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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá dar a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la Segob le negó la información alegando incompetencia.
Según la Segob no está dentro de las atribuciones de la CNS conocer esa información y orientó al particular a dirigir su solicitud al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que tiene a su cargo la coordinación de centros federales que autoriza el ingreso y egreso de internos, así como el traslado de los mismos dentro y entre las entidades federativas.
Inconforme con esta respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la Segob no le proporcionó la información solicitada y en la relación de sujetos obligados del gobierno federal, no aparece la Comisión Nacional de Seguridad.
La Segob reiteró su incompetencia durante los alegatos y modificó su respuesta inicial al precisar al particular que la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad es una unidad administrativa de la Segob y, a su vez, tiene adscrita al OADPRS, que cuenta con su Unidad de Transparencia.
En el análisis del caso que quedó a cargo del comisionado Joel Salas Suárez, se desprendió que a la Segob le corresponde administrar el sistema penitenciario federal y participar en el traslado de los reos que requieran medidas especiales de seguridad, en tanto que el comisionado Nacional de Seguridad tiene la responsabilidad de suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y proporcionar la información que le sea requerida por el gobierno federal.
Por su parte, el comisionado del OADPRS es competente para aprobar el ingreso y egreso de internos a los centros federales y de menores a los centros de diagnóstico y tratamiento, así como el traslado de internos del fuero federal dentro y entre entidades federativas.
Con base en esos argumentos, el comisionado consideró que tanto el Comisionado Nacional de Seguridad de la Segob, como el Comisionado del OADPRS, tienen competencia para conocer de la información solicitada.
Por ello, a solicitud de Salas Suárez, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó asumir la competencia para conocer la información solicitada por el particular, y realizar la búsqueda de la información requerida para entregar al particular.
Al presentar el asunto ante el pleno, Salas Suárez afirmó que esta solicitud de acceso permite mostrar la utilidad de la información pública, como “una herramienta clave” para identificar posibles casos de corrupción y verificar que los procesos se lleven a cabo con estricto apego a la ley.
“El caso Alejandro Gutiérrez es uno más que ha cimbrado a la opinión pública por evidenciar el lastre que representa la corrupción en el país. Este recurso de revisión evidencia que los mexicanos conocen que el derecho de acceso a la información pública puede ayudarles a pedir cuentas a las autoridades de cada nivel de gobierno, según sus competencias, y la obligación de coordinarse entre sí”, señaló el comisionado.
Durante la sesión, el comisionado expuso que a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se le investiga por posible peculado y desvío de recursos públicos a las campañas electorales en 2016. Estas averiguaciones podrían estar relacionadas con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016, pues detectó un posible daño al erario público por poco menos de 200 millones de pesos, con dos fondos y un programa educativo federales destinados a Chihuahua, recordó.
Añadió que el caso generó polémica desde enero pasado, cuando trascendió la disputa entre autoridades federales y estatales por la jurisdicción del caso, y por el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, realizado contra el gobierno federal de tomar represalias por las investigaciones iniciadas contra Alejandro Gutiérrez y condicionar la entrega de 700 millones de pesos, acordados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobierno estatal en diciembre de 2017.
“El debate y los acuerdos entre autoridades sobre este tipo de casos si no van acompañados de información pública ponen en tela de juicio la imparcialidad de los procesos mediante los cuales son investigados y juzgados los actos de corrupción”, subrayó.
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