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Un sistema nacional anticorrupción que se enfrenta a un sinnúmero de barreras para implantarse. Una Procuraduría (Fiscalía) General de la República sin la autonomía necesaria para investigar los grandes escándalos de corrupción. Y leyes pensadas para combatir el desvío de dinero público que no logran aplicarse en los Estados. Estas son algunas de las razones por las que México es percibido, entre expertos internacionales, como una nación muy corrupta. Lo comprueba el último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional. El país norteamericano ocupa la posición número de 135 de 180 en materia anticorrupción. Es el peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
“Efectivamente la corrupción es un problema grave en México y será un tema definitivo en el debate electoral este año”, afirma Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
En el informe publicado este miércoles México ha alcanzado 29 puntos, en una escala en la que 0 es lo más corrupto y 100 lo menos. Esto ubica al país en la misma posición que Honduras y Paraguay, pero por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. La nación mejor colocada en el estudio es Nueva Zelandia, con 89 puntos.
La percepción de corrupción es medida por expertos a partir del cruce de una serie de estudios internacionales sobre el tema.
En México los resultados revelan un escenario de descrédito con las instituciones responsables por combatir la corrupción en un país acostumbrado a encontrarse en las páginas de los diarios con denuncias de mal uso de los recursos públicos. Además, el informe pone luz sobre otro dato poco animador: este es el tercer año consecutivo en que la percepción de que México es corrupto va en aumento.
De acuerdo con Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, hay diversas razones para que la percepción de que México como un país golpeado por la corrupción sea tan difundida tanto entre observadores internacionales como entre la propia población mexicana. La reforma constitucional de 2016 para crear un Sistema Nacional Anticorrupción avanza a marchas forzadas. Además, una serie de acusaciones que se conocieron los últimos años se quedan con investigaciones incompletas que no terminan por identificar los posibles responsables.
“Si agregamos el tema de la corrupción política, los temas electorales, los fuertes cuestionamientos sobre cómo se están canalizando los recursos de la reconstrucción [tras los terremotos], o como algunas campañas electorales se están financiando, este desanimo aumenta todavía más”, afirma Morales.
Según explica Bohórquez, la definición de lo que se considera un país con altos niveles de corrupción va más allá de los casos de uso irregular de dinero público. “No es que no haya corrupción en Europa; ocurre que cuando el caso se da a conocer hay una reacción institucional muy fuerte”, dice. “Esta sensación no la tiene la opinión pública mexicana”, agrega.
