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No es habitual que desde el poder judicial se cuestione al ejército y menos aún que sea un grupo de mujeres quienes lideren la búsqueda de justicia contra los militares. Una abogada, Karla Quinta, y una juez, Karla Macías, se han sumado a una causa que dirigen sobre el terreno, literalmente con los pies en el barro, un grupo de 30 madres y esposas. Igual que hace 20 años en Ciudad Juárez, otra vez ellas encabezan la lucha.
El pasado 30 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a las “fuerzas federales” mexicanas de estar detrás de casi 30 desapariciones en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo (medio millón de habitantes en el Estado de Tamaulipas, en el noreste). Maridos o hijos que fueron detenidos por los soldados de la Marina entre febrero y mayo y nunca llegaron a casa. Ni siquiera a la cárcel.
Las familias no han dejado de pedir justicia a pesar de enfrentarse a la Marina, el cuerpo de élite del ejército, en un contexto de máxima violencia donde para muchos la presencia militar en las calles logra llevar la tranquilidad a amplias zonas del país. Sin embargo, también se han disparado las denuncias por violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, allí donde los soldados se despliegan.
Algunas versiones señalan que las desapariciones serían la venganza por el asesinato de un mando recién nombrado. Otras las achacan a la guerra contra el narcotráfico, que lleva al ejército a hacer de policía contra el crimen organizado.
Esta es la primera vez que el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH señala tan claramente a las autoridades por sucesos tan concretos. La Marina ha rechazado la acusación y dice que las desapariciones son obra del crimen organizado, que habría usado uniformes clonados, pero los vídeos que los familiares mostraron a EL PAÍS, son evidentes.
Después de muchos meses de travesía por el desierto, las madres y esposas de Nuevo Laredo sienten que algo se mueve porque han obligando a la fiscalía a recoger y analizar pruebas, y al ejército a cumplir las decisiones judiciales. Junto a ellas, la lucha contra los hombres de verde la encabezan dos mujeres con toga y pantalones.
Karla Macías, la juez que apercibió a Peña Nieto.
En el mundo de la judicatura mexicana el nombre de la juez Karla Macías, de 44 años, es conocido por haber firmado una de las pocas condenas al ejército por desaparición forzada. Así que, ante la imposibilidad de hacer una investigación con mínimas garantías en Tamaulipas, Karla Quintana desvió los casos de Nuevo Laredo (vía amparo) al Juzgado de Distrito Noveno de Guanajuato, a casi 1.000 kilómetros de allí, donde cada mañana Macías se pone la toga.
Desde que en junio asumió el caso, el grito ahogado de una treintena de mujeres buscando fosas ha dejado de ser solo un zumbido molesto en el ecosistema violento de México. Sus compañeros de manto negro y pelo blanco han dicho de ella que excede sus competencias, que sobreactua o que hace activismo judicial.
Desde su juzgado de provincias, esta mujer de cuerpo menudo ha exigido a los mandos militares una copia de la bitácora de los operativos que se hicieron cuando desaparecieron las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles y colonias donde se movieron las patrullas, en qué unidades y si tenían sistema GPS. Pero la respuesta nunca llegó.
La juez sancionó con cinco multas de 328 euros cada una al poderoso Secretario de la Marina, Francisco Soberón, por no presentar la información solicitada sobre un presunto caso de desaparición forzada. Una advertencia que se hizo extensible al presidente, Enrique Peña Nieto, como jefe del Ejército.
Los militares acusaron a la juez de no actuar contra el crimen organizado porque “es más fácil sancionar” a quien finalmente “cooperará y aceptará las resoluciones”, según dijo la Marina en un inusual comunicado. El batallón de Nuevo Laredo al que apunta la investigación, ha sido retirado de la ciudad.La fiscalía de atención a víctimas, la comisión mexicana de Derechos Humanos y hasta Naciones Unidas han dado su apoyo a Macías.
El resultado es que la fiscalía logró los registros y la geolocalización de los teléfonos de los desaparecidos de orden de la juez, que declinó hablar con EL PAÍS por temor a que alguna declaración pudiese servir para apartarla del caso.Para saber qué piensa la magistrada es necesario llegar hasta los últimos minutos de un programa televisivo del canal judicial. “Hay que entender el momento histórico que vivimos y la historia nos juzgará por la manera en que decidamos”, dijo en una de sus pocas intervenciones públicas al resumir su labor como juez.
Recorriendo fosas y morgues.
Durante cinco meses Karen, Erika, Gabriela o Jessica eran, en el mejor de los casos, un grupo de 30 esposas y madres desesperadas. Y, en el peor, unas desquiciadas cómplices de maridos supuestamente narcotraficantes. La mayoría de desaparecidos son jóvenes de los que no constan antecedentes. Durante los últimos meses ellas han hecho la investigación, han recogido pruebas, se han manifestado frente a los cuarteles y han viajado hasta las entidades de la Administración cercanas.
Las mitoteras (alborotadoras) recorriendo morgues, hospitales, cárceles o páramos donde no crece nada y el calor llega a los 48 grados, en busca de huesos, ropa, un botón o un montículo que indicara dónde podrían estar enterrados los desaparecidos. Entre los 30 desaparecidos había dos chicos de 14 años, y uno fue hallado semioculto en la tierra.El grupo de mujeres ha vivido el desprecio de las autoridades y la indiferencia de un país endurecido por la violencia. Sin embargo, se han ido uniendo más afectadas y salen en grupo casi a diario, cubiertas con paraguas y pañuelos para protegerse del sol, en busca de sus maridos.
Azeneth Olivo, de 29 años, recuerda como el día más duro aquella tarde que descubrieron dos cuerpos enterrados a las afueras de Nuevo Laredo, pero ninguno era el de su marido.En la frontera de Texas (EE UU), Tamaulipas tiene casi 3,5 millones de habitantes y es el Estado con más desapariciones, un total de 6.000 registradas.
Es también el más silenciado, donde periodistas, migrantes, activistas o tuiteros han sido asesinados, en el marco de la guerra entre y contra el narco de la última década.En la zona del país de la que los mexicanos tienen menos noticias, participar en marchas o salir a buscar hombres enterrados es un acto de valentía desafiante frente al habitual silencio.
Karla Quintana, la lucha desde las instituciones.
México tiene leyes, fiscalías e instituciones pioneras en la lucha contra los feminicidios, la búsqueda de desaparecidos o el asesinato de periodistas. Sin embargo, el sistema agoniza entre la inoperancia y el ninguneo presupuestario. Al frente de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Quintana, de 40 años, tiene el mérito de haber puesto a trabajar a una de estas instituciones poco acostumbradas a molestar al poder. Desde un despacho de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, la abogada empuja este caso “sintomático” por el volumen de víctimas —más de 30 desapariciones—, el tiempo en que se han producido —en solo tres meses— y el lugar —todas en Nuevo Laredo—.
Durante muchas horas ha escuchado las dolorosas declaraciones del grupo de mujeres, ha urgido a la fiscalía a que haga una correcta investigación y ha pedido medidas de protección para los testigos bajo la creencia de que las evidencias apuntan a los soldados desplegados como los autores de las desapariciones.
“Yo no investigo sobre a qué se dedicaban las personas denunciantes. Mi obligación constitucional es defender víctimas de violaciones a los derechos humanos. Punto”, responde tajante, el pasado viernes, a quienes pretenden criminalizar a las víctimas bajo el argumento de que “en algo estarían metidos”, con el que se cierran parte de las investigaciones de los miles de homicidios anuales (30.000 el año pasado). Liderar desde dentro la búsqueda de justicia le ha costado a la abogada la primera advertencia.
“De seguro que tú también recibías dinero defendiendo delincuentes, y aparte de los zetas [miembros de un cartel], ¿quien más te patrocina?”, dice el mensaje que recibió hace unos días por la red social Twitter. A las amenazas con las que debe lidiar se suma el machismo. “Molesta mucho que sea una institución del Estado la que investiga al Estado, pero más que sea una mujer quien lo haga”, afirma Quintana sobre el desprecio de sus colegas cuando exige que se investigue.
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