Las distintas maternidades en México no sólo enfrentan dificultades para tener servicios básicos, sufren discriminación en casos específicos, como el de las madres buscadoras. Además, en el contexto de la sucesión 2024 ningún aspirante ha expuesto políticas públicas para este sector social.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En México los abusos, ausencias y violencias que sufren las mujeres día con día exponen las carencias que tienen los Poderes del Estado para protegerlas, situación que se agrava si se trata de madres de familia.
Especialistas en derecho analizaron en el foro “Maternidades ante el poder punitivo del Estado” las dificultades que las madres mexicanas enfrentan para tener acceso a vivienda, educación y salud, entre otros servicios básicos, y para proveerlos a quienes dependen económicamente de ellas, como suspadres, esposos, concubinos e hijos.
La magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP); Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, e Irene Spigno, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, coincidieron en que el papel de las mujeres en la sociedad mexicana y latinoamericana es constantemente olvidado por los órganos del Estado.
Vieron con preocupación que, de cara a las elecciones de junio próximo, ningún aspirante presidencial, dos de ellas mujeres, ha mostrado la intención de hacer propuestas de políticas públicas encaminadas a proteger al sector femenino del país.
Alertaron que la agenda común de los candidatos presidenciales apunta al punitivismo, con la defensa de medidas como la prisión preventiva oficiosa, pues esto no acaba con las problemáticas que aquejan a la sociedad y específicamente a las mujeres.
Maternidades en prisión
Taissia Cruz abordó los problemas que viven las mujeres privadas de la libertad y destacó que desde hace 150 años se tiene conocimiento de que las cárceles no están pensadas para las mujeres con hijos, por lo que la pena de prisión no es una medida adecuada cuando se trata de ellas.
“Los componentes de género tienen impactos diferenciados en las mujeres privadas de la libertad, pues a la sanción legal, como consecuencia jurídica del delito, se suma el estigma de la sanción social que para ellas resulta trascendente, en especial cuando tienen a su cargo la responsabilidad primaria de la crianza o de las labores de cuidados de niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”, señaló.
Afirmó que las políticas públicas para combatir la pobreza han sido insuficientes, pues la desigualdad económica, la brecha salarial y la falta de acceso a la seguridad social afectan de manera desproporcionada a las mujeres, pues, según datos de OXFAM Internacional, son ellas quienes asumen entre dos y 10 veces más el trabajo de cuidados no remunerado, así como las tareas del hogar en comparación con los hombres.
Refirió que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 contaba 12 mil 568 mujeres en prisión en México, entre ellas dos mil 326 recluidas en centros penitenciarios ubicados en entidades distintas a su lugar de origen y 5.8% de ellas, con sus hijos viviendo en prisión.
Reconoció que desde la academia se han documentado problemas estructurales en el encarcelamiento de mujeres, pues los centros penitenciarios no visibilizan sus necesidades especiales, no tienen espacios dignos y adecuados para embarazadas, el posparto, la lactancia y la crianza; hay falta de productos de gestión menstrual; falta de protección de los derechos reproductivos de las mujeres en prisión, en particular el de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con la juzgadora, las estadísticas apuntan a que 50% de los hijos de madres en prisión están al cuidado de sus abuelas maternas, mientras que sólo 20% están a cargo de sus padres biológicos.
Citó el informe Mujeres privadas de la libertad en las Américas, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, que señala que el encarcelamiento de mujeres a escala mundial ha crecido en 6.9%, debido, sobre todo, al endurecimiento de las políticas antidrogas y a la falta de enfoque de género en la justicia.
Otros factores identificados por la CIDH sobre qué lleva a una madre de familia o mujer cuidadora a delinquir son la pobreza, el patriarcado, los estereotipos sexistas, la discriminación histórica y la violencia de género.
“El sistema penal claramente se ensaña con las mujeres, los avances legislativos y los focos de carácter institucional siguen planteando más retos que realidades. En tanto no se logre que los enfoques de género e interseccionalidades estén en el centro de la toma de decisiones tanto administrativas como jurisdiccionales, al visibilizar las violencias que ocurren en los casos de madres criminalizadas e identificar las vulnerabilidades que las intersectan, podemos avanzar hacia un sistema punitivo penitenciario con enfoque de derechos humanos en los que la maternidad no sea un factor que agrave la, de por sí presente, violencia institucional; desde mi punto de vista, ninguna madre con niños y adolescentes a su cuidado debería de estar en prisión”, apuntó.
La directora del IFDP refirió que la CIDH hizo énfasis en la carga psicológica adicional que representa para las madres o cuidadoras no poder seguir manteniendo a las personas que dependen de ellas ni poder aportar económicamente ante las escasas y precarias oportunidades laborales que tienen dentro de las prisiones mexicanas, problemática que fue reportada por Proceso en su edición mensual (número 11) y que se evidencia por el incremento de muertes de mujeres dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso 16) CPS Femenil de Morelos, en un periodo de seis meses, que han sido catalogadas como suicidios sin que hasta el momento las autoridades hayan entregado a las familias o sus representantes legales alguna evidencia de que tuvieran algún problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.
En cambio, el IFDP y organizaciones como CEA Justicia han documentado que, dentro de este penal femenil federal, único en su tipo, existen diversas violaciones a los derechos de las internas, incluidas las que murieron en estas condiciones, y malos tratos que llegan a ser considerados como tortura, entre otros.
Maternidad y adicciones
Corina Giacomello analizó las barreras que enfrentan las madres que padecen de una adicción a las drogas, víctimas de diversas formas de discriminación, estigma y autoestigma.
“El uso dependiente de sustancias sí implica una relación de pérdida de control, de pérdida de poder sobre la sustancia y puede comprometer, no en todos los casos, la posibilidad del autocuidado y del cuidado de otras personas”, comentó.
De acuerdo con el trabajo de investigación que ha realizado la profesora en 11 países del mundo, las mujeres en tratamiento contra la adicción a las drogas reconocen que su situación se agrava más por razón de su género.
“De los riesgos identificados de las mujeres que consumen drogas hay dos que se diferencian de los de los hombres: el miedo a perder a los hijos, por lo que prefieren no decir que usan sustancias y, por otro lado, el riesgo a involucrarse en criminalidad y en trabajo sexual”, explicó.
“Son situaciones de mucha vulnerabilidad y violencia y también de mucho autoestigma, autoasco y autodenigración, de considerar que se lo merecen, que eso les pasa, porque eso es lo que ellas valen”.
En el caso de las mexicanas, también se agrega el miedo a ser asesinada o desaparecida.
La especialista indicó que, en la mayoría de los países, incluido México, una constante es que los lugares destinados a albergar o apoyar mujeres víctimas de violencia no dan espacios a aquellas mujeres que consumen drogas.
“Para que una mujer llegue a tocar la puerta de un refugio, ésto hay detrás: décadas de violencia, cantidad de barreras superadas, miedos, conseguir el dinero para llegar al lugar y que una vez que llegue a ese lugar la respuesta institucional sea ‘vete a tratar y luego regresas’; es una violencia simbólica institucional que pone en riesgo la vida de las personas”, reprochó.
Giacomello indicó que en los estudios que ha realizado en México sobre los sitios dedicados a dar tratamiento para las adicciones, los más comunes son los conocidos como “anexos”, lugares que la especialista calificó como terribles por las condiciones en las que viven las personas que van a tratarse ahí e indicó que, afortunadamente, en estos sitios no aceptan a las mujeres con sus hijos.
“Hay que tratar de romper estigmas sobre quiénes tenemos derecho a ser madres y quiénes no, preguntarse qué quiere decir elegir ser madre y si hay maternidades más válidas que otras y la respuesta por supuesto es no, no la hay cuando miramos a las prisiones ni la hay cuando miramos a las mujeres que usan sustancias”, enfatizó.
“Si un día dejamos de ser mamás, el Estado penal se cae, no hay comida en las prisiones, se acaba la atención a hombres que usan sustancias, a mujeres que usan sustancias, se acaba la búsqueda de personas desaparecidas, se cae el país, se cae el mundo y es por eso que la economía del cuidado es un tema que debería de estar en la agenda de aquí en adelante en nuestro país y en la agenda, por supuesto, que nos espera después de junio”.
Madres buscadoras
Irene Spigno detalló las barreras, estereotipos y estigmas que enfrentan las madres buscadoras en México, mismos que son perpetuados por el Estado.
“La mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son mujeres y son mamás que obviamente se enfrentan todas las barreras, estereotipos, perjuicios estigmas que el Estado se encarga de perpetuar”, dijo.
Expuso que, desde el momento en que una madre denuncia la desaparición de su hija joven, las autoridades suelen responder que ‘seguramente se fue con el novio’, pese al contexto de violaciones graves de derechos y de violencia generalizada contra las mujeres; y si la madre denuncia la desaparición de su hijo joven, la respuesta es que seguramente estaba metido en el crimen organizado.
Por ello, la abogada indicó que las fiscalías deben mejorar el trabajo que realizan sobre este tema para dar debido seguimiento a las investigaciones que se inician cuando una persona es víctima de desaparición, pues la situación ha llegado al punto en el que desde la academia los familiares de personas desaparecidas han recibido capacitación para conocer sus derechos y cómo hacerlos valer ante las autoridades.
“Es grave que las víctimas tengan que impulsar y hacer el trabajo que corresponde a las instituciones en materia de desapariciones”, agregó.
Maternidad pese a todo
Gabriela Cruz, mujer de origen oaxaqueño, es uno de los miles de ejemplos de las diferentes barreras que tienen que librar las mujeres que deciden ejercer su maternidad pese a sus propias circunstancias.
Gabriela estuvo presa por delitos contra la salud en la modalidad de transporte, de 2012 a 2019, cuando entró a la cárcel era madre de una niña y un bebé que nació con parálisis cerebral y afirma que por el delito por el que fue procesada “no tenía derecho a casi nada”.
Su historia parece fragmentos de la vida de diferentes mujeres que han sufrido violencia institucional y el repudio social como consecuencia de sus decisiones.
“Me negaron la apelación, me negaron el amparo directo por no haber ‘pensado antes de cometer un delito’”, lamenta.
Gabriela Cruz vivía en una comunidad de Oaxaca en la que se dedicaba a las labores del hogar, trabajo por el que no ganaba mucho.
Era madre soltera y cuando se dio cuenta de que su bebé no sostenía su cabeza, no comía ni se movía se dio cuenta de que necesitaría ayuda.
“Busqué medios de apoyo, medios de ayuda y me fueron negados por ser madre soltera y entonces el único apoyo supuestamente que pude encontrar fue cuando me dijeron ‘transporta algo y yo te pago para que puedas llevar a tu hijo al médico’”, contó.
“Lamentablemente me detuvieron, estuve en prisión, mi hijo quedó al cuidado de mi mamá, pero después de un tiempo ella tuvo una situación similar a la mía y también estuvo en prisión, entonces yo tuve que mantener a mi hijo en prisión conmigo”.
Cuando Gabriela fue procesada su hija mayor ingresó a una casa hogar cristiana ubicada frente al reclusorio donde ella estaba, mientras que su hijo de tres años se quedó a vivir con ella en la celda que compartía con otras seis mujeres y que sólo tenía una cama de concreto de tamaño individual.
“Al principio el director no quería que mi hijo estuviera ahí, pero quien se había quedado con él después de que detuvieron a mi mamá me lo regresó ya muy mal porque no lo podía cuidar adecuadamente ya que por su enfermedad se le tenía que dar de comer en la boca, cambiarle los pañales; como su enfermedad es progresiva se le tenían que hacer varios movimientos en el cuerpo para retrasar el avance”, relató.
“El director me dijo que no quería niños que además ni siquiera había nacido ahí y tenía más de tres años y yo le dije que a menos que él me dijera quién lo iba a cuidar y hacerse cargo de él, yo no iba a dejar que el niño se fuera”.
Este enfrentamiento con el director del reclusorio ocasionó que éste ordenara que su hijo no recibiera atención médica pese a que el niño requería de terapias de rehabilitación a las que Gabriela intentó, por todos los medios, que le permitieran acudir custodiada o con cualquier otra medida de seguridad.
“Mandé escrito al juez donde le decía que estaba arrepentida, pero que mi hijo necesitaba atención y que me pusieran en arraigo domiciliario o alguna alternativa para llevar a mi hijo a sus rehabilitaciones y me respondió: ‘Eso debiste haber pensado antes de estar en la cárcel’.
“Me negaron todas las instancias, mi hijo estuvo conmigo sin buena alimentación, sin atención médica porque ahí si te enfermas, nada más te pueden dar analgésicos y si necesitas otro tipo de atención, tú la tienes que financiar”, detalló.
Dentro de la cárcel las mujeres del penal donde estaba Gabriela no podían recibir cualquier alimento porque las autoridades se cuidaban de que no fueran productos que pudieran fermentarse para hacer bebidas alcohólicas, esta medida también afectaba a las que tenían hijos pequeños ahí dentro.
“De la ropa también estábamos restringidos, no podíamos tapar las puertas; aunque estuviera calando el frío mi hijo se dormía aquí pegado a mí para que no nos fuéramos a caer de la camita”, comentó.
“No podía pasar ningún juguete, carreola, nada, una vez una institución que daba equinoterapias fue a la cárcel y me acerqué a comentarles de mi hijo y me donaron una silla de ruedas, pero el director hizo que esas personas se quedaran afuera esperando porque no les permitía el paso con la silla de ruedas.
“Una de las compañeras tenía el número del secretario de Seguridad Pública y tuve que hablar con él para que dejara pasar la silla porque mi hijo estaba creciendo, yo lo tenía en un portabebé en el que ya no cabía”.
Cuando el reclusorio cambió de director, la situación para los niños que vivían ahí con sus madres cambió, pues les permitieron ingresar frutas que debían consumir en un horario asignado y en un área específica.
“Si tu hijo no tenía hambre, tenías que darle a la fuerza porque era el único momento para darle de comer una fruta”, recordó.
El DIF estatal le ofreció apoyo para su hijo, esto significaba que Gabriela debía dejarlo ir con personal de la institución y volver a verlo hasta que ella recuperara su libertad.
“Fue un momento difícil porque nunca sabes cómo ser madre, no sabes cuál es lo bueno para tu hijo y cuál es lo malo, en mi cabeza pasaron un montón de cosas, pero también ves la situación que está viviendo y digo ‘mi hijo no está preso, yo soy la que está presa, yo soy la que está viviendo en una situación pagando un delito y como no es un preso y necesita la atención, ser libre, que lo lleven al médico’, no sé si hice bien o mal, fueron momentos de confusión, hubo tiempos que no podía ni comer por estar pensando en eso y tomé la decisión de liberar a mi hijo, que él se fuera y yo me quedara ahí, fue cuando nació el insomnio”.
El hijo de Gabriela permaneció cerca de un año en el DIF Oaxaca, pues su madre obtuvo la libertad anticipada de la condena de 10 años que había recibido.
Al salir de la cárcel Gabriela se enfrentó a otras dificultades con las que ella no contaba, la falta de dinero, un lugar donde vivir, alimentos, falta de papeles.
Se tardó un mes en recuperar a su hijo, pero al buscar lugares para vivir fue discriminada por ser madre soltera y por el tipo de delito por el que fue sentenciada, pues la gente de su pueblo tenía miedo de que utilizara los inmuebles como lugar de almacenamiento de drogas o como casa de citas.
“Tuve que irme del pueblo un tiempo para encontrar un lugar donde no me conocieran”, explicó.
Para que sus hijos pudieran ir a la escuela o para conseguir un trabajo, Gabriela debía tener actas de nacimiento e identificación oficial. Sin embargo, cada acta costaba 300 pesos, dinero que no tenía y el Instituto Nacional Electoral (INE) le negaba expedir su identificación porque aún tenía suspendidos sus derechos político-electorales (votar y ser votado).
“Batallé mucho para tener mi identificación, el INE le mandó un oficio al juez de mi caso y éste respondió que yo todavía no era apta para tener INE porque tenía suspendidos mis derechos políticos, así que me fui para las oficinas del Instituto y exigí que me dieran mi identificación sólo para eso, para identificarme, sin derecho a votar y sólo así me la dieron”, relató.
Su mamá obtuvo un cambio de medida y en 2020 se convirtió en la primera mujer indígena en portar un brazalete electrónico.
Aunque el juez ordenó que la renta del dispositivo debía correr a cuenta del Estado, las autoridades lo rechazaron.
Fue la empresa privada la que decidió otorgarlo libre de costo, pero las condiciones del poblado en el que viven provocaron diversos problemas con el dispositivo, pues se enfrentaron a cortes de electricidad o sobrecalentamiento del mismo por las malas instalaciones en las que lo conectaban para cargarlo.
Para evitar sufrir discriminación, la madre de Gabriela tenía que envolver el dispositivo en una venda, lo que causó que cuando se lo quitaron, su pierna quedó reducida.
Actualmente Gabriela intenta seguir con las terapias de su hijo en casa, pues llevarlo a Oaxaca implica pagar entre 800 o mil pesos dos veces por semana, dinero que no tiene.
Sin embargo, la mujer ha utilizado su experiencia para colaborar con EmeEquis Justicia para realizar diversos estudios por los que recibe un pago, aunque éste no es un sueldo constante.
