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La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció decenas de pruebas para mostrar a las autoridades judiciales que Javier N encabezó una organización criminal en la que participaron nueve personas y más de 12 empresas fachada, además de que ya se ha detectado el desvío de 3 mil 148 millones de pesos provenientes de cinco secretarías del gobierno veracruzano.
Al continuar con la audiencia que comenzó desde el lunes pasado, la PGR mostró músculo esta vez y sus fiscales, con una presentación electrónica, enseñaron al juez Gerardo Moreno García y los defensores del ex gobernador de Veracruz los pasos que han seguido para detectar cómo –hasta ahora– 3 mil 148 millones de pesos se concentraron de manera ilegal en dos empresas fachada identificadas como Brades y Terra.
La diligencia judicial, que se desarrolló durante más de 12 horas en los juzgados del nuevo sistema de justicia penal en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, vivió momentos de intenso intercambio de argumentos entre los fiscales federales y Marco Antonio del Toro, abogado de Javier N, a grado tal que los representantes de la PGR señalaron que “es patético que se pretenda litigar –la defensa del ex gobernador– con reglas del viejo sistema” de justicia.
Incluso, durante esta etapa procesal los agentes del Ministerio Público Federal dijeron al juez que el pueblo de Veracruz y México exigen que los daños sean reparados, porque si no, se enviará el mensaje de que cualquier ex gobernador, que por el simple hecho de no tener bienes a su nombre, quedaría exento de la justicia.
Al inicio de la audiencia, los abogados de Javier N solicitaron que los integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera que acompañaron en calidad de asesores a los fiscales de la PGR, no apoyaran al Ministerio Público y solamente estuvieran en la sala como público general, bajo el argumento de que esa área de la Secretaría de Hacienda lesionaría los derechos del ex gobernador y los colocaría en desventaja.
Los representantes de la PGR hicieron notar que los dos funcionarios de Hacienda ya habían sido reconocidos como asesores en otra etapa de este caso, cuando dos de las mujeres que participaron en la red de corrupción de Javier N fueron sentenciadas a tres años de prisión. Con ello, los abogados del ex gobernador perdieron su primera confrontación del día.
Luego, la defensa de Javier N fue informada de que Alfonso Ortega López, uno de los principales prestanombres del ex gobernador veracruzano y quien decidió colaborar con la PGR, no se presentaría a comparecer, como lo solicitó el abogado Del Toro.
El juez ordenó a la PGR que busque y localice a Ortega López, porque en caso de que no comparezca ordenará que sea arrestado. Por su colaboración con la PGR, este testigo logró que el Ministerio Público Federal solicite la cancelación de la orden de aprehensión en su contra.
La presentación de los desvíos
Luego de las fallas que exhibieron los fiscales de la PGR el lunes pasado, y que derivaron en la percepción de que el Ministerio Público Federal solamente había logrado documentar el desvío de 350 millones de pesos por parte de Javier N, ayer el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas, se encargó de mostrar a través de una presentación digital y de manera esquematizada la manera en que la PGR indagó al ex mandatario veracruzano, a sus amigos y prestanombres, así como a las empresas fachada que sirvieron para desviar 3 mil 148 millones de pesos.
De acuerdo con la información dada a conocer, durante la administración de Javier N se otorgaron mil 670 contratos por parte de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud, así como del área conocida como GBer Servicios Diversos, por un total de 3 mil 148 millones de pesos a empresas fachada (constituidas, pero que no producían ni comercializaban nada).
Entre las compañías detectadas se encuentran Grupo Constructor Enfut, Inmobiliaria Gamta, Solaria, Evolución en Diseño ARG, Veikko Comercial, Agatone Grupo Inmobiliario Going, Diseño Arquitectónico Melvin y Diseño Arquitectónico Alim, así como Medical Healt, Bepha, Sakmet, Anubis, Laaedefica, y como empresas de destino Consorcio Brades y Terra.
La red de corrupción y lavado de dinero, según las autoridades, tenía de líder a Javier N, y como sus principales operadores financieros, prestanombres y adquirentes de inmuebles y joyería estaban Alfonso Ortega López, Arturo Bermúdez Zurita, José Juan Janeiro Rodríguez y Moisés Mansur Cisneyros. Asimismo, como encargados de lavar los recursos desviados del erario veracruzano participaron Rafael Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Santa Bartolo y las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta.
Según la exposición del subprocurador Lira Salas, las hermanas Arzate Peralta (quienes ya fueron sentenciadas a tres años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) antes de formar parte de la red de corrupción dirigían un restaurante en Veracruz, y una de ellas trabajaba en el gobierno estatal.
Posteriormente, ambas mujeres quedaron como representantes de las empresas Terra y Brades, aunque en realidad los propietarios eran Juan José Janeiro Rodríguez y Moisés Mansur.
La información presentada por los fiscales de la PGR incluyó detalles de la compra de bienes inmuebles en la Ciudad de México, estado de México, Veracruz y Campeche, además de la adquisición de joyería y la compra ilegal de 21 hectáreas en el ejido Lerma, en Campeche, que supuestamente serviría para un desarrollo inmobiliario, pero que en realidad se disfrazó hasta una posterior venta de los predios ya que quedaron en manos de las empresas Terra y Brades.
Tras conocer toda la información que poseía la PGR, además de documentos contables, traspasos financieros, cheques, estados de cuenta, peritajes y otras acciones que servirían para demostrar la responsabilidad del ex gobernador de Veracruz, la defensa de Javier N buscó que el juez Gerardo Moreno García considerara que la procuraduría presentaba acusaciones en contra de su cliente que debían ser consideradas violatorias del acuerdo de extradición y que se presentaba una reclasificación delictiva.
Pero sus argumentos no provocaron un cambio en la diligencia y ahora fueron los fiscales de la PGR quienes pusieron en duda la efectividad de la defensa de Javier N y hasta la manera en que trataron de apoyarse en obras de derecho de carácter internacional, como argumento para defender a su cliente. Los representantes del Ministerio Público señalaron que Marco Antonio del Toro litigó el asunto como si estuviera en el antiguo sistema de justicia, ya que en la audiencia inicial las autoridades no tenían porqué presentar las pruebas acumuladas, ya que aún no se llegaba a esa etapa procesal.
Durante la diligencia, los abogados de Javier N no desvirtuaron ni presentaron argumentos para tratar de desacreditar los indicios presentados por el Ministerio Público Federal, y poco después de las 22 horas, el juez Gerardo Moreno García decretó la vinculación a proceso del ex gobernador por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
