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Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión. Esto ha hecho a México uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. El 23 de marzo de 2017, Breach fue asesinada a sangre fría afuera de su casa y aunque existe una investigación judicial de su muerte ésta ha dejado cabos sueltos. El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabajan en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), se unieron para develar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.
El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach Velducea esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Disparó ocho tiros que le provocaron heridas en los brazos, la cara, el cuello. Luego, el asesino regresó sobre la banqueta por la que había llegado y se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a pocas cuadras.
La hija mayor de Breach salió de la casa tras escuchar los disparos y los gritos de su hermano. Encontró a su madre inclinada hacia el lado del copiloto, inerte. Llamó una ambulancia, pero antes llegó la policía. Su madre ya había fallecido.
Muy pronto se supo que la víctima era la veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, respetada columnista y exjefa editorial del diario El Norte de Ciudad Juárez; una valiente y sagaz reportera de 54 años que, a pesar de haber recibido amenazas, mantuvo la labor de documentar la narcopolítica, en ese estado al norte de México convulsionado por los enfrentamientos entre grupos armados que crecieron al amparo de los poderes políticos. El ataque, sin duda, fue dirigido, planeado, profesional.
El recién estrenado gobernador, Javier Corral, viejo amigo de Miroslava, prometió que la investigación sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes contra periodistas, una ambiciosa promesa en un país donde 99% de estos casos queda impune. La línea de las pesquisas, dijo dos días después, sería la narcopolítica.
“El crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”, dijo Corral a la revista Proceso.
La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narcopolítica”— y la impunidad con la que éstos operan en la región montañosa del estado. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos (entre columnas y reportajes) en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, y que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora y el sur de dicha entidad. Es un clan familiar que se nombra como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el llamado Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, se encuentran en prisiones de alta seguridad.
Desde el año 1999 ella había publicado notas esporádicas sobre la incursión del grupo en Chihuahua, los retenes que imponía en la sierra, las rutas que abría para el tráfico de marihuana y cocaína, y la protección que recibía de distintas autoridades. En 2015 informó sobre el desplazamiento forzado de las comunidades por la violencia generada por estos criminales, a los que conocía bien pues, al igual que la familia Salazar, ella también era oriunda del pueblo de Chínipas y se había criado al sur de Sonora.
En las elecciones en las que resultó electo Corral, ella, junto a la corresponsal de la revista Proceso, habían logrado descarrilar dos candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que entonces gobernaba al país), pues el mismo día de marzo de 2016 publicaron que eran familiares de narcotraficantes. Específicamente la suegra de Arturo Quintana, apodado El 80, un líder regional del Cártel de Juárez postulada para alcaldesa de Bachíniva; y en Chínipas, Juan Salazar Ochoa,Juanito, sobrino de Adán Salazar, precandidato a la alcaldía.
Esa información detonó las amenazas: Miroslava recibió primero una intimidante advertencia telefónica de un conocido sobre el riesgo que corrían ella y su colega de Proceso. Luego fue la llamada de un funcionario que les pidió con insistencia que revelaran cómo obtuvieron la información. Después, el mensaje llegó a través de un político. Todos con remitente en Chínipas. Colegas y familiares coinciden en que ella informó a Corral sobre la situación semanas antes de que asumiera como gobernador. En ese lapso Miroslava publicó siete notas sobre el tema: la última, un mes antes de su asesinato, señalando cómo el crimen organizado había infiltrado gobiernos y policías municipales en diez municipios, entre ellos, Chínipas.
En estos dos años y cinco meses después del homicidio de Miroslava Breach Velducea el crimen sigue impune y otros 28 periodistas mexicanos han sido asesinados. A raíz de las investigaciones oficiales, actualmente en la cárcel espera su sentencia Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien fue presentado como lugarteniente de Los Salazares en Chínipas y como autor intelectual y orquestador del crimen contra la periodista; en tanto está prófugo su presunto cómplice y hermano de crianza, Wilberth Jaciel Vega Villa, ahijado del capo preso Jesús Alfredo Salazar, quien está pedido en extradición por Estados Unidos. La persona señalada por la Fiscalía estatal como el sicario que disparó los ocho tiros contra la periodista, el sonorense Ramón Andrés Zabala Corral, fue asesinado seis días antes de que El Larry fuera capturado.
Aunque el supuesto orquestador del atentado está preso, el asesino material muerto y el tercer cómplice prófugo, el elemento más importante de la investigación aún queda sin aclarar: si la narcopolítica es la hipótesis del caso, ¿cuál es la relación de los criminales que asesinaron a Miroslava con personajes y grupos políticos? ¿Cuál fue la participación de esos grupos políticos en la planeación y ejecución del atentado contra la periodista? Y, sobre todo, ¿por qué la mataron?
Aunque a primera vista la indagatoria oficial parecía ejemplar y las conclusiones que presentaron al iniciar el juicio contra El Larry basadas en pruebas científicas, la carpeta de investigación con número 19/2017-8019, integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, y continuada desde abril de 2018 por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), del ámbito federal, no puede ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública.
Los expedientes del caso también dejan ver que la relación entre las publicaciones de la periodista y las amenazas que recibió como respuesta no abrieron nuevas líneas de investigación. Los señalamientos que Miroslava hizo en sus notas no se han traducido en preguntas en los interrogatorios a los personajes aludidos.
Se desconoce qué información arrojaron los archivos de la laptop en la que Miroslava trabajaba, así como sus tres teléfonos celulares, tres memorias usb y un disco duro que la familia entregó a la Fiscalía, y que permitían conocer los temas que investigaba. En el expediente sólo se hace un análisis superficial que arroja datos numéricos. Por ejemplo: en 81 archivos tenía la palabra Chínipas.
El Colectivo 23 de Marzo, formado por periodistas que trabajamos en México en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), nació para investigar este crimen que no debe quedar impune. La verdad no se elimina, matando periodistas. Este reportaje está basado en información de fuentes abierta, entrevistas a gente involucrada, seguimiento a la prensa, procesamiento de información oral vertida en la audiencia del juicio y acceso a algunas diligencias ministeriales y declaraciones de testigos, esperando con esto aportemos al debido proceso de este caso.
“El silencio es complicidad”, respondió Miroslava al ser intimidada, y lo repitió cuando le pedían que dejara de investigar. Los periodistas que integramos esta colaboración transnacional no quisimos quedarnos con el silencio de la versión oficial, y en este reportaje planteamos las preguntas que los encargados de procurar justicia han dejado sin responder.
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