Hasta el día de su condena, el juicio a Joaquín Guzmán ha sido un tema menor en México. Acostumbrada a fugas y detenciones espectaculares, la sociedad mexicana ha asistido al proceso contra el gran capo con en cierta apatía, consciente quizá de que no era más que un trámite.
Pocas han sido las ocasiones en que el juicio ha alcanzado las portadas, los minutos de oro de los noticieros de radio y televisión. Y siempre cuando las audiencias en Brooklyn terminaban con un bombazo.
El primero fue en noviembre. En su discurso de apertura de juicio, el abogado del narcotraficante, Jeffrey Litchman, acusó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de recibir «millones de dólares en sobornos». Luego, en enero, un testigo de la defensa, Alex Cifuentes, colaborador de Guzmán, declaró que su patrón le había pagado un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto. Tanto uno como otro negaron a través de representantes lo dicho por ambos.
No fueron los únicos. Preparado para testificar, el juez impidió a última hora que el jurado escuchara el testimonio de Jesús Zambada, hermano de Ismael, socio de Guzmán, que implicaba en la recepción de sobornos a dos expresidentes. A lo largo del juicio, diferentes testigos implicaron a altos cargos de varios gobiernos en México, quizá el caso más llamativo fue el de Genaro García Luna, hombre fuerte de Calderón en materia de seguridad durante su mandato, de 2006 a 2012.
Es decir que si bien el juicio a El Chapo era el que importaba en Brooklyn, las acusaciones contra la clase dirigente mexicana resbalaban de las declaraciones de los testigos con cierta frecuencia. Y ni aún causaron demasiado revuelo al sur del río Bravo.
El juicio al jefe de los narcotraficantes de Sinaloa compitió desde el principio con el cambio de guardia en el palacio de Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en julio y no asumió hasta diciembre. Los meses intermedios fueron una larguísima rueda de prensa del nuevo mandatario, acreedor de una amplia mayoría, defensor de un programa rompedor. Mientras Guzmán iba y venía de la cárcel a la sala de audiencias, México discutía la pertinencia de construir un tren en la península de Yucatán, otro en el istmo de Tehuantepec, además de una refinería en Tabasco. Se imponía el estilo López Obrador, que gobernaba antes de ser presidente. Cuando el abogado Lichtman acusó a Calderón y Peña de recibir sobornos, el futuro Gobierno condenaba una de las obras emblemáticas del sexenio que acababa, el nuevo aeropuerto de la capital.
Nadie en México se ha tomado en serio las acusaciones contras los expresidentes. Ni para bien, ni para mal. López Obrador ha dicho que no perseguirá a sus antecesores. El juicio contra El Chapo no parece haber cambiado su postura.
