proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la presunta comisión de delitos electorales y lavado de dinero, el gobierno federal denunciará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR) — con vista al Instituto Nacional Electoral (INE)–, a un grupo de accionistas de dos empresas vinculadas al PRI y a los gobiernos de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó que dicha campaña negra contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a través del documental “El populismo en América Latina” fue orquestada en el proceso electoral 2017-2018 y financiada por la empresa OHL, una de las más favorecidas con contratos de obra en el sexenio pasado, y del PRI mexiquense.
Según el funcionario, el documental fue realizado por las empresas Grupo TV Promo SA de CV y TV Promo SA de CV, de las cuales son accionistas Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, así como sus hermanos Germán Arturo, Carlos, David Alonso, María Elena y Adriana Guadalupe.
Apoyado en láminas digitales, Nieto agregó que Alejandro Jesús es publicista y fue apoderado legal de Telepersonal SA de CV, empresa fundada con la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia SA de CV. Ésta está relacionada con la elaboración de espots y mensajes presidenciales del gobierno federal, mientras que Radar Servicios y Especializados de Mercadotecnia SA de CV, con campañas en favor de Peña Nieto en 2005.
Bufete “fachada”
Santiago Nieto explicó que en abril y julio de 2017, Grupo Tv Promo tuvo ingresos por 47 millones 900 mil pesos, del Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV, cuyos accionistas son Federico y Ariel Berrueto Pruneda, relacionados con el PRI.
De acuerdo con lo investigado por la UIF, dicho bufete hizo operaciones “fuera de su perfil transaccional”. Incluso, comentó que podría tratarse de una “empresa fachada”. Y no fue todo, pues –dijo—fue usado para “desviar recursos de Sedesol entre 2012-2015 y Sedatu 2015-2018”.
Ese Bufete también recibió 186 millones de pesos de OHL México entre 2017 y 2018, además de 2.5 millones en junio de 2017 de la coordinación del proyecto de apoyo a la comunidad del gobierno mexiquense, “sin justificación”.
Luego, aclaró: “la ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara el financiamiento ilícito en campañas, o recursos procedentes de la delincuencia organizada, así como por aportaciones mayores a la ley y cuando existe prohibición legal para que determinadas personas financien una campaña electoral”.
Con estos argumentos, el funcionario aseguró que Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV “fue partícipe de una supuesta guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por Morena en 2017-2018”.
En su turno, el presidente López Obrador reiteró que la denuncia será presentada este mismo jueves y confió en que el fiscal electoral, Agustín Ortiz Pinchetti, actuará “con independencia”. No obstante, reconoció que, si la denuncia deriva en sentencia, las sanciones son tan leves que “causan risa”.
De hecho, Santiago Nieto reconoció que los presuntos responsables podrán seguir su proceso en libertad bajo fianza.
López Obrador reiteró:
“Se acabó la guerra sucia, de financiamiento ilegal, de compra de votos. Se terminó el fraude. Eso es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transformación y que quede establecida, de verdad, la democracia”.
