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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clima de violencia que impera en el país provocó 25 eventos de desplazamiento interno forzado masivos en nueve estados el año pasado; en ellos, 20 mil 390 personas abandonaron sus hogares de emergencia y se sumaron a la amplia lista de víctimas mexicanas de desplazamiento forzado, que se elevaba a por lo menos 329 mil 917 hasta el pasado mes de diciembre.
Esta cifra resulta “sumamente conservadora” porque solo registra los casos en los que comunidades enteras huyeron de sus pueblos, pero no incluye las situaciones de las personas y familias que se desplazaron solas, subrayó José Guevara, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que publicó hoy un informe sobre esta problemática.
Según Guevara, aunque no exista un registro oficial de personas desplazadas internamente de manera forzada, “el gobierno conoce la cifra” –planteó que podría rebasar el millón de personas–, pero no las quiere difundir porque implicaría “reconocer el tamaño del problema y la existencia de un conflicto armado”.
El informe plantea que los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca concentraron prácticamente todos los episodios de desplazamiento masivos registrados en 2017, y Chiapas resultó la entidad donde el fenómeno afectó a la mayor cantidad de personas: seis mil 90; la mayor parte de ellos provenían de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.
Siete de cada diez desplazados reportados en el informe huyeron ante la incursión en sus comunidades de grupos armados organizados –que los atacaron, saquearon los negocios, los amenazaron o practicaron reclutamiento forzado–; la tercera parte tuvo que abandonar sus casas por conflictos territoriales y en un caso, en Zacatecas, el pueblo fue desplazado por un proyecto minero.
Indígenas, la mayoría de desplazados
Además, el 60% de la población desplazada en México el año pasado era indígena, específicamente de las comunidades tzotzil (Chiapas), nahua (Guerrero), rarámuri y tepehuanes (Chihuahua), purépecha (Michoacán) y mixe (Oaxaca).
“No hay un seguimiento claro de lo que les pasa después”, deploró Brenda Pérez, coordinadora del tema de desplazamiento interno forzado en la organización. “En general se quedan en el mismo municipio o en el mismo estado y regresan a sus hogares, pero la experiencia nos permite dar cuenta de unos estados receptores como Querétaro, Aguascalientes y Baja California”.
El caso de Maricela Orozco, defensora de derechos humanos veracruzana, es uno de los miles que el informe no contempló. El 15 de marzo de 2014, un grupo criminal secuestró a su hijo Gersón Quevedo en el municipio de Medellín, Veracruz. La mujer pagó el “rescate” y esperó, en vano. En la misma noche, un hombre, que se decía amigo de la familia, llegó a su casa y aseguró que Gersón se encontraba en una casa de la misma colonia.
Alan y Miguel –el otro hijo y el yerno de Orozco, respectivamente–, acompañaron al hombre hacia esta casa; salieron hombres armados que los acribillaron. Prácticamente en el mismo momento, la hija y la nuera de Orozco fueron perseguidas por hombres armados; lograron refugiarse en la casa de una vecina.
La policía recomendó a Orozco, su esposo y su hija que abandonaran su casa, porque los iban a asesinar. Del día a la mañana, abandonaron su casa, muebles y patrimonio, y al desplazarse se enfrentaron a la ineficiencia y las trabas burocráticas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Llegué en 2014, rogando a la CEAV que me ayudara. Fueron meses de papeles y no logré nada, interpuse un amparo pero no logré nada tampoco: el juez dijo que el DIF era el indicado para el alojamiento, pero el DIF dijo que no tenía espacio. No teníamos casa, ni nada, y la CEAV no nos dio nada de apoyo”, lamentó.
“Urge que el gobierno mexicano reconozca esta problemática. Urge que las instituciones como el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la CEAV incorporen medidas de atención integral y diferenciadas para las víctimas de desplazamiento interno forzado”, exhortó.
El pasado 18 de diciembre, Orozco identificó el cuerpo de su hijo: se encontraba, junto con otros 300 cráneos y 17 mil restos óseos, en la gigantesca “narcofosa” que familiares de desaparecidos hallaron en Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.
La mujer asegura que no dejará de ayudar a las decenas de miles de madres de desaparecidos en buscar a sus hijos.
