CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Desde el sábado 8 Frida Martínez Zamora, quien fue secretaria general de la Policía Federal (PF) bajo la sombra de Miguel Ángel Osorio Chong, enfrenta una orden de detención por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita que implicaron un daño de 2 mil 500 millones de pesos al erario federal.
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Junto con ella, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de detención para otros 18 imputados, todos cercanos al exmandatario hidalguense –quien ahora es el coordinador de la bancada del PRI–, entre ellos Jesús Orta Martínez, antecesor de Martínez Zamora en la PF y quien el viernes 14 interpuso un amparo contra su captura.
Desde 2015 Proceso ha informado sobre los contratos millonarios e irregulares que firmó la abogada hidalguense, quien siempre ostentó el mayor poder entre los 19 exfuncionarios implicados.
Y aun cuando la FGR no ha informado si Osorio Chong también es investigado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó inconsistencias en el patrimonio de él y en el de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo. El 9 de julio último ella solicitó el amparo 620/2020 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, el cual le fue denegado.
En el estado de Hidalgo la relación de Martínez Zamora con los hermanos Miguel Ángel y Luis Eduardo Osorio Chong es pública desde 2004. Ese año Frida fue la encargada de comprobar los gastos de campaña de Miguel Ángel ante el Instituto Estatal Electoral.
Y entre 2005 y 2011, cuando Osorio Chong fue gobernador, la colocó en la Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor del estado de Hidalgo. Más tarde, cuando Osorio Chong llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob), ejerció el control de la PF y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de Martínez Zamora.
Egresada de la Universidad Autónoma de Hidalgo, durante la gestión de Osorio Chong en Hidalgo ella se encargó de la administración del dinero, personal y recursos materiales de la entidad. Y cuando su jefe llegó a la Segob, ella se desempeñó en las áreas más sensibles de seguridad de la dependencia, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la PF.
En mayo de 2014, dos meses después de que Monte Alejandro Rubido García sustituyó a Manuel Mondragón y Kalb en la CNS, Martínez fue designada secretaria general de la PF, cargo que equivale al de oficial mayor, donde se decide sobre los recursos de la corporación; es decir, la administración de los bienes materiales, las licitaciones, adjudicaciones, contrataciones de bienes y servicios, el control de las finanzas y el de los recursos humanos.
El controvertido convenio con Sikorsky
Un año después, el 21 de junio de 2015, la PF fue muy generosa con la firma estadunidense Sikorsky International Operations Inc. al pagarle 8.6 millones de dólares por el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, que no se ajustó a lo estipulado en el convenio.
Martínez Zamora firmó el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015, en su calidad de titular de la PF; así como José Girón Zenil, coordinador de Servicios Generales, quien en el documento se identifica como el titular del área encargada de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios en la PF, y el representante legal de la empresa estadunidense en México, Ricardo Cancino Sánchez, experto en derecho aeronáutico y socio fundador del despacho Cancino Ayuso Abogados.
La PF pagó 8 millones 600 mil dólares a Sikorsky por el mantenimiento de su flota de helicópteros Black Hawk, aunque se había considerado un mínimo de 3 millones 440 mil dólares y pese a las quejas dentro de la propia corporación por el incumplimiento del contrato, como documentó este semanario en julio de 2016 (Proceso 2074).
Esas quejas fueron reportadas a la SFP, pero en mayo de 2016, a unas semanas de la renuncia del entonces titular, Virgilio Andrade, el Órgano Interno de la PF decidió archivar el expediente y avalar el servicio de la compañía con sede en Connecticut.
Este texto fue publicado en la edición 22 85 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.
