CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre 2006 y 2018, Tamaulipas encabezó la lista de los estados con el mayor número de personas imputadas por el delito de robo de hidrocarburos: durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) registró dos mil 918 casos, es decir, 265 personas cada año en promedio.
Tan solo en 2014, la PGR –ahora Fiscalía General de la República (FGR)– registró 991 incidentes en dicha entidad fronteriza, aunque ese año las autoridades solo detuvieron a una de cada cinco personas involucradas –el 18%– y las cuatro restantes salieron libres.
Y no solo esto: de las 316 gasolinerías que Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró en 2017 tras detectar que eran usadas para lavar dinero, 24 se encontraban en Tamaulipas, es decir, un 7.5%.
El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó la actividad de 13 empresas tamaulipecas por la probable operación de recursos de procedencia ilícita, pue no compraron combustible a Pemex entre 2016 y 2017: tres se encontraban en Reynosa y en Matamoros, dos en Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando, y una más en Guerrero.
Al revisar una muestra de permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Apro detectó que varios accionistas de estaciones de servicio incorporadas en Tamaulipas fueron investigados por lavado de dinero o señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.
Abel Briones Ruiz es uno de ellos: Según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el hombre es uno de los integrantes del Cártel del Golfo, e informó en mayo de 2015 que congeló sus activos, entre los cuales se encontraba la gasolinería Combustibles Briones, S. A. de C. V.
La agencia de noticias AP reportó que Abel Briones utilizaba su red de transporte para distribuir cocaína en la frontera suroeste de Estados Unidos.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa consultada en el Registro Público de Comercio (RPC), Briones Ruiz registró Combustibles Briones, S.A. de C.V. en 2009, y declaró entonces que era comerciante. En la asamblea del 2012, se registró una ampliación del capital a 4.3 millones de pesos, lo cual se justificó por la expansión y crecimiento de los negocios de la sociedad.
José Guadalupe Herrera Bustamante, exprocurador de Tamaulipas en la gestión de Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández, también opera una gasolinería en Ciudad Victoria. El notario público fue investigado en 2012 por lavado de dinero y dos de sus hermanos –Ariel y Érick– fueron identificados como integrantes del cártel del Golfo.
Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera también fue investigado en México y Estados Unidos por lavado de dinero durante las gestiones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores en Tamaulipas, así como durante el gobierno de Roberto Borge Ángulo en Quintana Roo.
Tanto en México como en Estados Unidos presuntamente fungió como prestanombres de los exgobernadores tamaulipecos y adquirió propiedades o realizaba negocios con dinero vinculado con el narcotráfico –cártel del Golfo y Zetas–. Es accionista de la empresa Gasolinera Agrónomos, S.A. de C.V.
Wistano Luis Orozco García adquirió acciones de Unión de Gasolineros Las Torres, S. A. de C.V. en 2015. Este personaje fue director de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde fue responsable de los convenios multimillonarios que dicha institución educativa celebró con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga. El dinero público se esfumó en complejos esquemas de empresas fantasmas y simulaciones de servicios, según encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cifras en caída
En la lista de los estados con mayor número de casos por robo de hidrocarburos siguen, después de Tamaulipas, el estado vecino de Veracruz –con 261 casos anuales en promedio– y Sinaloa, con 235 casos anuales, también en promedio. Tamaulipas y Veracruz también figuran entre las entidades con el mayor número de estaciones de servicio: 549 en el primero y 729 en el segundo.
De acuerdo con datos oficiales, la mayor parte de los casos fueron abiertos por delitos relacionados con la sustracción o aprovechamiento de hidrocarburos, castigados con entre tres y 10 años de prisión, y una multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo.
Derivado de la Reforma Energética se generó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia De Hidrocarburos, que reformó y derogó parte de lo que indicaba en el código penal en materia de robo de gasolina.
Dicha ley entró en vigor en enero del 2016. Ese año, el número de casos registrados fue de 600, cuando en los dos años previos se superaron los seis mil 500, y menos del 30% de las personas fueron detenidas. Para los años de 2017 y 2018 sólo hubo reporte de cinco casos o menos.
Según cifras del gobierno federal, el robo de combustible genera pérdidas en el país de 60 mil millones de pesos por año. Además de Tamaulipas, otras entidades donde se registró esa práctica destacan Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y el Estado de México.
Una modificación a la ley, aprobada en abril de 2018, endureció el castigo para la persona que sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores: la pena se incrementó a entre 20 y 30 años de prisión.
Otro de los delitos que registró la PGR fue la “la sustracción o alteración de equipos o instalaciones de la industria petrolera”, castigada con entre tres y diez años de prisión y una multa de entre 200 y mil días de salario mínimo. Hasta 2011, Veracruz y Tabasco registraron el mayor número de incidencias de ese delito.
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