proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, el neurocirujano Rodolfo Ondarza denunció amenazas de muerte en su contra tras denunciar un presunto “crimen de lesa humanidad” por cirugía experimental en humanos, práctica que se sigue realizando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
“El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida. Lo grave, así, no es sólo la designación de Miguel Ángel Celis, sino el hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado ni sancionado por las autoridades del país”, aseguró a este semanario en abril pasado.
En la edición 2109 de la revista Proceso, el especialista aseguró que Celis, nuevo director del INNN, uno de los centros más reputados del país, es acusado por colegas y pacientes de participar en un esquema de experimentación médica en el que en los últimos años han sido usados, literalmente, como “conejillos de indias”.
Tras la publicación, Ondarza interpuso una queja en la Dirección General del instituto y la Subdirección de Recursos Humanos porque, dijo, se le ha negado el registro de su asistencia desde el 3 de abril pasado, pese a que ya cuenta con medidas cautelares emitidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Ondarza ha denunciado las consecuencias que han tenido cientos de pacientes con hidrocefalia sometidos a cirugía experimental ilegal con un dispositivo patentado por el dos veces director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, Julio Everardo Sotelo Morales, caso que incluso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, presidida por el obispo Raúl Vera.
También señaló que se trata de 474 pacientes reconocidos por las autoridades de dicho nosocomio, entre otros por Célis López, y que se encuentran incluidos en un informe dirigido por dicha institución a la Comisión Permanente del Senado, luego de puntos de acuerdo subidos a tribuna por la diputada Araceli Damián, la senadora Lorena Cuéllar –de la fracción parlamentaria de Morena–, y del senador Benjamín Robles, del PT.
Y ha sido Ondarza quien ha encabezado esta denuncia a nivel nacional e internacional, un neurocirujano egresado y médico del INNN.
El quejoso, junto con otros médicos, fue despedido de manera injustificada tras realizar la denuncia de crimen de lesa humanidad y tortura médica ante medios de diferentes latitudes hace una década.
En 2012, finalmente un laudo favoreció a Ondarza para su reinstalación, no sin antes tener que embargar al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por su insumisión a la sentencia y negarse a pagarle inicialmente los salarios caídos.
Después, Ondarza sufrió una tentativa de homicidio en marzo de 2017, ratificando en el Ministerio Público la demanda CI-FAO/AO-1/UI-3 S/D/01373/03-2017 contra Sotelo y Célis como presuntos responsables.
Pese a ser beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prosiguió el acoso laboral contra el especialista, acción que finalmente desembocó en un nuevo despido injustificado en noviembre pasado.
A pesar del acuerdo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de enviar visitadores a dicho hospital para verificar las condiciones laborales de Ondarza, y la entrega de una notificación a Célis López, esto no se cumplió, por lo que Ondarza se amparó y demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que esta vez su destitución fue a través del Órgano Interno de Control del INNN.
