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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, propuso regresar la deducción al 100% de las prestaciones laborales.
Fue a partir del 1 de enero de 2014 cuando las deducciones a las prestaciones que otorgan las empresas a los trabajadores pasaron de 100 a 53 por ciento. Esto ha afectado direcatmente a los empleados.
Para fortalecer a las clases medias y sus niveles de bienestar, es trascendental reducir el ISR para quienes perciben ingresos menores a 10,000 pesos. También restablecer la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, para que más y más empresas puedan conferirlas en forma creciente a sus trabajadores”.
En esta modificación se introdujeron los descuentos por cajas y fondos de ahorro, gratificaciones anuales, pagos por horas extra, primas vacacionales y utilidades.
Además se eliminó la deducción de los pagos mediante vales de despensa, excepto los que se hagan a través de monederos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También se bajó la deducción por consumo en restaurantes del 12.5 a un 8.5 por ciento; en el caso de los pagos por honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios y transportación escolar, se estableció como requisito, para poder deducirlos, que los pagos se realicen con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios.
De Hoyos Walther consideró que es impostergable la discusión de una reforma fiscal de fondo, ante los desafíos derivados de la reforma tributaria en Estados Unidos.
En cuanto al ISR corporativo, insistió en reducir la tasa, mediante la reducción gradual de un punto porcentual por año hasta alcanzar el nivel promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 24.66 por ciento.
Mencionó que debe tomarse la decisión de ampliar la base de contribuyentes mediante un IVA más amplio, complementado con estrategias compensatorias para los hogares mexicanos de menores ingresos.
También se pronunció porque el Ejecutivo impulse la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal, para evaluar la política tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria.
