El combate al contrabando de armamento es una de las prioridades del Gobierno de López Obrador de cara a su reunión en Washington. Más de 200.000 armas entran ilegalmente cada año
elpais.com
La semana pasada, el crimen organizado intentó asesinar al jefe de la policía de Ciudad de México con cinco fusiles Barret 50, un lanzagranadas y 34 armas largas. Las autoridades mexicanas confiscaron este armamento militar, ilegal en México, a apenas tres kilómetros de la casa del embajador de EE UU, el más que probable país de origen de todo ese arsenal: siete de cada 10 armas provienen del otro lado de la frontera. El combate contra el tráfico de armas es uno de los temas subrayados en rojo por el Gobierno mexicano en la reunión de este miércoles entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, tras una lucha estéril durante al menos las últimas dos décadas. Más de 200.000 armas de fuego, según estimaciones oficiales, ingresan cada año ilegalmente a México.
“La lucha contra el tráfico nunca ha sido el eje central de las relaciones bilaterales, como sí ha sido el control de las drogas en los tiempos recientes”, apunta Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. La conversación sobre el contrabando de armas por los 3.169 kilómetros de frontera ha sido tradicionalmente una de las patas laterales en las negociaciones diplomáticas. Desde la Alianza para la Frontera de 2002, cuando se establecieron controles tecnológicos para detección de artículos de contrabando, hasta la iniciativa Fronteras Seguras firmada por George Bush en 2005. Los resultados han sido escasos. Y el panorama empeoró a partir de 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón sacó a los militares a la calle para enfrentar al crimen organizado y el eje de negociaciones pasó a centrarse en la crisis del narcotráfico. EE UU es el gran mercado de las drogas que llegan de México.
Existe un consenso entre los especialistas sobre el momento exacto en el que drogas y armas se fundieron en un problema letal: el levantamiento en EE UU de la prohibición de comprar armas de asalto en 2004 por parte del Gobierno de Bush. “Estas son las armas que busca el crimen organizado y a la vez, las que utilizan también las fuerzas de seguridad en la nueva estrategia militar. El resultado ha sido más armas y más violencia”, señala John Lindsay-Poland, coordinador de la organización Stop US Arms to México. Según datos oficiales mexicanos se estima que en la última década entraron ilícitamente a México 2,5 millones de armas. En el mismo periodo, se han incrementado en 122% los aseguramientos de armas de asalto —principalmente semiautomáticas—, mientras los de armas pequeñas y ligeras crecieron un 9%.
El marco binacional para el nuevo escenario en materia de seguridad —el saldo de la llamada guerra contra las drogas en México es de al menos 121.000 homicidios con armas de fuego y casi 40.000 desaparecidos— fue aprobado por el congreso estadounidense en 2007. La Iniciativa Mérida es un mecanismo aún vigente de cooperación, cuyos objetivos centrales fueron transferencia de tecnología, equipo y capacitación en materia de seguridad. “Es un plan de asistencia”, añade Lindsay, “pero el hecho es que paralelamente las ventas legales de armamento a México también crecieron”.
Según datos de la oficina del censo de EE UU, las exportaciones de armamento a México fueron escalando año a año. En 2009 se registra la subida más acusada, al multiplicar por tres la cifra anterior y marcar un pico de más de 45 millones de dólares. Otro efecto colateral del aumento del flujo legal de armamento ha sido el trasvase de armas de las fuerzas de seguridad al crimen organizado. Desde 2006, el número de armas catalogadas como perdidas asciende a 20.000 según los datos recabados por las asociaciones civiles.
El Gobierno de López Obrador ha redoblado los intentos para atajar el problema. En noviembre del año pasado, tras relajar la tensión diplomática cumpliendo con la imposición de EE UU de reducir el número de migrantes que entran a México con destino al norte, el canciller Marcelo Ebrard contraatacó con una propuesta en materia de tráfico de armas. Más controles fronterizos y un plan conjunto para compartir información destinado a elaborar mes a mes un informe detallado sobre al trasiego de armas.
Las autoridades mexicanas tienen identificados seis puntos fronterizos donde más se concentra el trasiego. Así como los patrones de entrada. El llamado flujo hormiga: “Son principalmente mexicanos que viven en la frontera (50%) y, en menor grado, estadounidenses y centroamericanos, quienes reciben de organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 dólares por un rifle automático”, señala un informe reciente de la cancillería. Más del 41% de las armas involucradas en crímenes en México proviene de Texas, seguido por California (19%) y Arizona (15%). Las armas cruzan la frontera en vehículos (46%), con una minoría de ingresos peatonales (4%) y solo 1% por aire. El plan de Ebrard también incluía la recuperación del dispositivo llamado Segunda Frontera, eliminado en 2013 por Enrique Peña Nieto y que supone controles adicionales a través de retenes a los pocos kilómetros de haber entrado en territorio mexicano.
Más allá del refuerzo fronterizo, los analistas consideran que el balón está en el tejado estadounidense. “El tema de los controles a las armas es muy delicado y cuenta con un lobby muy fuerte, la Asociación Nacional del Rifle, que para la campaña de Trump donó 30 millones de dólares”, apunta Eugenio Weigend, director del programa de armas del Center for American Progress en Washington. Las recomendaciones, en todo caso, pasan por volver a prohibir la venta de armas de asalto, y la exigencia de una revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. De esta manera se evitaría el comercio de los llamados “compradores paja”, que acceden legalmente a un arma en una armería que sí cuenta con controles, pero que después lo vuelven a vender en ferias de armas o gunshows, donde el comercio a terceros no está supervisado ni cuenta con controles. En este tipo de eventos, cualquiera puede comprar, por ejemplo, los fusiles Barret 50, capaces de derribar un helicóptero y que fueron utilizados la semana pasada para atentar contra el jefe de la policía en la capital mexicana.
En el debe mexicano, no existe en el país una sistematización sobre la compra, venta, resguardo, pérdida o robo de armas. La institución competente a todo lo relativo a armamento es la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), lo que complica el acceso a información. “Existen muchas lagunas y discrepancias cuando se solicita una información. Deben mejorar la transparencia”, apunta Lindsay. Tampoco son públicos los datos que se envían a EE UU de armas incautadas en México. Weigend propone incluso “crear una agencia independiente como en Estados Unidos y no que todo el control se concentre en el Ejército”. Una autoridad similar a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
