familiares, de extrema pobreza, necesidad, temor y coacción del crimen organizado, entre otras.
En su Análisis de la Ley de Amnistía, Tojil (que significa “lo correcto” en maya) explica que a diferencia de un procedimiento judicial, en el que un juez valora cada caso y aplica la ley para sancionar o no a un acusado, la amnistía sería otorgada por el Ejecutivo y, según el proyecto de ley, puede beneficiar por igual a personas vinculadas a proceso penal y a las ya sentenciadas.
El 1 de octubre de 2018 Tojil presentó ante la Visitaduría de la PGR una denuncia por probables hechos de corrupción contra los funcionarios responsables de conducir la investigación contra el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quienes le dieron un giro a la estrategia legal que benefició al acusado con un procedimiento abreviado y una condena reducida. Así se abrió la investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018 por el delito de cohecho.
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