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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El saldo es definitivo. Durante el período de gobierno de Enrique Peña Nieto, 184 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos o que por su oficio se dedicaban a ejercerlos, fueron asesinadas en el contexto de una labor que incomodaba a los grupos de poder.
Pueden parecer incidentes aislados y, sin duda, la mayoría son inconexos, es decir, no se trata de movimientos relacionados –salvo excepciones como la disidencia magisterial—que sólo tienen en común ser una oposición –mayoritariamente ajena a los partidos políticos formales– a decisiones de gobierno.
El informe que el Comité Cerezo México acaba de emitir es concluyente: no se trata de asesinatos, son ejecuciones extrajudiciales. Esto es, cuando los perpetradores son agentes del Estado, o bien, es identificable su aquiescencia, esto es que siendo los perpetradores particulares sirven a un interés estatal.
La aquiescencia, tiene la característica en estos años, de tener una coartada perfecta en la presunta actuación del crimen organizado que, a final de cuentas, termina favoreciendo intereses de quienes estaban en el gobierno y empresas relacionadas.
Si hemos de hacer caso a los viejos periodistas policiacos que, ante un crimen solían plantearse a quién beneficia su comisión, los casos documentados en el mencionado informe demuestran que se trata, en más de la cuarta parte, de personas que se oponían a megaproyectos de infraestructura carretera, hidráulica, energética o minera, pues al identificar los derechos que reclamaban, se advierte que buscaban hacer valer la autodeterminación de los pueblos indígenas, la defensa del territorio o del medio ambiente.
En concreto, se trata de 53 personas asesinadas en el contexto de sus resistencias a la imposición de megaproyectos y, en buena medida, a la implementación de las reformas estructurales.
Y es que, en esos 53 casos es posible advertir que había una relación directa con oposiciones a la implementación de las reformas energética y minera, pero si a esto sumamos los casos de quienes se opusieron a la reforma educativa, la cifra sube a casi 100 casos. Esto es que, las reformas en su conjunto, fueron altamente letales.
De hecho, un dato que destaca en el informe es la incidencia por año. En 2013 y 2015, se registraron 18 ejecuciones respectivamente. En 2014, fueron 19. Para 2016, ya en plena implementación de las reformas, la cantidad de casos se duplicó hasta sumar 37 ejecuciones. Para 2017, el peor año, fueron 52 y, el 2018, con 11 meses, fueron 40 casos.
Podría decirse entonces, que el registro de víctimas aumenta de manera simétrica con la concreción de las reformas estructurales, a lo que se suma otro factor, como lo es, el de las entidades federativas donde ocurrieron más casos.
Sólo Oaxaca con 49 asesinatos, y Guerrero, con 41, representan la mitad de los casos registrados en el sexenio. Se trata pues de dos de las entidades con mayores procesos sociales activos en contra de la reforma educativa, pero también de numerosos megaproyectos eólicos, hidroeléctricos, mineros y de infraestructura en general. A esas entidades, siguen otras con condiciones similares: Chiapas y Veracruz, con 16 asesinatos cada uno, y Chihuahua con 12 casos.
Con los datos anteriores, es posible advertir que esas cinco entidades federativas concentran la mayoría de los casos (134) y que 50 asesinatos se reparten entre 18 entidades de las que sólo escapan Aguascalientes, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas.
La estadística del Comité Cerezo México. El problema central es que, ante la oferta del presidente Andrés Manuel López Obrador de un “punto final”, la continuidad de proyectos de infraestructura –excepto el aeropuerto capitalino– y la oferta de perdón, hay una tendencia a la impunidad.
Es así, porque la narrativa presidencial se ha enfocado en poner a discusión sancionar o no la corrupción (como si cumplir la ley fuera opcional), que necesariamente pasa por los negocios al amparo del poder, por los cuales las elites políticas y económicas, estuvieron dispuestas a matar.
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